Las acusaciones mueven ficha para evitar que Ruz archive el caso Bárcenas
El juez Ruz tiene ante sí una de las decisiones más trascendentales para la evolución del caso Bárcenas. La acusación representada por el Observatorio DESC ha pedido al magistrado que solicite todos los expedientes de contratación del ministerio de Fomento con una docena de empresas constructoras, señaladas como posibles donantes del PP.
En caso de aceptar la diligencia, Ruz deberá investigar uno a uno cada contrato ordenado por Fomento entre los años 1990 y 2012. El análisis de casi un cuarto de siglo de contratos alejaría, según fuentes jurídicas, el fantasma de que el archivo de la causa de los papeles de Bárcenas esté al caer.
La teoría del archivo se ha extendido cada vez más en círculos políticos. En el ámbito del PSOE han dado por hecho esta semana la posibilidad de un auto de archivo de la causa de los papeles de Bárcenas antes de que termine el año. En ese auto, según fuentes de Ferraz, Ruz sería muy duro en los calificativos de los hechos en Génova 13 pero concluiría que el delito no existe o ya ha prescrito.
Cuando Ruz admitió la querella presentada por IU, lo hizo para investigar un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias. Parece poco probable que el magistrado se niegue ahora a investigar los contratos de las empresas señaladas por Bárcenas como donantes si lo que persigue es el esclarecimiento de la comisión o no de esos delitos.
La diligencia presentada por el Observatorio DESC obligará a Ruz al análisis de los contratos de empresas como OHL, Sacyr o Constructora Hispánica. El pasado 26 de febrero eldiario.es publicó que los contratos con las principales constructoras registraban notables coincidencias con las donaciones que estas compañías realizaban al partido de Rajoy.
En caso de que Ruz admita tramitar la diligencia, sobre su mesa se agolparán contratos de 12 empresas a lo largo de casi 25 años. La cantidad de documentación a analizar sugiere, según fuentes jurídicas, que el caso Bárcenas entraría en una fase de instrucción larga y en la que el magistrado estaría tomando un camino claro: estudiar adjudicaciones y donaciones para aclarar si concurre o no un delito de cohecho y tráfico de influencias.
