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El Gobierno dice que "carece de opinión" sobre las actividades empresariales de Aznar en el extranjero

El Gobierno asegura que "carece de opinión" sobre las actividades empresariales del expresidente José María Aznar en el extranjero, si bien señala que, en su calidad de ex jefe de Gobierno, la ley le permite contar con apoyo diplomático en sus viajes.

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El Gobierno dice que "carece de opinión" sobre las actividades empresariales de Aznar en el extranjero

Así responde el Ejecutivo a una serie de preguntas planteadas por los diputados Joan Josep Nuet, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y Joan Baldoví, de Compromís-Equo, al hilo de la información publicada por 'eldiario.es' según la cual Aznar fue contratado en 2010 por una filial del grupo Abengoa para que mediase ante el régimen de Muamar El Gadafi en la adjudicación de cuatro desaladoras a cambio de una comisión del 1% sobre todos los contratos que lograse la empresa en Libia. La guerra civil no permitió cerrar las adjudicaciones pero, según dicho medio, el expresidente del PP legó a cobrar un adelanto de 100.000 euros.

Según Nuet, aquella operación empresarial fue "un turbio negocio" en el que Aznar "usó su cargo de expresidente del Gobierno, remunerado con dinero público, para facilitar contratos de una empresa española con el régimen de Gadafi". En ese contexto, pidió saber la opinión del Gobierno sobre "este tipo de negociaciones".

"El Gobierno carece de opinión sobre las actividades que legalmente puedan desempeñar las empresas privadas y los ciudadanos particulares", se limita a responder ahora el Ejecutivo, según la contestación recogida por Europa Press.

¿TUVO APOYO DIPLOMÁTICO?

Por su parte, Baldoví pidió saber si Aznar solicitó el apoyo de los servicios de representación diplomática en su viaje privado a Libia de septiembre de 2010, en el que se iba a firmar ese contrato entre Abengoa y el régimen de Gadafi, pocos meses antes de que estallara la guerra.

El Gobierno declina dar una respuesta concreta y se limita a señalar con carácter general que, "en cumplimiento estricto del real decreto de 1992 que regula el Estatuto de los Ex Presidentes, norma legal en vigor que se aprobó en un momento político distinto del actual, éstos, cuando se desplazan fuera del territorio nacional, cuentan con el apoyo de los servicios de la representación diplomática española".

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