La red china desarticulada estaba “muy bien implantada”, según Fernández Díaz

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacado hoy que la red china que ha sido desmantelada por fraude a la Hacienda Pública estaba “muy bien organizada e implantada” en el país y que su actividad afectaba tanto a la competencia desleal como a la defraudación fiscal.

Fernández Díaz, que este mediodía ha participado en un acto en el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, no ha querido facilitar más detalles de esta operación, que sigue abierta y que se ha saldado, por ahora, con 32 detenciones, 47 imputados y 65 registros.

Se trata de una operación, denominada Snake, que se está llevando a cabo fundamentalmente en Madrid, aunque también en Barcelona y Valencia. La desarrolla la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y la dirige el Juzgado número 7 de Parla (Madrid).

Según ha explicado Fernández Díaz, se trata de una red dedicada al crimen organizado que importaba mercancías “al margen de los circuitos legales” y que servía además de organización pantalla para el blanqueo de capitales de diferentes personas. En total, habría defraudado más de 300 millones de euros.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que se trata de la culminación de unas pesquisas que han durado dos años y que han permitido desmantelar una red que traía de China mercancía falsificada y que blanqueaba sus propios activos y los de otras organizaciones y empresarios, a los que cobraba comisión.

A los detenidos -la mayoría chinos, pero también hay españoles- se les imputa delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

La organización controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales.

Funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid colaboran en la operación, apoyados además por personal de Europol en labores de inteligencia y análisis forense.