La CPI multa a un yihadista como reparación del patrimonio destruido en Mali

La Corte Penal Internacional (CPI) condenó hoy al yihadista maliense Ahmad al Mahdi al Faqi, alias “Abu Turab”, a pagar 2,7 millones de euros por la destrucción de bienes patrimonio de la humanidad en Tombuctú (Mali), caso por el que ya cumple nueve años en prisión.

La Corte consideró que Al Mahdi ha causado grandes daños a los residentes de Tombuctú, que depende directamente del turismo, y le condenó al pago por daños a los edificios protegidos que destruyó, así como una compensación por las pérdidas económicas sufridas por la población civil.

Los jueces detallaron que Al Mahdi cometió tres tipos de daños: a los edificios históricos y religiosos atacados, pérdidas económicas consecuentes y daños morales.

Por ello, las reparaciones deberán ser, por un lado, colectivas: para “la rehabilitación de los sitios” y para que la comunidad de Tombuctú en su conjunto pueda hacer frente a la pérdida y los daños económicos.

También ordenó reparaciones individuales para aquellos cuyos medios de vida “dependían exclusivamente de los edificios atacados” y cuyos antepasados fueron enterrados en el lugar del ataque.

Asimismo, la Corte recordó que Al Mahdi causó a una “aflicción emocional como resultado del ataque”, que también deberá reparar.

Así, añadió que el extremista podrá incluir medidas simbólicas -como una ceremonia conmemorativa o de perdón- con el objetivo de dar reconocimiento público al daño moral sufrido por la comunidad de Tombuctú y sus integrantes.

El propio Al Mahdi admitió al comienzo del proceso judicial el pasado año su participación activa en la demolición de nueve mausoleos y una mezquita que eran lugar de peregrinación para la población local.

“Todos los cargos contra mí son precisos y correctos. Siento el daño que mis acciones han causado. Lamento lo que he hecho a mi familia, a mi país, a la comunidad internacional en su conjunto”, dijo al inicio del juicio hace un año.

La Corte concluyó hoy que las disculpas de Al Mahdi son “genuinas, categóricas y empáticas” y para que sus víctimas tengan acceso a las mismas, la CPI pidió publicar en la web del Tribunal un extracto del vídeo en el que el yihadista maliense pide perdón.

Los jueces consideraron que Al Mahdi también debe indemnizar al Gobierno maliense y la comunidad internacional, representada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), responsable de los bienes culturales.

Tendrá que hacer frente a una “condena simbólica” y pagar 1 euro a cada una de estas partes también afectadas por los daños provocados al patrimonio de la humanidad.

La Corte se refirió a la mala situación económica del condenado y advirtió de que esta condena de reparaciones es “razonable” y no tiene intención de impedir la rehabilitación de Al Mahdi ni su reintegración en la sociedad.

La cantidad de 2,7 millones de euros tendrá que pagarse a un fondo creado por las víctimas para reparar los daños, y el cálculo, dijo la Corte, se realizó teniendo en cuenta las demandas de reparaciones presentadas por 139 afectados.

La CPI subrayó la importancia del patrimonio cultural y advirtió de que, debido a su propósito y simbolismo, la mayoría de estos bienes son “únicos y de gran valor sentimental”, en este caso para el pueblo maliense y la comunidad internacional.

“Su destrucción lleva un mensaje de terror y desamparo. Se destruye parte de la memoria compartida y la conciencia colectiva de la humanidad, y la hace incapaz de transmitir sus valores y conocimientos a las generaciones futuras”, agregó el tribunal.

El yihadista, tuareg nacido en una localidad a 100 kilómetros de Tombuctú, fue entregado a la CPI por las autoridades de Níger el 25 de septiembre de 2015, tras una orden de detención emitida por la corte contra él días antes.

En enero de 2012 comenzó en Mali un conflicto armado durante el cual la ciudad de Tombuctú estuvo bajo el control de varios grupos terroristas, incluido Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Ansar Al Din.

Imane Rachidi