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Ruz toma hoy declaración a dos peritos sobre fosas comunes en el Sahara
El juez Pablo Ruz ha citado hoy a dos peritos que elaboraron un informe sobre el hallazgo de dos fosas comunes en Samra (Sahara Occidental), después de ampliar la querella contra ex altos cargos marroquíes supuestamente involucrados en la desaparición y asesinato de saharauis en 1976.
El juez acordó ampliar la querella presentada en 2006 por asociaciones en apoyo al pueblo saharaui basada en el informe “Mehiris: La esperanza posible”, presentado por la asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española.
Este informe lo realizaron los investigadores de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberria y Carlos Martín, que encontraron ocho cadáveres de ciudadanos saharauis (seis adultos y dos menores) presuntamente ejecutados el 12 de febrero de 1976 con armas de fuego, así como documentación, como fue el caso de dos DNI españoles.
El juez cita ahora a estos dos investigadores como testigos a las 11.30 y 12.00 horas, y les solicita que remitan a su juzgado todo el material fotográfico, documental y genético que obtuvieron en la investigación forense.
En el escrito de citación, el magistrado recuerda que este procedimiento se investiga por delitos de genocidio en relación con asesinatos, lesiones y torturas, y acuerda admitir la ampliación “para iniciar la investigación y concreción de hechos y responsabilidades” que en ella se denunciaban.
El informe de la exhumación de las fosas aporta pruebas sobre la identidad de las ocho personas asesinadas.
Carnés de identidad, restos óseos agujereados por proyectiles de fusil militar, exámenes de ADN que establecen correspondencia con familiares o diversos objetos identificativos, son algunas de las pruebas custodiadas por el equipo forense del País Vasco que llevó a cabo la exhumación, según los requerimientos legales.
En 2006, varias asociaciones en apoyo del pueblo saharaui interpusieron ante la Audiencia Nacional una querella por secuestro, tortura y asesinato contra altos mandos militares del ejército de Marruecos por la desaparición de 542 personas desde 1975, bastantes de ellas con nacionalidad española.
Según la denuncia, a partir de ese año, en el que España se retiró del Sahara, Marruecos ocupó el territorio “mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró dieciséis años”, y el Ejército marroquí llevó a cabo “el secuestro, encarcelamiento y desaparición” de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad española, entre 1975 y 1980.
La Audiencia Nacional lleva este caso en virtud al principio de la justicia universal, por el que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional y cuya restricción aprobó ayer el Congreso por los votos del PP.
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