Sólo 40 de las 2.700 sentencias de la Justicia española incluyen delitos de malversación
El rechazo creciente en la ciudadanía española a la clase política, el mayor de la democracia según los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), está completamente injustificada a la luz de los datos que constan en otro organismo público, el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero lo que evidencian las cifras de este último instituto es que los mecanismos de control de los que se ha dotado la democracia no funcionan. Así lo consideran algunos expertos juristas consultados por eldiario.es.
Según las cifras del INE, en 2011, sólo 40 de las más de 2.700 sentencias dictadas por los tribunales de justicia españoles incluyen delitos de malversación de caudales públicos, un ilícito penal reservado a los funcionarios y miembros de la Administración que hacen un uso indebido del dinero de los contribuyentes, un 1,48% del total.
Desde la reinstauración de la democracia en España, existen diversas instituciones encargadas de velar por el uso apropiado de los recursos públicos. Los tribunales de cuentas, tanto el del Estado como sus versiones autonómicas, existen a raíz de la aprobación de la Constitución. Otros mecanismos de control ya existían durante el franquismo y su papel se reforzó con la democracia: el Banco de España, con su servicio de inspección, controlaba las cajas de ahorros de fundación pública que dependían de las diputaciones provinciales.
La Agencia Tributaria y sus servicios de inspección también reforzaron su papel.
Una parte importante de la dirección del PP, que gobierna desde diciembre del año pasado, son inspectores de finanzas del Estado.
En 1989 se creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el regulador de las bolsas, que tuvo potestad para supervisar la privatización de todas las empresas del extinto Instituto Nacional de Empresa (INI), buena parte de las cuales, como Telefónica, Repsol, Endesa o Argentaria -integrada ahora en el BBVA-, forman parte del Ibex 35.
Sin embargo, la economía española hizo especialmente vulnerables a la corrupción a los responsables de urbanismo de las corporaciones locales. Y en los primeros intentos de salir de la crisis del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Plan E también puso en manos de los ayuntamientos ingentes cantidades de fondos públicos sin que las instituciones encargadas de combatir la corrupción hayan mostrado demasiado interés en la materia.
Con anterioridad, la “cultura del pelotazo” dominante en la segunda mitad de los 80 y la primera mitad de los 90 generó tal número de casos de corrupción que en 1995 el PSOE y el PP acordaron la creación de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo primer jefe fue Carlos Jiménez Villarejo, que sería sustituido durante el Gobierno de José María Aznar a su jubilación por el actual titular, Antonio Salinas.
Un antiguo miembro de la Fiscalía Anticorrupción, hoy destinado en un juzgado de instrucción ordinario a petición propia afirma: “No hay que olvidar que la fiscalía no es independiente. Es un cuerpo jerárquico subordinado al poder político y que depende en última instancia del fiscal general del Estado y del ministro de Justicia, es decir, del Gobierno”.
Este fiscal añade que “la Fiscalía Anticorrupción se parece muy poco al proyecto inicial, destinado a la persecución de políticos sobornados. Se ha convertido en una fiscalía especial contra el crimen organizado que sólo aparece en cuestiones políticas muy escandalosas, como lo ocurrido en Marbella o la investigación sobre el patrimonio de Jaume Matas, exministro de Aznar y expresidente de Baleares”. Esos precisamente son dos de los casos que generaron sentencias condenatorias en 2011.
Además, según afirma un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, “la cuestión de la responsabilidad civil en el Derecho penal español está muy mal resuelta. Está pensada para imponer penas de prisión a los acusados, pero apenas contempla el resarcimiento de la víctima, que en el caso de los delitos de malversación no es otro que el erario público”.
