El Senado rechaza que la prostitución y los vientres de alquiler sean violencia machista

La Comisión de Igualdad del Senado ha rechazado, con los únicos votos del PP, que el futuro pacto de Estado de violencia machista contemple la prostitución y los vientres de alquiler como una de sus formas, tal y como ha pedido el PSOE y ha apoyado el resto de la oposición.

Lo que sí han ratificado todos los grupos por unanimidad es el informe de la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género aprobado el pasado lunes y que contempla 265 propuestas para plasmar en el pacto de Estado con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros.

También han secundado el voto particular que a última hora de ayer presentaron para proteger a las víctimas inmersas en situaciones de sustracción internacional de menores, como Juana Rivas, la mujer que se encuentra ilocalizable tras haber incumplido la orden judicial de entregar a sus dos hijos al padre.

Sin embargo, el PSOE no ha conseguido el apoyo suficiente para sus nueve votos particulares, con los que pretendía, entre otras cuestiones, que la prostitución, la gestación subrogada o el impago de la pensión alimenticia por parte del maltratador se consideren una forma de violencia machista o permitir a las menores de 16 años abortar sin consentimiento paterno.

Para la senadora socialista Laura Berja, la prostitución debe ser reconocida como una de las maneras más “crueles” de violencia sobre la mujer porque afecta a su salud e integridad, al igual que la “explotación reproductiva” o la “violencia económica y patrimonial”, que las obliga a enfrentarse a largos procesos judiciales para recuperar esos ingresos.

A juicio del PP, único grupo que ha votado en contra de estas propuestas, se trata de cuestiones que deben ser debatidas en otros ámbitos que no sea el del pacto de Estado, ha explicado su portavoz, Severa González.

No obstante, la senadora popular no ha cerrado la puerta a trabajar en ello pero “en otro sitio” para que pueda llegarse a un acuerdo “unánime”.

Tampoco Podemos ha logrado sacar adelante sus cuatro votos particulares, con uno de los cuales aspiraba a crear una ley marco sobre violencias machistas ya que, según María Freixanet, se ha hecho “parcheando” la ley integral de 2004.

Además, este partido pedía incorporar un cálculo del coste de cada una de las medidas adoptadas, incluir la igualdad como asignatura curricular en todas las etapas educativas o ampliar la acreditación de la condición de víctima de esta lacra social.

En todo caso, todos los grupos se han felicitado mutuamente por el acuerdo alcanzado hoy y por la “altura de miras” que han mostrado en estos meses de trabajo, según ha destacado la presidenta de la Comisión, Susana Camarero, que les ha dado su “enhorabuena de corazón” antes de que todos irrumpieran en fuertes aplausos.

Desde Esquerra Republicana, Elisenda Pérez, ha mostrado su deseo de que el informe “sea escuchado” porque dará “un cambio radical” a la lucha contra la violencia machista, al tiempo que ha celebrado haber dejado “fuera de la sala a los partidos” para centrarse en las personas.

María Eugenia Iparraguirre, del PNV, ha definido como un “arcoiris” el texto aprobado porque ha sido una oportunidad para que todos los grupos trabajen en la búsqueda de consensos, “la senda en la que hay que seguir”.

Por su parte, Elisabet Abad (PDeCAT), del Grupo Nacionalista, ha avalado el pacto por “responsabilidad política”, si bien entiende que es “competencia exclusiva” de Cataluña, donde ya se trabaja en un marco de actuación contra la violencia machista.

Mientras, Yaiza Castilla, del Grupo Mixto, ha valorado especialmente los apartados dedicados a la sensibilización y prevención de este problema y las propuestas diseñadas a menores y jóvenes, “los colectivos más vulnerables”.