Miles de dominicanos vuelven a pedir en la calle justicia en caso Odebrecht

Miles de personas salieron hoy a la calle en la norteña provincia de Santiago, la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana, para volver a reclamar que sean sometidos a la Justicia los involucrados en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Esta movilización emuló a la del pasado 22 de enero que congregó a miles de personas en la capital del país en repudio a la corrupción y la impunidad, y, a falta de cifras oficiales o de los organizaciones, muchos de los participan aseguran que la de hoy tuvo un respaldo muy superior.

Estas movilizaciones son organizadas por “Marcha Verde”, un colectivo social que tomó protagonismo una vez se dieron a conocer las primeras informaciones del caso Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras públicas.

La marcha en Santiago, a unos 155 kilómetros al norte de Santo Domingo, fue respaldada por miles de personas de diferentes estratos sociales, políticos de la oposición y conocidas figuras de los medios.

La protesta partió de la Avenida Hermanas Mirabal y recorrió varias calles hasta llegar al emblemático Monumento a los Héroes de la Restauración, donde sus organizadores leyeron un manifiesto en el que reclamaron de las autoridades acciones puntuales para enfrentar la corrupción y la impunidad.

La “Marcha Verde” pidió la suspensión “inmediata” de las operaciones de Odebrecht en el país y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes sobre sus bienes, inversiones y cuentas.

Asimismo, solicitó “un informe auditado de los pagos, contribuciones y aportes realizados por la firma internacional Odebrecht y sus socias locales a favor de las campañas electorales del presidente del país, Danilo Medina, para los periodos electorales 2012 y 2016, y que sea presentado a la nación en un plazo de tres semanas a partir de este requerimiento ciudadano”.

Medina, quien llegó al poder en 2012 y fue reelegido en 2016, ha negado cualquier vinculación con Odebrecht o que esta empresa haya financiado sus campañas electorales.

“Marcha Verde” también pidió la contratación de firmas internacionales “de alta calificación” para auditar los costos de todas las obras ejecutadas “por ese cartel mafioso” para determinar los costes de los sobreprecios.

Igualmente, la instalación de un observatorio “que actúe con total independencia en las investigaciones, acusaciones y defensa del Estado en los procesos judiciales vinculados al caso Odebrecht”.

Por último, reclamó la creación de las fiscalía especial contra la corrupción y el crimen organizado, con autonomía funcional y presupuestaria para asegurar la persecución de los delitos de corrupción (administrativa y privada) y crimen organizado, con integrantes elegidos de manera transparente, sin la intervención del poder ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, Raquel Rivera, portavoz de la Coordinadora de Mujeres del Cibao y del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, dos de las organizaciones que coordinaron la actividad en Santiago, dijo que se trata de “una demostración clara y precisa de lo que el pueblo quiere: que se acabe con la corrupción”.

La Procuraduría General de la República Dominicana ha interrogado a varios legisladores, exlegisladores y exfuncionarios respecto a este escándalo, pero hasta ahora no hay detenidos.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en doce países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana.

La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.

Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en él la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”, lo que no procede en este caso, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.

El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, que asegura no habrá impunidad en este caso, está pendiente de informar el proceso a seguir para la homologación del acuerdo.