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El gobierno birmano niega los abusos contra la minoría musulmana rohinyá

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El gobierno birmano niega los abusos contra la minoría musulmana rohinyá

El gobierno birmano niega los abusos contra la minoría musulmana rohinyá

El gobierno birmano negó hoy las denuncias de abusos contra la minoría rohinyá en el operativo de seguridad establecido el mes pasado tras un asalto armado en el oeste del país y acusó a organizaciones extranjeras de falsear los hechos.

En un comunicado, las autoridades afirmaron que la seguridad ha sido restablecida en el norte del estado Rakhine, en la frontera con Bangladesh y donde vive el grueso de los rohinyá, tras el ataque el 9 de octubre contra varios puestos de la policía fronteriza.

Esa zona fue declarada "zona de operaciones" por el Ejército, al que activistas locales acusan de cometer ejecuciones sumarias, violaciones y saqueos contra la población de esta minoría musulmana, y quemar varias de sus aldeas.

El gobierno, en cambio, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y aseguró que varios vecinos desplazados por la violencia han vuelto a sus hogares, según la nota enviada por la Oficina de la Presidencia.

"Estamos aclarando la zona de acuerdo con la ley", indicó el comunicado que lamentó que "organizaciones extranjeras están distorsionando la verdad a través del abuso de la prensa".

La prensa estatal, la única a la que se ha permitido el acceso a la zona, se alineó con el gobierno y calificó como "falsas acusaciones" las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.

Desde el asalto, organizaciones humanitarias y prensa independiente tienen vetado el acceso a la zona, donde al menos una cuarentena de personas ha muerto en el incidente armado y disturbios posteriores, según datos oficiales.

La difusión del comunicado coincide con el segundo y último día de la visita de dos días que una delegación diplomática realiza en la zona afectada y una demanda de la ONU de acceso "sin restricciones" a la ayuda humanitaria, interrumpida desde el asalto.

Según la ONU, unas 150.000 personas se encuentran privadas de acceso a comida o su fuente habitual de ingresos en la zona donde antes del estallido de violencia se diagnosticó malnutrición severa a unos 3.000 niños que dependen de asistencia continúa.

Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine, una minoría que reside en Birmania desde hace siglos, pero cuyos miembros no son reconocidos como ciudadanos birmanos sino como inmigrantes bengalíes.

Unos 120.000 de ellos viven confinados en 67 campos en ese estado y sufren todo tipo de restricciones desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos.

El de los rohinyá es un asunto sensible en la política birmana, condicionada por grupos radicales budistas que llevaron al anterior Ejecutivo a adoptar múltiples medidas discriminatorias contra este colectivo, incluida la privación de movimientos.

El actual gobierno, liderado por la nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, creó en agosto una comisión encabezada por el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, que elaborará un informe con recomendaciones para solucionar el conflicto sectario.

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