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La Comisión de Ética investigará a tres ministros brasileños citados en el escándalo de Odebrecht

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La Comisión de Ética investigará a tres ministros brasileños citados en el escándalo de Odebrecht

La Comisión de Ética investigará a tres ministros brasileños citados en el escándalo de Odebrecht

La Comisión de Ética Pública de la Presidencia brasileña anunció hoy que investigará a tres de los ocho ministros del Gabinete del presidente Michel Temer citados por los ejecutivos de la constructora Odebrecht en los testimonios en que revelaron una gigantesca red de corrupción en Brasil.

El órgano, de carácter consultivo e integrado por personalidades, informó de que investigará el comportamiento ético de los ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, así como del secretario general de la Presidencia, Wellington Moreira Franco.

La Comisión aclaró que no investigará a los otros cinco ministros de Temer citados por delatores de Odebrecht debido a que las acusaciones se refieren a supuestas irregularidades cometidas cuando no ejercían cargos en el Ejecutivo.

En caso de que la investigación identifique alguna irregularidad, los miembros de la comisión podrán recomendar alguna sanción contra los ministros, desde su destitución hasta una suspensión temporal, pero el jefe de Estado no está obligado a atender la sugerencia.

La comisión fue creada en 1999 para velar por la conducta de los integrantes del Gobierno y analizar posibles conflictos de interés en el servicio público.

Los ocho ministros figuran en la lista de casi un centenar de políticos con fuero privilegiado contra los que la Corte Suprema autorizó la apertura de investigaciones por los delitos que les atribuyen los ejecutivos de la constructora.

Las investigaciones tienen como base las delaciones hechas por 77 exdirectivos de la mayor constructora de Brasil en el marco de un acuerdo conjunto por el que aceptaron colaborar con las investigaciones sobre corruptelas en el país a cambio de reducciones en sus futuras condenas.

Los ejecutivos citaron a decenas de políticos a los que les pagaban sobornos para adjudicarse contratos con diferentes órganos públicos y empresas estatales, y a los que les hicieron donaciones ilegales para sus campañas electorales.

Entre los políticos que serán investigados también figuran casi un centenar de parlamentarios, entre los que se encuentran los actuales presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

Los ejecutivos de Odebrecht también implicaron en irregularidades a 12 de los 27 gobernadores del país y a los cinco expresidentes brasileños vivos: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).

Según los delatores de Odebrecht, Moreira Franco, un importante correligionario y colaborador de Temer, recibió sobornos a cambio de favorecer a la constructora en contratos cuando era ministro de la Secretaría de Aviación Civil en el Gobierno de Rousseff.

Kassab fue acusado por los delatores de haber obtenido ventajas indebidas por los favores que ofreció a Odebrecht cuando era ministro de las Ciudades, igualmente en el Gobierno de Rousseff.

Los delatores acusaron a Padilha de recibir sobornos a cambio de favorecer a la constructora en un contrato para la construcción de una línea del metro en la ciudad de Porto Alegre cuando era ministro de Transportes en el Gobierno de Cardoso.

Los otros ministros, que no serán investigados porque las ilegalidades que se les atribuyen no las cometieron en el ejercicio de cargos ejecutivos son Helder Barbalho, da Integración Nacional; Aloysio Nunes, de Relaciones Exteriores; Blairo Maggi, da Agricultura; Bruno Araújo, de Ciudades, y Marcos Pereira, de Industria, Comercio Exterior y Servicios.

Pese a las acusaciones, Temer ha dicho en varias oportunidades que los mantendrá en los cargos mientras son investigados y sólo los destituirá en caso de que surja una prueba que los incrimine.

De acuerdo con el jefe de Estado, no puede destituir a un funcionario por acusaciones que aún no han sido probadas.

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