El juez archiva el caso Minerval por presunta venta fraudulenta de un fármaco

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha acordado el archivo del llamado caso Minerval, por supuesto fraude en la venta de un anticancerígeno experimental, “al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia”.

En un auto, el juez ha remitido testimonio de las actuaciones a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, por si existen motivos para la incoación de un expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con el producto “Minerval” (ácido 2-hidroxioléico) desde 2004, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El juzgado investigaba esta causa desde febrero, a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra dos catedráticos de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Pablo Escribà y Xavier Busquets, y tres de sus colaboradores por una presunta estafa por distribuir como remedio contra determinados tumores un producto sin autorización comercial.

Según los antecedentes recabados en el auto, Escribá percibió donaciones por el Minerval por 84.915 euros, entre 2004 y 2015.

El juez indica que de la investigación se desprende que la “distribución, comercialización, prescripción y dispensación del producto Minerval a cambio de donaciones” debe atribuirse únicamente a Escribá, que era quien recibía y atendía personalmente a los compradores y tramitaba los pedidos. Añade que “a ninguno de los demás denunciados pueden atribuirse tales acciones”.

El magistrado archiva la causa por considerar que no existe el engaño imprescindible para la existencia de un delito de estafa.

En relación con Escribá, el magistrado señala que “no puede decirse que aprovechara la escasa formación de los compradores de Minerval para generar su confianza y, una vez alcanzada, convencerles para adquirieran el producto”.

Añade que “muchos de los compradores son titulados superiores, alguno de ellos incluso médicos, biólogos, catedráticos, profesores de universidad y personas cercanas al ámbito universitario, que, al decidir la adquisición de Minerval, sabían que se trataba de un producto en fase experimental, no de un medicamento de venta en las farmacias”.

El juez agrega que “no se les aseguró su eficacia curativa”, sino que “se buscaba una alternativa para pacientes sin tratamientos convencionales aplicables que, aun conociendo ellos o sus familiares las anteriores circunstancias, decidieron tomarlo o adquirirlo pues no tenían nada que perder”.

Si bien descarta la estafa, el juez contempla la posibilidad de que puedan haberse cometido “infracciones muy graves” en las disposiciones administrativas que regulan los medicamentos y remite testimonio de las actuaciones a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación en el plazo de 5 días desde su notificación.

La Policía Nacional informó en abril de la detención de dos catedráticos y tres colaboradores por presunta estafa por vender como remedio contra el cáncer un fármaco sin testar por el que habrían ingresado unos 600.000 euros por medio de una fundación sin ánimo de lucro. El rectorado de la UIB suspendió de forma cautelar la actividad docente de los dos catedráticos.