Expresidentes intentan impulsar un diálogo para bajar la crispación en Venezuela

Una comisión integrada por exgobernantes de España, República Dominicana y Panamá con el apoyo de la Unasur, procura impulsar un diálogo entre los actores políticos de Venezuela para intentar bajar los niveles de crispación en el país que además sufre una severa crisis económica y social.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y los exgobernantes de República Dominicana y de Panamá, Leonel Fernández y Martín Torrijos, respectivamente, viajaron a Venezuela a solicitud del Gobierno de Nicolás Maduro para promover un entendimiento entre el oficialismo y la oposición.

Rodríguez Zapatero dijo hoy que, tras las conversaciones iniciadas con el Gobierno de Venezuela y con la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) todos han expresado su “voluntad” de poner en marcha un “diálogo nacional”.

El político español señaló que espera que en un tiempo “razonable” pueda establecerse una agenda concreta para esas conversaciones, aunque prevé que este será “un camino largo, duro y difícil”.

También indicó que en el marco de esta visita ha intentado promover “buenas relaciones” de “respeto” entre Caracas y el Gobierno español que preside Mariano Rajoy.

Fernández, por su parte, dijo que en esta comisión para promover el diálogo a él le corresponderá coordinar un equipo para “reactivar el crecimiento económico” de Venezuela que estará integrado por representantes de la oposición, el gobierno y el sector empresarial, además de “economistas expertos”.

Dijo que este equipo empezará por abordar el tema del desabastecimiento de la productos de primera necesidad, “que es uno de los temas que más preocupa hoy día en esta sociedad” y se tratarán temas como la alta inflación y “cada uno de los indicadores que hoy día expresan desequilibrio macroeconómico”.

Tras estas declaraciones la MUD anunció que estableció sus condiciones para iniciar conversaciones con el Gobierno en el marco de las gestiones que hace esta comisión de expresidentes al tiempo que agradeció a Rodríguez Zapatero por su disposición de ayudar.

Entre esas condiciones destacó que si se quiere promover un “auténtico diálogo nacional” el país debe “hablar” a través del referendo constitucional para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, un mecanismo que la MUD intenta activar actualmente.

La plataforma dijo que para que haya diálogo “serio y útil” era necesario “la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el cese de las causas judiciales originadas en la persecución gubernamental contra la disidencia”.

En el mismo escrito, la MUD manifestó “extrañeza” por lo dicho por el exgobernante dominicano y apuntó que la visión de la alianza sobre lo que sucede en el país en materia económica “difiere radicalmente de lo dicho por Fernández”.

“La destrucción de la economía venezolana” no se puede explicar “sin denunciar el morbo de la corrupción oficial y la existencia de un 'modelo económico' que en vez de generar riqueza se especializa en multiplicar y distribuir pobreza”, dijo la MUD.

Entretanto, el gobernante venezolano dijo que invitó a un grupo de expresidentes “de paz” para que la oposición “respete la Constitución” y para que se inicie un “diálogo de respeto”.

“Le doy las gracias al expresidente Rodríguez Zapatero que estuvo ayer, conversamos hasta las 12.30 de la madrugada (16.30 GMT), hoy se reunió con sectores de la oposición, conversé con él por teléfono y me dijo que se iba muy optimista y yo le dije 'bueno, cuente con todo el apoyo'”, comentó.

En esta misma jornada el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró la “constitucionalidad” del decreto de emergencia económica y estado de excepción que emitió Maduro el viernes pasado y que fue negado este martes por el Parlamento de mayoría opositora.

Se indica en el escrito que la norma entró en vigencia desde que fue dictado el pasado viernes por Maduro “y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume”.

El Supremo “apreció”, además, que el estado de excepción “obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones (...) que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país”.