El Supremo venezolano considera constitucional el decreto de estado de excepción en la frontera

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró hoy constitucional el estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro el viernes pasado alegando una lucha contra la inseguridad y el contrabando en seis municipios del estado de Táchira fronterizos con Colombia.

“La Sala Constitucional del TSJ (...) declaró la constitucionalidad del Decreto número 1.950, dictado por el Primer Mandatario Nacional, Nicolás Maduro Moros, que establece el Estado de Excepción (...) conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, informó la institución en un comunicado sobre la sentencia número 1173 de la sala.

Señaló que Maduro “atendió una situación alarmante y grave” en los seis municipios “a fin de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas”.

Según el comunicado, el TSJ “constató que el Decreto Ley de Estado de Excepción efectivamente cumple con los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad y estricta necesidad exigidos por la Carta Magna y la Ley” para “enfrentar y resolver la grave situación delictiva y de violencia” en esta zona fronteriza.

El comunicado finaliza “reconociendo la valiente acción emprendida por el Ejecutivo Nacional, respaldada por la Asamblea Nacional y ahora por el Poder Judicial” y dando por cumplida la “exigencia constitucional de la intervención de estos tres Poderes Públicos en la declaratoria de estados de excepción”.

La declaración de estado de excepción en 100 kilómetros de los poco más de 2.200 que Venezuela y Colombia comparten ya recibió hace unos días la aprobación por parte del Parlamento.

Este decreto y la deportación de cientos de colombianos que hacían vida en esta zona fronteriza, muchos de ellos calificados como “paramilitares” y “bachaqueros” (contrabandistas) por Maduro, ha levantado las quejas de Colombia y la preocupación de diversos organismos internacionales.

Caracas defiende que muchos de ellos se dedicaban a prácticas delictivas.

La decisión llevó a las cancilleres de ambos países a reunirse el miércoles en la ciudad colombiana de Cartagena (norte) de la que salieron una serie de acuerdos que, sin embargo, no evitaron que la escalada dialéctica continuará y llegara ayer a su punto más alto, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en el otro país.

Desde el cierre fronterizo ordenado por Maduro más de 1.000 colombianos han sido devueltos a su país y más de 4.000 han abandonado Venezuela voluntariamente.