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Castilla y León abre el proceso de reforma de su Estatuto de Autonomía

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Castilla y León abre el proceso de reforma de su Estatuto de Autonomía

Castilla y León abre el proceso de reforma de su Estatuto de Autonomía

Castilla y León afrontará en los próximos meses, previsiblemente la próxima legislatura, una nueva reforma de su Estatuto de Autonomía que incluirá, entre otros temas, la limitación de mandatos, el establecimiento de un mínimo de gasto social y una limitación del aforamiento de los procuradores.

El portavoz de PP en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado hoy una proposición no de ley que incluye estas propuestas, con lo que los dos grupos mayoritarios están de acuerdo en acometer una reforma estatuto, ya que el PSOE ha hecho lo propio en las últimas semanas.

La propuesta del PP incorpora además la reforma del Reglamento de las Cortes, cambios en la Ley Electoral, medidas de participación ciudadana y transparencia, y reclama al Gobierno central que "acelere al máximo" la tramitación del proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como cuantas iniciativas sean precisas para prevenir o hacer frente a la corrupción".

Fernández Carriedo ha resumido que esta batería de iniciativas, planteadas con el ánimo de buscar el consenso con el resto de grupos parlamentarios, tienen como objetivo "avanzar hacia la regeneración democrática, la austeridad y la lucha contra la corrupción".

Sobre la reforma del Estatuto, la propuesta del PP, coincidente en algunos puntos con la del PSOE, plantea hasta nueve materias: reducción del número de procuradores en las Cortes, limitación del número de consejerías a nueve, fortalecimiento del papel de las corporaciones locales, limitación de legislaturas para la Presidencia de la Junta y de las Cortes y también para los procuradores, que verían limitado su aforamiento.

Además, los últimos tres puntos desgranados por el PP se refieren al establecimiento de un mínimo de gasto social que garantice la calidad de los servicios públicos, elevar a rango estatutario la Red de Protección de las Personas y las Familias más vulnerables e incorporar el derecho de los ciudadanos a participar y acceder a la información pública.

Preguntado por si la limitación de mandatos que propone el PP condiciona la posible candidatura del actual presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, en el cargo desde 2001, Fernández Carriedo ha contestado que "para nada" y ha apelado a que, una vez iniciada la legislatura, no se podría aplicar la norma con carácter retroactivo.

En el caso de la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, el PP propone una reducción del número de procuradores con dedicación exclusiva, la regulación del derecho de acceso a la información, permitir turnos de palabra individuales para procuradores en los debates presupuestarios o de política general, y ampliar el calendario parlamentario -enero y julio-.

El resto de las medidas de esta reforma reglamentaria consisten en la creación de una comisión de peticiones y participación ciudadana, simplificar el control a la Junta, creación de una oficina del ciudadano, transmisión en abierto de las sesiones no declaradas secretas y la rendición de cuentas al inicio y al final del mandato de los procuradores.

Respecto a las propuestas incluidas en materia de transparencia y participación ciudadana, están en su mayoría incluidas ya en el proyecto de ley que sobre estas materias aprobó hace dos semanas la Junta de Castilla y León y que se encuentra en tramitación en las Cortes.

Sobre la reforma de la Ley Electoral, que en principio se abordará la próxima legislatura por la cercanía de las elecciones autonómicas, la propuesta del PP incide en la inclusión de la "obligación de que se celebre al menos un debate electoral por campaña autonómica".

Preguntado por esta medida y si se aplicará en los próximos comicios esté o no aprobada la reforma legal, Fernández Carriedo ha dicho que el PP es "favorable a que se celebre", aunque ha dicho que hay otras partes que deben pronunciarse al respecto.

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