El juez Castro espera el auto que suspendió la imputación de la infanta

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, espera recibir la notificación oficial del auto dictado ayer por la sección segunda de la Audiencia de Palma que dejaba sin efecto la citación de la infanta para declarar como imputada para estudiar si adopta alguna decisión al respecto.

Veinticuatro horas después de que la Audiencia de Palma notificara a las partes la resolución que estimaba parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la citación de doña Cristina, el auto no ha sido trasladado todavía al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).

Aunque dejó sin efecto la citación de la infanta en relación a su presunta cooperación necesaria o complicidad en los delitos supuestamente cometidos por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, el tribunal instó al juez instructor a que reclame a la defensa de Torres todos los correos electrónicos que aporten información relevante a la investigación.

El tribunal pidió a Castro que dé un plazo concreto a Torres para aportarlos y, una vez examinados, se pronuncie “definitivamente sobre el archivo parcial de la investigación respecto de la infanta” por su participación en las actividades relacionadas con el Instituto Nóos.

Según la Audiencia, Torres está obligado a aportar los correos que pretenda utilizar “en su defensa y en perjuicio de otros imputados”, que puedan derivar imputaciones para otros “pero no a su voluntad y cuando caprichosa e interesadamente el venga en gana”.

Sobre el presunto delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, el tribunal suspendió de momento la imputación de doña Cristina y la condicionó a que se aporte más información a la causa porque considera que las indagaciones “no están conclusas y se hallan todavía sometidas a investigación y de las mismas podrían derivarse indicios de delito respecto de la infanta”.

La sala pidió al juez Castro que solicite a la Agencia Tributaria, por escrito o mediante comparecencia de los autores del informe que llevó a la imputación del delito fiscal, que aclare “las incertidumbres y dudas” que suscita y que decida si mantiene o no las imputaciones y “si por ello procede citar en calidad de imputada a la infanta”.

En el auto se señala que la inmobiliaria Aizoon, propiedad al 50 % de Urdangarin y la infanta, recibió ingresos procedentes de instituciones públicas y privadas, y recuerda que después de marzo de 2006, doña Cristina abandonó el Instituto Nóos “se supone que por haber sido alertada desde la Casa Real de las irregularidades existentes en su gestión”.

La infanta “debería saber o conocer, y por eso abandona el instituto Nóos, que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda tanto en el impuesto de sociedades (...) como de la personas físicas y que se ha enriquecido por contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos”, indica el tribunal.

Según los magistrados, el dinero público cobrado de Nóos y el privado de la defraudación a Hacienda y la malversación “no se quedó en la cuenta de Aizoon sino que se destinó a gastos particulares, reformas den la vivienda familiar, ya con posible conocimiento del origen ilícito y delictivo”.

“Esas disposiciones de dinero sucio quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales”, dicen los jueces en el auto, que advierten de la necesidad de aclarar esas “zonas oscuras” del informe de la Agencia Tributaria.