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El "juicio del siglo" en Brasil tiene sus primeros culpables

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Juez pide seis años de prisión para el expresidente de la cámara baja de Brasil

Juez pide seis años de prisión para el expresidente de la cámara baja de Brasil

Cinco de los 37 acusados en el "juicio del siglo" en Brasil, como se conoce a una causa por corruptelas denunciadas en 2005, fueron hallados culpables por la amplia mayoría de los miembros del Tribunal Supremo, que hoy dejó casi concluida la primera fase del proceso.

Asimismo, según los diez votos emitidos hasta ahora y a falta de solamente uno, los jueces de la suprema corte declararon inocente del cargo de malversación a Luiz Gushiken, quien era ministro de Información durante el primer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, período en que ocurrieron los hechos que se juzgan.

Cada uno de los jueces puede modificar su voto hasta que el proceso concluya por completo, pero las clarísimas mayorías que se han consolidado respecto a los cinco reos declarados culpables hacen impensable un vuelco en lo que resta del juicio.

El más prominente de estos primeros cinco acusados es el actual diputado Joao Paulo Cunha, miembro del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), quien presidía en la época la Cámara Baja y responde por corrupción pasiva, lavado de dinero y malversación.

Ocho de los once magistrados ya le declararon culpable y el juez César Peluso, quien adelantó hoy su recomendación de sentencia pues se jubila la semana próxima, pidió que sea condenado con seis años de cárcel.

El voto que falta será emitido mañana por el presidente de la corte, Carlos Ayres Britto, quien en los debates ya ha mostrado una clara tendencia a condenar a los cinco reos.

Cunha está acusado de recibir 50.000 reales (hoy unos 25.000 dólares) no declarados y es actualmente candidato a alcalde de la ciudad de Osasco para los comicios municipales que se celebrarán en octubre próximo, aunque en medios políticos se conjeturaba hoy que evalúa renunciar a esa aspiración tras conocer el fallo provisional.

Peluso también indicó las penas que corresponderían a los otros cuatro reos que fueron hallados culpables por los diez magistrados que han votado.

En el caso del publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado articulador de la supuesta red de corrupción, recomendó 16 años de cárcel, mientras que pidió diez años y ocho meses para sus socios Ramón Hollerbach y Cristiano Paz.

Peluso también consideró que el exdirector del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato debe ser castigado con dos años y seis meses de prisión.

Las sentencias firmes serán anunciadas cuando el proceso termine, pero, en la opinión de juristas, las propuestas de Peluso empiezan a señalar el camino para el resto de los jueces, aunque las penas pudieran ser mayores, pues los cinco reos aún responden por otros cargos que serán analizados en las próximas audiencias.

En la primera fase del proceso los magistrados han analizado denuncias de desvíos de dinero público de la Cámara de Diputados y el Banco do Brasil, que habrían servido para alimentar una vasta red de financiación ilegal de campañas electorales y de sobornos a diputados.

Tras el voto del presidente del tribunal sobre estos primeros cinco reos, los magistrados se centrarán en otros aspectos del caso, que tienen como principal acusado al exministro de la Presidencia José Dirceu, quien durante décadas fue uno de los más firmes "escuderos" políticos de Lula.

Según la acusación formulada por la Procuraduría General, entre 2002 y 2005 operó en Brasil el "más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público" que haya sido descubierto, "ideado" y "dirigido" personalmente por Dirceu, quien niega toda responsabilidad en los hechos.

Entre los otros procesados hay miembros del PT y de otras cuatro formaciones de la actual coalición de Gobierno, heredada de Lula por la presidenta Dilma Rousseff.

Son el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP), el Partido Laborista Brasileño (PDT) y el Partido de la República (PR), nacido en 2006 tras la desaparición del Partido Liberal (PL), uno de los más implicados en la trama.

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