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España participa en nuevo grupo de Europol que lucha contra cibercrimen

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España participa en nuevo grupo de Europol que lucha contra cibercrimen

España participa en nuevo grupo de Europol que lucha contra cibercrimen

La Oficina Europea de Policía (Europol) realiza su combate contra los cibercrímenes, un problema de ámbito global y que reporta millonarias ganancias a los delincuentes, a través de un grupo de acción en el que participan once países, incluido España.

Desde principios de septiembre, dos españoles, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía Ignacio Sanjuán, y un comandante de la Guardia Civil forman parte del proyecto J-CAT (Joint Cybercrime Action Task Force) o Grupo de Acción contra el Cibercrimen.

El proyecto se enmarca en la Unidad de lucha contra el Cibercrimen de Europol, conocida como "European Cyber Crime Center" (EC3), y surge como respuesta a las elevadas pérdidas económicas que supone el cibercrimen tanto en Europa o Estados Unidos, así como de la necesidad de cooperación entre países para luchar en materia de delitos informáticos.

"A día de hoy el ciberdelito mueve más dinero que la droga y el tráfico de armas juntos. Hay que tener presente que se trata de "dinero fácil, de ámbito geográfico mundial, con riesgo mínimo y un beneficio máximo", explicó a Efe el comandante de la Guardia Civil que pidió el anonimato por decisión del cuerpo al que pertenece.

Con la creación de este nuevo "grupo operativo de trabajo multinacional, Europol pasa de tener una estructura más analista y estratégica a tener una función más operativa", precisó Sanjuán.

Además de España, en el J-CAT participan unidades policiales especializadas en la investigación de delitos informáticos de países como Estados Unidos (FBI y Servicio Secreto), Reino Unido, Italia Australia, Colombia, Canadá, Holanda, Alemania, Austria y Francia.

"Lo interesante de un grupo operativo como el J-CAT es que miembros de las fuerzas de seguridad de diferentes países que trabajan en un mismo equipo pueden obtener información de otros países en minutos u horas. Cuando en un procedimiento estándar entre países es necesario poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional y la información no es tan fluida", añadió Sanjuán.

En materia de delitos organizados a través de Internet ello se considera imprescindible porque "en el cibercrimen las fronteras no existen. Y además la comunicación puede tener saltos entre dos o más países", explicó el mando de la Guardia Civil.

En La Haya su función consiste en actuar como "oficiales de enlace" y por eso su función es "bidireccional", explicó Sanjuán.

"Somos miembros en activo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestros países, en nuestro caso de España, a los cuales reportamos información, pero a su vez dependemos de las normas Europeas y las propias estructuras de Europol", añadió.

Agregó que desde que J-CAT lleva en funcionamiento ha habido "dos operaciones exitosas" con "detenciones a nivel internacional y aprehensiones de cierta cantidad de información, dispositivos".

La primera operación, a finales de septiembre, desmanteló una organización internacional de origen búlgaro especializada en la clonación de tarjetas mediante "skimming", se detuvieron a 31 personas y hubo 40 registros en España y Bulgaria.

La segunda, en el marco de la operación ONYMOUS, consiguió la detención de una persona en Barcelona por alojar una página en la que ofrecía billetes falsificados a través de la red anónima TOR, en lo que se conoce como la "deep web" o internet profunda.

Para Sanjuán, "estas operaciones probablemente se hubieran desarrollado igual pero el lapso temporal hubiera sido más largo porque aquí estamos coordinados y las órdenes de ejecución son más rápidas y la comunicación mucho más fluida."

El proyecto J-CAT se va a desarrollar en dos fases, una primera piloto que durará 6 meses y otra posterior, con el objetivo principal consolidarse como una plataforma de coordinación de operaciones a nivel internacional contra el cibercrimen.

Para el comandante de la Guardia Civil, el objetivo final del J-CAT es "agilizar las operaciones, obtener un enfoque global de la realidad del cibercrimen y establecer las necesidades que existen a día de hoy como la adaptación de las legislaciones entre países".

Explicó que en temas de delitos informáticos "no existe una sola red de cibercrimen organizado que opere únicamente en un país" de manera que "no podemos hacer una normativa que solo afecte a España, por ejemplo".

"La idea es que después de los 6 meses que dura la prueba piloto, surja una plataforma de colaboración continuada" que permita establecer mecanismos internacionales de cooperación policial y judicial que agilice la investigación de las operaciones, agregó.

Los oficiales españoles coincidieron en que experiencias como ésta, además de la importancia estratégica para el país, refuerzan la cooperación entre los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de que "permiten un intercambio fluido de información necesarios para dinamizar el curso de nuestras operaciones".

María López Fontanals

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