Interior refuerza las políticas antiyihadistas en los Presupuestos de 2017

El presupuesto asignado al Ministerio del Interior asciende a 7.912 millones de euros, tan solo ocho millones más que el anterior ejercicio, lo que representa un 0,10 por ciento, con especial atención a las políticas de lucha contra el terrorismo yihadista.

Seguridad Ciudadana, Administración Penitenciaria y Seguridad Vial son las tres principales áreas que agrupan las políticas del departamento, según recoge el apartado de Interior.

De entre todas ellas sobresale la partida de 5.526 millones de euros destinada a las actuaciones de seguridad ciudadana que abarcan la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la inmigración irregular y el terrorismo.

Sobre este último punto, el Ejecutivo pretende impulsar el desarrollo de una estrategia integral de lucha contra el terrorismo que contemple un Plan Integral de Lucha contra la Financiación del Terrorismo Internacional y una estrategia contra atentados y emergencias nucleares, radiológicas, biológicas y químicas (NRBQ).

También impulsará a los servicios antiterroristas del Estado con una dotación eficiente y racional de medios humanos, materiales y tecnológicos; se reforzará la cooperación con los servicios antiterroristas de la Ertzaintza y de los Mossos D'Esquadra; y se desarrollará un plan de protección de infraestructuras críticas y otro de lucha contra la radicalización.

Interior continuará también con el refuerzo policial en las calles e incidirá en la lucha contra la violencia doméstica y la corrupción. También se fomentará el uso de la inteligencia financiera en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En materia legislativa, el Ejecutivo plantea una reforma penal con el fin de combatir los robos, especialmente aquellos cometidos en joyerías y en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La política penitenciaria, el segundo gran eje de actuación de Interior, contará con 1.145 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de los centros penitenciarios, con especial atención a medidas de gestión económica de los recursos disponibles.

Entre éstas sobresalen la racionalización del gasto sanitario y consumo farmacéutico a través de programas de control de inventario farmacéutico, el control de consumo de agua y un plan de medicina a distancia.

Por último, la dotación destinada a las políticas de seguridad vial desciende un 1,9 % hasta los 740 millones de euros, dinero que, entre otras cuestiones, servirá para implantar un nuevo sistema de gestión de las denuncias y sanciones a los ciudadanos.