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Hacienda en Castilla y León obvió la petición de un inspector para investigar a empresas de la trama eólica

La inspección regional ignoró las peticiones reiteradas del inspector que descubrió la trama

Las actuaciones se limitaron a las sociedades eólicas de la constructora Collosa y de la empresa líder de renovables Preneal

El informe que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción recoge un presunto cobro de mordidas de 110 millones de euros, pero la cantidad que pagaron las eléctricas puede ser mucho mayor

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La Delegación de Hacienda en Castilla y León impidió la investigación de una decena de empresas que también forman parte de la llamada Trama Eólica, según ha podido saber eldiario.es. Las presuntas comisiones que pagaron las eléctricas a empresarios de la región, con los que crearon sociedades mixtas para conseguir autorizaciones y montar parques eólicos, supera los 110 millones de euros que recogía el informe de un inspector de Hacienda y que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el inspector de la Agencia Tributaria que detectó el fraude investigaba los impuestos de sociedades de varias empresas que obtuvieron comisiones millonarias tras aliarse con compañías eléctricas para promover parques. Es el caso de Villardefrades Eólica SL, propiedad de un exalto cargo de la Junta de Castilla y León, el director general de Deportes hasta 2003, Andrés Martín de Paz. El inspector de Hacienda pidió al menos en dos ocasiones (12 de junio y 4 de julio de 2014) a sus superiores en la Delegación de la Agencia Tributaria en Castilla Y león que asignase a su equipo la inclusión de Iberdrola Renovables Castilla y León así como otras inspecciones.

Trataba de determinar si el proceso que había seguido Iberdrola con la sociedad de Martín en la "aparente adquisición de las acciones" por 4,2 millones de euros, era "similar al seguido en compras de participaciones empresariales similares realizadas por otros grupos del sector de energías renovables a empresarios de la misma comunidad autónoma.  Algunas de esas sociedades y administradores han sido acusados por la Fiscalía de Valladolid de varios delitos fiscales, cuyas cuotas presuntamente defraudadas, ascienden a varios millones de euros". De ser así, proseguía el escrito del funcionario de la Agencia Tributaria, podría tratarse de "conductas organizadas".

El inspector de Hacienda también pretendía investigar "la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas entre la sociedad Iberdrola Renovables Castilla y León y diversas sociedades controladas, directa o indirectamente, por grandes grupos económicos de Castilla y León". Estos conglomerados empresariales participaban en sociedades dedicadas a la energía eólica, algunas de las cuales se estaban investigando ya: la mencionada Villardefrades Eólica SL, Cronos Global, del exalto cargo de la Junta, Alberto Esgueva, Urban Proyecta y Parqueolid, promotora y constructora del edificio de la Consejería de Economía que actualmente se investiga por sobrecostes, Preneal y Corporación LLorente -Grupo Collosa.

Para justificar la investigación que reclamaba a sus superiores en Castilla y León, el inspector aportó un anexo con un cuadro de "empresas participadas por Iberdrola Renovables Castilla y León y grandes grupos económicos de Castilla y León". Allí aparecían 14 empresas que se aliaron con Iberdrola entre los años 2004 y 2011: las que obtenían la autorización de los parques eólicos. Como ejemplo, Aerocastilla, una sociedad de Grupo Collosa que se une a Iberdrola para crear Grupo Empresarial Inverduero, participada al 60% por Iberdrola y que, una vez conseguidas las autorizaciones, pasa enteramente a manos del gigante eléctrico.

Collosa también usó la sociedad "Productora de Energía de Castilla y León S.A" para incorporarla a Inverduero SAU e Iberdrola SA, y esta última tenía el 90% de las acciones. La familia Arias, propietaria de la fábrica de luminarias Indal, hoy en manos de Philips, también creó con Iberdrola Lharias Participaciones SL, mientras que los Pérez Guitián, de Helios, lo hicieron con Horizontes de Castilla SL.

Los propietarios del Grupo Pascual crearon con la eléctrica Calidad Pascual SA, en la que tenían una participación del 40%. También entró en el negocio la constructora vinculada a la UTE del Hospital de Burgos, la burgalesa Arranz Acinas, que junto al Grupo Antolín constituyó Diversis Energía SL, y que acabó en manos de dos mercantiles de Iberdrola: Iberdrola Renovables Castilla y León e Iberdrola Renovables Energías.

Otra de las constructoras más importantes de Castilla y León, Grupo Zarzuela, aparece en el anexo, junto a Invercalesa, una sociedad del gigante de los servicios, el Grupo Norte. Las dos constituyeron Productora de Energía Eólica SA, junto a Iberdrola, y acabaron vendiendo el 100% a Iberdrola Renovables Castilla y León. El empresario zamorano Marcial Rodríguez, con cargos en una veintena de empresas, también se alió con Iberdrola, a través de la sociedad Salamanca Zamora Mercados 21. En la lista aparecen además la constructora zamorana Arcebansa y el conglomerado burgalés Cropu entre otras.

El inspector de Hacienda pretendía saber quiénes fueron "los verdaderos intervinientes en los protocolos, acuerdos de colaboración, pactos o contratos formalizados" y la contribución que tuvieron Iberdrola y cada una de las sociedades con las que se alió para la obtención de las autorizaciones administrativas, permisos y licencias para la explotación de los distintos parques eólicos "otorgados por la Consejería de Economía previa avocación de competencias".

Además, explicaba que las relaciones societarias no eran "propias de la lógica mercantil". Su informe incluso advertía de que no se trataba de "relaciones empresariales normales" sino de "sociedades vehículo". Y detallaba el procedimiento: Iberdrola solicitaba la autorización de un parque eólico a principio de los años 2000, presentaba el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actuaba como promotora. Los organismos de la Junta firmaban de modo favorable la declaración de impacto ambiental. Después se constituía una nueva sociedad, la denominada "sociedad vehículo", participada en un 80% o 60% por Iberdrola y en un 20% o 40% por uno de esos grupos empresariales de Castilla y León.

En otros casos, la sociedad del grupo Iberdrola, que era la promotora del parque, realizaba una ampliación de capital, que era suscrita, en parte, por la sociedad de los grupos económicos de Castilla y León, hasta alcanzar similares porcentajes. Los cambios en el accionariado se  hicieron en ocasiones antes de la firma de la Declaración de Impacto Ambiental y otras con posterioridad, en algún caso tan sólo un día después, la empresa promotora que estaba participada al 100% por el Grupo Iberdrola solicitaba transmitir la titularidad del parque eólico autorizado con sus instalaciones eléctricas asociadas a favor de la nueva sociedad. La Junta dictaba las órdenes oportunas y autorizaban el cambio de propiedad. Previa avocación de competencias, el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, otorgaba autorización administrativa a la nueva sociedad Y, o bien a la nueva empresa ya participada por el grupo económico.

"Posteriormente, Iberdrola Renovables Castilla y León, aparentemente, adquiere a los grupos económicos las acciones de las que era titular, llegando a trasferir esos importes que multiplican por decenas de veces el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores necesarios para la producción de energía", resume el informe del inspector de la Agencia Tributaria.

La sospecha es que ese fue el procedimiento por el que quien de momento aparece como el principal beneficiario de la trama, Alberto Esgueva, entonces consejero delegado de Excal, la oficina de internacionalización de Castilla y León, llegó a obtener  47 millones de euros. 

La petición del inspector de Hacienda a sus jefes en Castilla y León ofrecía más argumentos para justificar esa investigación fiscal. Su informe relata por ejemplo, cómo en algunas de las comprobaciones que se habían hecho hasta ese momento, el representante de Iberdrola Renovables de Castilla y Léon, Fernando Martínez Riaza, contaba en un escrito "que la propia sociedad ha sido la encargada de gestionar las licencias y autorizaciones administrativas necesarias para el funcionamiento de los parques eólicos titularidad de determinada sociedad, además de ser la encargada de la gestión administrativa económico financiera y social de la mencionada empresa".

A pesar de todo, subraya el inspector que "Iberdrola entregó millones de euros en talones a diversos empresarios de Castilla y León, según dicen las partes por la adquisición de acciones de la sociedad participada conjuntamente, sin que dicha sociedad hubiese instalado un solo aerogenerador". El funcionario de Hacienda concluye que el Grupo Iberdrola no necesitaba asociarse con nadie y que estaba "comprando lo que por el derecho administrativo a él ya le correspondía". "No ha de descartarse la hipótesis de que las transferencias de fondos realizadas entre Iberdrola Renovables de Castilla y León y los grupos económicos de esta comunidad autónoma que participan con ella en las 'sociedades vehículo' no respondan a la naturaleza de auténticos pagos por la compra de acciones, puesto que por propia definición, para pagar hay que deber y, en el presente caso, si se prescinde de las formas, Iberdrola no debería deber nada para obtener el 100% de los megavatios otorgados. Lo contrario carecería, total y absolutamente de lógica económica y empresarial".

En esta petición, fechada a 4 de julio, se hacía constar que faltaba muy poco tiempo para la finalización del plazo de presentación de la declaración del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2009.

El investigador de Hacienda cerró su informe de la trama eólica, de 94 folios el 30 de diciembre de 2014, con la investigación de unas cuantas empresas (no de todas las que incluía el inspector en su solicitud inicial) y un saldo de presuntas comisiones ilegales de 110 millones de euros. El primer paso que siguió fue ponerlo en conocimiento de la delegada especial de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra, que antes había pasado por el puesto de secretaria general de la Consejería de Hacienda de Castilla y León. Era a De la Lastra quien debía dar cuenta a los servicios jurídicos, ante la naturaleza del delito que revelaba, y presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Por razones que no han sido explicadas, el informe se silenció durante meses. El inspector acabó por presentar de nuevo el informe pero haciéndolo pasar antes por registro, la única forma de que quedase rastro informático y no pudiese ser ignorado o extraviado de nuevo. 

La Fiscalía Anticorrupción está a punto de terminar las diligencias informativas del caso. Es el paso previo para la judicialización o el archivo. Durante los últimos dos años, han declarado algunos de los empresarios relacionados con la supuesta trama, así como los exaltos cargos de la Junta de Castilla y León: quien fuera consejero de Economía, Rafael Delgado, y el responsable de la oficina de internacionalización de la Junta, Alberto Esgueva, que recibió los 47,1 millones de Iberdrola, tras vender a la eléctrica la parte de su empresa con la que obtuvo la autorización de molinos de viento. 

La investigación sobre Delgado reveló distintas aportaciones que recibió desde varias sociedades, algunas propiedad de Esgueva, y movimientos desde una sociedad suiza sobre la que se ha pedido una comisión rogatoria a las cuentas de un amigo y desde las de este a Delgado. Además, en los últimos meses el fiscal ha citado a varios jefes de Industria de la Junta de Castilla y León.

Tanto Hacienda como la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León evitaron pronunciarse sobre la trama eólica argumentando que está en marcha una investigación de la fiscalía.

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