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La Oficina Anticorrupción argentina pide embargar domicilio de exministro

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La Oficina Anticorrupción argentina pide embargar domicilio de exministro

La Oficina Anticorrupción argentina pide embargar domicilio de exministro

La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina pidió a la Justicia el embargo del domicilio particular del exministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido, por la causa en la que se investiga el choque ferroviario que dejó 52 muertos en 2012 en Buenos Aires, informaron fuentes oficiales.

La OA, que depende del Ministerio de Justicia, solicitó al juez Claudio Bonadío el embargo de la casa de De Vido en el Club de Chacras "Puerto Panal", en la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Además, pidió que se embarguen los bienes que se encuentren dentro de esta propiedad, siempre que no sean "inembargables en virtud de prescripción legal".

En un comunicado, la OA, que es querellante de la causa, explicó que realizó esta petición dado que, en el momento de prestar declaración, el ex ministro sostuvo que no tenía bienes para responder al embargo de 600 millones de pesos (unos 43 millones de dólares).

La OA ha solicitado estas medidas para evitar que el embargo se transforme "en una medida puramente formal".

Bonadio procesó en mayo pasado a De Vido por "descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, en calidad de coautor y defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta, en calidad de partícipe necesario".

De Vido, ministro de Planificación durante la Presidencia de Néstor Kirchner, de 2003 a 2007, y de Cristina Fernández, de 2007 a 2015, es investigado porque encabezaba la cartera a la que pertenecía el área de Transporte cuando en 2012 un tren se descarriló en la transitada estación porteña de Once, lo que causó la muerte de 51 personas (una de ellas embarazada) y dejó unos 700 heridos.

La Justicia ya condenó en diciembre de 2015 a ocho años de prisión al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (2009-2012) y a su antecesor Ricardo Jaime (2003-2009) por un "delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

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