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Uno de cada tres frigoríficos en desuso se recicla ilegalmente

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Uno de cada tres frigoríficos en desuso se recicla ilegalmente

Uno de cada tres frigoríficos en desuso se recicla ilegalmente

Uno de cada tres frigoríficos y congeladores dados de baja para su reciclaje durante 2011 en España -alrededor un millón de aparatos- se perdió en chatarrerías ilegales, con el consiguiente impacto ambiental y el perjuicio económico que supone para las empresas del sector.

Es una situación "preocupante" para el sector de tratamiento de residuos, que genera unos 35.000 puestos de trabajo directos con un volumen monetario superior a los diez mil millones de euros (1 % del Producto Interior Bruto), ha explicado en una entrevista con EFEVerde el jefe del área Técnica de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), Nicolás Molina.

En el caso de las plantas de reciclaje de aparatos eléctricos, la inversión realizada en cada una de ellas, unos 10 millones de euros, es difícil de amortizar ante la escasez actual de residuos, asegura Molina.

"Esta situación es consecuencia directa de los robos que se producen en los puntos limpios o en las propias plantas, y de la falta de una gestión correcta de los propios ciudadanos que los abandonan en la calle."

Según sus datos, del millón de aparatos frigoríficos y congeladores que las familias españolas dieron de baja en 2011 para su posterior reciclaje, el 33 %, unas 25.000 toneladas, se perdieron por canales ilegales.

Para Molina, es un problema a nivel internacional en el que "mafias especializadas" realizan asaltos profesionalizados a plantas de residuos para vender los metales robados -especialmente el cobre- en China a través de puertos europeos como Barcelona o Marsella.

Cuando se compra un aparato eléctrico o con pilas, el consumidor paga una tasa para financiar el correcto reciclaje de ese producto, que varía entre los 10 euros de un frigorífico o los 3 de un microondas.

Sin embargo, siete años después de la puesta en vigor del decreto que regula el sistema, hay operadores ilegales que asaltan el punto limpio y "canibalizan un frigorífico", es decir, roban la parte más jugosa del aparato, el compresor, el cual alberga en su interior metales lucrativos como el cobre y metal férrico, detalla Molina.

Desde la Federación argumentan que una mayor y mejor colaboración ciudadana sumada a una estricta aplicación de la ley, para que se juzgue a los "operadores ilegales" por el daño provocado y no por el valor del material robado, ayudaría a que los residuos fuesen gestionados dentro del marco legal establecido.

En 2011 los aparatos eléctricos que se pusieron en el mercado ascendieron a 567 mil toneladas, pero de esa cantidad no todo genera un residuo: cuando el consumidor compra un aparato eléctrico muchas veces no deja otro para reciclar.

Según estimaciones de la Federación, alrededor de un 70 % de los RAEE son gestionados: un 30 % de ellos por los Sistemas de Gestión Integrados (SIG), otro 30 % por gestores autorizados que trabajan según la normativa vigente y un último tercio por gestores ilegales que no dan un tratamiento correcto a los residuos.

La gestión de los residuos que escapan del canal legal conlleva un fraude tanto a la Hacienda pública como a la Seguridad Social ya que la actividad se realiza de forma "sumergida" sin dar de alta a los trabajadores ni pagar las correspondientes contribuciones de impuestos, detalla el gerente de la empresa andaluza de residuos Recilec, Leonardo Díaz Pineda,

En Andalucía, según datos aportados por Recilec, se generan 8 kg habitante/año de RAEE, lo que produce un volumen de 67.392.000 Kg de residuos y en 2011, argumentan, sólo se han gestionado 3 Kg habitante /año, lo que supone un déficit del 62 %.

Desde la empresa de residuos eléctricos Retralec ubicada en la Comunidad de Madrid, explican que la menor cantidad actual de residuos a tratar en su planta de reciclaje reduce los márgenes de beneficio y provoca una disminución en las horas de operación de la planta.

Esta situación, que mejora cuando la administración aplica el plan Renove en los electrodomésticos, lleva implícito menos personal y una mayor contención en el gasto.

Los agentes implicados en el sector coinciden en exigir a las administraciones más "colaboración" ya que en España se tiende a fragmentar mercados, por eso cualquier autorización de gestión en una comunidad autónoma debe ser automáticamente convalidada en el resto.

Asimismo advierten que la legislación actual obliga a los ayuntamientos que tienen más de 5.000 habitantes a que tengan puntos limpios a disposición del ciudadano para reciclar sus aparatos en desuso, cuestión que no se cumple en un alto porcentaje.

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