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El Gobierno pide al Constitucional que frene el acuerdo parlamentario que paraliza la Lomce

Íñigo Méndez de Vigo ha señalado que la medida responde a una decisión parlamentaria que afecta a los Presupuestos.

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El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

El Gobierno ha optado por la opción menos comprometida para paralizar la actividad parlamentaria de la oposición encaminada a tumbar algunas de las leyes más polémicas de la anterior legislatura.

Íñigo Méndez de Vigo ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado presentar dos conflictos de competencias contra el Congreso en el Tribunal Constitucional por no haber parado la tramitación de sendas iniciativas legislativas del PSOE, una de ellas para cerrar el paso a la proposición de ley impulsada por el PSOE para derogar la Lomce y la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores propios con los de empresas subcontratadas.  

Mariano Rajoy tiene la potestad de utilizar a la abogacía del Estado para paralizar una Ley con un recurso enriquecido ante el Constitucional. Sin embargo, el actual momento político de búsqueda de consensos con otros partidos en temas tan sensibles como los Presupuestos o la propia renovación de varios cargos del Alto Tribunal, incluido su presidente, han pesado para que el Gobierno opte por una fórmula menos agresiva como la de recurso simple. De esta manera, Moncloa descarga en el Alto tribunal la decisión de parar las iniciativas legislativas socialistas. 

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que la medida responde a "los derechos constitucionales del Gobierno por los que puede oponerse a cualquier decisión parlamentaria que suponga un a caída de ingresos o aumento del gasto, ya que los presupuestos podrían alterarse".  En el caso concreto de la LOMCE, el Ejecutivo alega que su paralización conllevaría dejar de ingresar casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos. 

El Gobierno lleva pedida la paralización de 18 proposiciones de ley planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría un coste de más de 15.000 millones de euros, según reveló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, según informa EP.

Méndez de Vigo ha encuadrado el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso "dentro de la normalidad, es parte del juego parlamentario", añadiendo que está recogido en la mayoría de las constituciones del mundo. 

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