El Supremo cita como imputado a Juan José Imbroda (PP) para el 11 de marzo

El Tribunal Supremo ha citado como imputado para el próximo día 11 a las 11.00 horas al presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda (PP), para tomarle declaración en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.

Imbroda se ha prestado a que se le tome declaración voluntaria en esta indagación preliminar, la cual deberá servir para que el instructor de la causa, el magistrado Francisco Monterde, decida si existen indicios de delito y de su posible implicación.

Si así se confirmara, y dado que Imbroda es senador y por tanto aforado ante el Supremo, el juez pediría el suplicatorio al Parlamento para actuar contra él.

El juez de Melilla titular del juzgado número 2 envió al Supremo una exposición razonada ante la aparición de indicios que, a su criterio, implican a Imbroda en la contratación supuestamente irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.

Ante este escrito el Supremo consultó al fiscal, quien informó el pasado mes de octubre a favor de que el alto tribunal abriera causa, porque considera que “hay indicios suficientes” de la posible comisión de un delito de prevaricación “sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales” y porque cree que se debe esclarecer la conducta de Imbroda.

Con el fin de instruir esta causa preliminar el Supremo ha nombrado al ya citado magistrado Francisco Monterde. El resto de la indagación, la parte que no afecta a personas aforadas, seguirá en el juzgado de Melilla en donde se originó el caso.

La exposición razonada del juez, Emilio Lamo de Espinosa, fue enviada en agosto al Supremo a partir de una investigación que apuntaba la posibilidad de que Imbroda hubiera designado a un abogado al margen de los servicios jurídicos públicos y sin seguir los trámites exigidos por la ley para ello.

El caso se inició a partir de una denuncia de una asociación de letrados, en el año 2001, cuando la ciudad autónoma contrató al letrado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas cuya contratación pudo ser ilegal.

El artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación que comete “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” y la castiga con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

El PP le defiende

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha insistido este lunes en defender al presidente de Melilla al señalar que la decisión por la que el Tribunal Supremo le ha llamado a declarar como imputado la tomó “con todos los informes a favor”.

Ha recordado Floriano que se trata de una “imputación administrativa” debida a una decisión que, ha insistido, el presidente de la ciudad autónoma tomó con todos los informes a favor.

Hace dos semanas, cuando se conoció la investigación abierta en el Supremo, Floriano ya señaló que “no todas las imputaciones son iguales” y que el PP por eso estudiaría “caso por caso” antes de decidir sobre las candidaturas.