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El PP impulsa un Registro de Traductores para actuar ante juzgados y policías

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El PP impulsa un Registro de Traductores para actuar ante juzgados y policías

El PP impulsa un Registro de Traductores para actuar ante juzgados y policías

El PP está impulsado la creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes en el que deberán inscribirse todos los profesionales de este sector que intervengan no solo en las diligencias judiciales sino también en las policiales.

El grupo popular ha introducido esta iniciativa en el Senado por medio de una enmienda al proyecto de modificación de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial para transponer las directivas de la Unión Europea de derecho a interpretación y traducción, así como de información en los procesos penales.

Para el PP es preciso añadir en el texto del proyecto que la inscripción en el registró sea requisito necesario para la actuación de estos profesionales no solo ante la Administración de Justicia sino también en las diligencias policiales en las que sea necesaria su presencia.

La iniciativa en tramitación en la Cámara alta prevé que el Gobierno presente en el plazo máximo de un año desde la publicación de esta ley un proyecto de creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales para la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación y cualificación con el fin de elaborar unas listas legales.

Añade que la inscripción en este registro será requisito necesario para la actuación de estos profesionales por designación del juez o de secretario judicial ante la Administración de Justicia y, con la enmienda, se añade también en las diligencias policiales en las que sea necesaria su presencia sin perjuicio de las excepciones que se establezcan.

El PP ha presentado otra enmienda para que las personas sordas y con discapacidad auditiva que son usuarias de prótesis y se comunican en lengua oral cuenten con recursos técnicos y humanos como medios de apoyo que les permitan acceder a la información en igualdad de condiciones como requisito indispensable para garantizar el derecho a un juicio equitativo.

En una tercera enmienda el PP introduce un precepto que establece que el intérprete o traductor designado deberá respetar el carácter confidencial del servicio prestado.

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