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Pedro Sánchez quiere condicionar la financiación pública de los partidos a sus prácticas de democracia interna

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el programa electoral de su partido para las elecciones del próximo 20 de diciembre incluirá una propuesta para vincular la financiación pública de las formaciones políticas con la democracia interna que practiquen en su seno y ha mencionado, en concreto, la celebración de primarias, la limitación de mandatos y las garantías de paridad.

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Pedro Sánchez quiere condicionar la financiación pública de los partidos a sus prácticas de democracia interna

Sánchez ha realizado este anuncio durante su intervención el foro 'La España necesaria', organizado por el diario 'El Mundo', en el que ha reiterado su intención de reformar la Ley de Partidos Políticos para "garantizar la democracia interna" y tener unas formaciones políticas "abiertas y transparentes".

El líder del PSOE se ha mostrado partidario de que los candidatos a la Presidencia del Gobierno central, los autonómicos y los locales sean elegidos por el "voto directo y secreto" de "al menos" los militantes de los partidos pero, ha ido más allá, al vincular la financiación pública de los partidos "no sólo a sus resultados electorales", sino también a sus prácticas de democracia interna.

Asimismo, ha recordado que los socialistas también defienden la supresión de las ayudas públicas a los partidos que incurran en prácticas de financiación ilegal y otras medidas de regeneración democrática para intentar frenar la desafección creciente de los ciudadanos hacía la política.

En su discurso, Sánchez también ha reafirmado su compromiso con la reforma de la Ley Electoral para hacerla más proporcional, avanzar hacia un sistema de "listas desbloqueadas", eliminar el voto rogado para los emigrantes y obligar a las candidaturas 'cremallera', alternando mujeres y hombres en cada uno de los puestos de las listas.

Otra de las ofertas electorales que ha mencionado Sánchez, ha sido la aprobación de una Ley de Participación Institucional que defina y regule el papel de los sindicatos y los empresarios en la formación de las políticas públicas de forma que su implicación en las mismas no quede al "arbitrio" de cada gobierno.

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