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El Gobierno lleva al Congreso ante el Constitucional por levantar sus vetos

El Gobierno quiere que el Tribunal se pronuncie sobre la decisión de la Mesa de rechazar los vetos del Ejecutivo a dos proposiciones de ley aprobadas por la Cámara

El Ejecutivo ha vetado una veintena de iniciativas aprobadas por el Congreso alegando que implican un incremento del gasto o una disminución de los ingresos

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El Gobierno lleva al Constitucional al Congreso por levantar sus vetos

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez

El Gobierno ha planteado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Congreso por la decisión de la Mesa de la Cámara baja de levantar dos vetos de los veinte que ha puesto el Ejecutivo a diversas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un conflicto referido a los dos vetos que levantó la Mesa sobre el calendario de la Ley de Educación y sobre otra iniciativa acerca de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

El Gobierno justificó el veto a ambas medidas recurriendo al argumento de que tienen consecuencias económicas para el Gobierno. Bajo esta premisa ha vetado ya una veintena de proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, lo que ha generado mucho malestar en la oposición, y la Mesa del Congreso decidió en su momento levantar dos de esos vetos.

Ahora, el Ejecutivo recurre esa decisión de la Mesa porque, según Méndez de Vigo, es necesario "controlar y asegurar el derecho de cualquier gobierno de oponerse a cualquier iniciativa legislativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos".

El Gobierno  ha optado por no solicitar la paralización de ambos acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso, una opción más dura de la que no había precedentes.

Aunque el PP controla con holgura al Tribunal Constitucional, Moncloa era consciente de que forzarlo a paralizar un acuerdo parlamentario abriría un conflicto político y jurídico de consecuencias difíciles de calcular. Fuentes del Ejecutivo habían asegurado a eldiario.es que "las dos opciones estaban sobre la mesa".

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