Torres-Dulce pide un presupuesto claro para modernizar la Fiscalía en España

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reclamado hoy al Gobierno y las autonomías un “presupuesto claro” de inversiones para modernizar la Fiscalía y dotarla de medios suficientes.

En una charla coloquio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los actos de conmemoración del XXV aniversario de los tribunales superiores en España, Torres-Dulce ha asegurado que en este momento no hay una dotación clara para esa modernización en el plano tecnológico ni para una dotación de personal de apoyo.

En este sentido, ha considerado necesario un plan de inversión tecnológica para garantizar la interoperabilidad entre fiscalías en España, pero también para estar conectados con sistemas compatibles con los juzgados, abogados y procuradores.

Ha considerado “deliberada” la existencia de siete sistemas informáticos distintos, que dificulta la comunicación y las actuaciones.

Aunque ha reconocido que se ha gastado mucho en España en los últimos años en modernizar la administración de Justicia, ha concluido que los resultados no han sido buenos.

Torres-Dulce ha recordado que el 95 por ciento de las inversiones tecnológicas en la administración de Justicia en España se destinan al poder judicial, mientras el resto queda para los fiscales.

También ha recordado que en comunidades como Valencia hay medio funcionario por cada fiscal y España es el país que menos invierte en el Ministerio Fiscal de toda Europa.

Además, ha planteado la necesidad de acometer una reforma penal en España que elimine la apertura de juicios para algunas faltas, que ocupan la mayor parte de la actividad de fiscales y jueces pese a su escasa gravedad, y deje la instrucción y la investigación en los procedimientos en manos de los fiscales, de manera que los jueces queden en esta fase del procedimiento para asegurar que se cumplen las garantías de derechos fundamentales.

Incluso ha apuntado que, si el problema para que los fiscales actúen como instructores es su dependencia jerárquica, se podría reducir ese nivel de jerarquía para quienes actúen en estos cometidos.

Sin embargo, ha defendido la necesidad de mantener el principio de jerarquía en la Fiscalía porque “los ciudadanos piden seguridad jurídica y eso requiere una unidad de acción que solo se garantiza con la aplicación de ese principio”.

En su opinión, la aplicación de la jerarquía no puede ni debe perjudicar la autonomía de los fiscales.

De hecho, se ha mostrado contrario a “cualquier involución o injerencia del ejecutivo o el sometimiento a cualquier grupo de presión”.

En todo caso, ha asegurado que los fiscales “no son el brazo ejecutor del Gobierno y ha recordado que la legislación española deja mucha más autonomía a los fiscales de la que tienen en otros países, como Francia, donde incluso es el ministro de Justicia el que ejerce como Fiscal General del Estado.

Sin embargo, ha reclamado también “mayor autonomía administrativa” para los fiscales y ha puesto como ejemplo de las “limitaciones” que les afectan actualmente que ni siquiera tienen acceso al Boletín Oficial del Estado y que él mismo ha tenido que pedir autorización para poder realizar el viaje de hoy a la capital burgalesa para ofrecer una charla invitado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.