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El TSJC mantiene a Pérez de los Cobos en la coordinación del dispositivo del 1-O

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El TSJC mantiene a Pérez de los Cobos en la coordinación del dispositivo del 1-O

El TSJC mantiene a Pérez de los Cobos en la coordinación del dispositivo del 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener por el momento a Diego Pérez de los Cobos, alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la coordinación del dispositivo policial para impedir el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En un auto, la sección cuarta de la sala contenciosa del TSJC desestima el recurso que la Generalitat presentó ayer para pedir, como medida cautelarísima, que se suspendiera la decisión de que Pérez de los Cobos coordine el dispositivo del 1-O, como ordenó la Fiscalía de Cataluña.

La resolución del TSJC, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, mantiene así la "orden verbal" del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, de ejercer funciones de coordinación en materia de orden público y policía judicial sobre el 1-O, de acuerdo con lo que dispuso el ministerio público.

En su auto, el tribunal declina entrar a enjuiciar "las actuaciones llevadas a cabo por el Fiscal Superior de Cataluña" sobre el 1-O, "que se enmarcan en el ámbito penal" y se centra en la decisión de situar a Pérez de los Cobos al frente del dispositivo policial a partir de un artículo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que establece que, cuando en un determinado servicio concurran distintas policías, serán los mandos de las estatales las que "asuman la dirección".

Según el TSJC, la orden de Pérez de los Cobos se dicta "para dar cumplimiento de la instrucción del Fiscal Superior" y "no puede encuadrarse en un supuesto de nulidad de pleno derecho por incompetencia manifiesta", único supuesto en que, razona el auto, estaría justificada la medida planteada por la Generalitat.

La decisión del TSJC puede recurrirse en un plazo máximo de treinta días ante el Supremo, al que corresponderá resolver sobre el mismo en el caso de que alegue infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea.

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