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El Gobierno asume que Colau podía negar locales para la consulta de la oposición venezolana contra Maduro en julio
“La cesión del uso de locales municipales a asociaciones y entidades ciudadanas para la realización de actividades, en este caso la votación en una consulta popular de ciudadanos venezolanos, se trata de una competencia propia de las Entidades Locales, en concreto del Ayuntamiento de Barcelona”, responde el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del PDeCAT Jordi Xuclà..
El diputado preguntaba al Gobierno qué medidas pensaba adoptar para protestar por la decisión municipal de “entorpecer el derecho a la participación ciudadana” de los venezolanos residentes en la ciudad. En su respuesta, el Ejecutivo desgrana las normas legales que regulan la competencia de los Ayuntamientos sobre locales municipales.
Pero además, señala que el criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es que “en los procesos electorales oficiales convocados por las Autoridades nacionales de otros países”, sean las embajadas --es decir, no el Ministerio de Exteriores español-- las que se dirijan a las Delegaciones de Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos solicitando los espacios o urnas necesarios.
Sin embargo, constata, “la consulta convocada para el pasado 16 de julio no cumplía con ese requisito al no canalizarse a través de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España”.
Aquella consulta fue convocada por la oposición venezolana, tanto en el interior como en el exterior del país, y se celebró apenas dos semanas antes de que tuviesen lugar las elecciones a la Asamblea Constituyente, a las que no se presentaron candidatos opositores. La Asamblea Constituyente no fue reconocida por España ni por sus socios de la UE, que sigue considerando al Parlamento elegido en 2015 como único poder legislativo legítimo.
La oposición dijo haber logrado una participación de 7 millones de personas en la consulta y Maduro aprovechó para acusar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no permitir el referéndum secesionista que entonces estaba en proyecto por parte de la Generalitat de Cataluña y, en cambio, aceptar ésta.
No obstante, lo cierto es que, un día después de la consulta, el ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, evitó comentar su resultado y se limitó a apostar por una solución dialogada y a insistir, como toda la UE entonces, en que las elecciones a la Asamblea Constituyente no debían celebrarse.
