La extrema lentitud de la justicia india: un atasco de 27 millones de casos

Ashish Kumar vio por última vez a su hermano Vinod el día que fue detenido por un oficial superior de policía de Ludhiana, una ciudad situada al nordeste de la India. Los servicios de inteligencia indios (CBI) nunca encontraron su cuerpo pero sospechan que el policía, Sumedh Singh Saini, es el responsable de su muerte. Un mes después de la desaparición, presentaron cargos contra él. Todo esto sucedió en 1994.

Han pasado 22 años desde que se abrió el expediente y solo tres de los 36 testigos han prestado declaración. De hecho, cuatro testigos ya han fallecido. La madre de Vinod, Amar Kaur, tiene 94 años y prácticamente no puede hablar ni oír. De hecho, parece estar bastante desconectada de la realidad, pero cuando oye el nombre de su hijo exclama “!Insaaf!” que significa justicia.

Kaur, que solía presentarse ante el juez tumbada en una camilla, prestó declaración cuando tenía 86 años; 14 años después de la desaparición de su hijo. En varias ocasiones pidió que le avanzaran la cita judicial, ya que su gran temor era morir antes de esa fecha. Cuando finalmente se presentó ante el juez, este tuvo que bajar del estrado y sentarse a su lado para poder oír el hilo de voz de la mujer. 

Sin embargo, antes de que pudiera terminar su declaración, el juez decidió tomarse un descanso para almorzar. Le dieron una nueva hora para prestar declaración; un mes más tarde. Desde la desaparición de Vinod, Saini ha seguido en el cuerpo de policía y, de hecho, lo han ido promocionando y ahora es el director general de la policía en Punjab.  

En cambio, la familia de Vinod se ha visto obligada a dejar su hogar, desprenderse de su negocio y mudarse a Delhi. Aseguran que han recibido amenazas en numerosas ocasiones y decidieron mudarse para estar seguros y seguir insistiendo para que se investigue el asesinato de Vinod. 

Seis millones de casos con más de un lustro

Lamentablemente no se trata de un caso aislado. Según las últimas estimaciones del gobierno indio, unos 22 millones de casos están pendientes de ser examinados por los tribunales de distrito. De estos, unos seis millones tienen que ver con hechos que sucedieron hace más de cinco años. Por otra parte, los tribunales de segunda instancia tienen en cola unos 4,5 millones de expedientes y el Tribunal Supremo, unos 60.000. El número de casos abiertos ha ido creciendo en las últimas décadas. 

La semana pasada, Tirath Singh Thakur, el presidente del tribunal supremo de la India, se reunió con el primer ministro, Narendra Modi, y se vino abajo al lamentar la pasividad del gobierno frente a la demora judicial. En concreto, señaló que el gobierno no está designando suficientes jueces para que sea posible gestionar la enorme cantidad de expedientes que se han ido acumulando en los juzgados. 

"Algunos políticos del país son el vivo ejemplo de la impunidad que disfrutan algunos delincuentes gracias a la lentitud del sistema: uno de cada tres miembros del parlamento tiene antecedentes penales, la mayoría por casos graves de violaciones, asesinatos y raptos"

En el presupuesto de 2016, el gobierno solo destinó el 0,2% al ministerio de Justicia; una de las proporciones más bajas del mundo. “Los juzgados indios tienen un problema estructural”, señala el hermano pequeño de Vinod, Ashish: “Y mi familia ha sufrido horrores”.  La inmensa cantidad de casos es solo una parte del problema. Si paseas por los pasillos de un tribunal de justicia indio verás las largas colas de ciudadanos que esperan su turno sin que nadie les garantice que llegarán a ver al juez. 

India tiene una de las proporciones más bajas de juez por habitante del mundo; solo 13 jueces por cada millón de personas, en comparación a los 50 jueces por millón de los países desarrollados. La consecuencia es que cada día se celebran decenas de vistas, lo que más tarde conlleva un número considerable de aplazamientos, traspasos de expedientes a otros jueces y un número creciente de personas haciendo cola fuera de la sala de audiencia con la esperanza de que el juez examine su caso.

“Los jueces están sometidos a una presión enorme”, indica Mukul Mudgal, un ex magistrado: “Cada día tienes 30 o 40 audiencias y normalmente necesitas un mínimo de una hora para estudiar el caso. Solía leer la mitad de los expedientes la noche anterior. Es mucho trabajo y es imposible que los jueces puedan leer con atención todos y cada uno de los documentos de los casos que tienen entre manos”. 

En comparación con un abogado, un juez cobra bastante poco y la valía de los magistrados ha ido disminuyendo. Y como si esto fuera poco, los abogados utilizan tácticas dilatorias, como por ejemplo, la presentación sistemática de recursos, o cancelar una audiencia alegando que están enfermos o, simplemente, no presentarse. “Los aplazamientos se dan a voluntad, los testigos no se presentan cuando les toca y nadie parece estar pendiente de la gestión”, indica Harish Narasappa, cuya organización, Daksh, analiza la información disponible referente a las demoras judiciales. 

“Si vas al juzgado y pides un aplazamiento, se limitan a preguntarte cuándo estás disponible y lo cierto es que ni el juzgado ni el abogado tienen ni idea de qué disponibilidad tiene el juez. ¿Qué sentido tiene que acuerden una cita para la semana siguiente si el juez no va a tener el tiempo necesario para atenderlo?”. Narasappa estima que estas demoras comportan unas pérdidas de billones de rupias al país. 

Nueve años por una 'i'

Durante nueve años, el comandante Manjit Rajain tuvo que ausentarse del trabajo un día al mes para lidiar con una demanda en su contra que finalmente fue sobreseída, ya que se trataba de un error administrativo. Cuando se jubiló, decidió montar un negocio y el registro mercantil lo demandó por considerar que había falseado su identidad ya que en los expedientes del ejército constaba como “Rajan”, sin la i, y al registrar la sociedad había escrito su apellido con i.

Rajain explica que se trata de un error sin importancia. Aunque el exmilitar mostró en el juzgado su pasaporte, su acta de nacimiento, su certificado de matrimonio y otros documentos para demostrar que su apellido tenía una “i”, no consiguió que su demanda fuera desestimada hasta nueve años más tarde. “La buena noticia es que me hice amigo de muchos hombres de negocios importantes que también esperaban su turno en el juzgado por causas tan poco importantes como la mía”, explica. 

“El progreso del país depende de un sistema judicial sólido que pueda tomar decisiones sobre contenciosos comerciales de forma rápida y competente”, indica Dushyant Dave, un jurista con experiencia del tribunal supremo que cree que el sistema no ha hecho más que empeorar desde que él empezó a ejercer en 1978.

“Necesitamos atraer capital extranjero para aumentar el capital e innovar. Si no somos capaces de proteger los derechos de propiedad intelectual y si los inversores extranjeros van a tener que lidiar con nuestro sistema judicial durante décadas, evidentemente no se plantearán invertir”. Y va más allá: “En India, más de 700 millones de personas son pobres y esto supone el mayor reto para nuestra democracia. El poder judicial tiene que desempeñar un papel determinante. Lamentablemente, no parece darse cuenta”.

Este bloqueo también ha causado el hacinamiento en las cárceles, ya que el 68% de los reos se encuentran en situación de prisión preventiva. La cifra de reos en algunas cárceles duplica o triplica la capacidad de estos centros. Conseguir la libertad bajo fianza depende de la valía del abogado defensor. 

“En los juicios penales, el proceso es un castigo en sí mismo. Muchos prisioneros que están siendo juzgados terminan cumpliendo la totalidad de una sentencia que puede tardar años en llegar”, explica Alok Prasanna, un analista del Centro Vdhi para Políticas Legales.

Como consecuencia de estos casos interminables, los ciudadanos ya no confían en la justicia. Dos de cada tres casos son penales y no civiles, una buena muestra de que sesenta años después de su independencia, India no tiene un sistema muy distinto del que heredó del Imperio Británico, que abusó del poder judicial para controlar a la población y perseguir a los agitadores y permitió que la mayoría de litigios civiles se resolvieran fuera de los tribunales. 

Juicios tengas y los ganes

“Las partes de un litigio acuden ante un juez con el único propósito de hacer sufrir al otro y hacerle perder el tiempo en el juzgado”, indica Prasanna: “A los que me piden consejo legal siempre les digo que eviten los tribunales, ya que pueden perder o ganar el caso, pero lo que es seguro es que perderán mucho dinero y la cordura”.

Los distintos intentos de reformar el sistema han fracasado. Después de la horrible violación en grupo de una estudiante en Delhi se crearon unos tribunales de “vía rápida” para lidiar con casos de violencia de género. No han conseguido mejorar la situación; el 93% de los casos de violación siguen abiertos, en muchas ocasiones porque cuestiones triviales impiden que el proceso avance.

Asha* fue violada por un grupo de chicos cuando tenía 13 años. Hasta 2013, lo único que estaba intentando decidir el juez es si los chicos tenían que ser juzgados como adultos o como menores. Más tarde, su caso fue trasferido a un tribunal de “vía rápida”. Tuvieron que pasar dos años más para que el hombre que planificó la violación fuera condenado. 

Una amiga de Asha, que no puede ser identificada por motivos legales, afirma que “este trauma le ha robado la infancia. El hombre que orquestó su violación ahora está casado, tiene hijos e incluso se ha postulado a un cargo público. En cambio, nadie va a querer casarse con Asha o con su hermana pequeña”.

El abogado de la joven indica que con toda seguridad el hombre recurrirá la sentencia. “¿Y por qué no lo iba a hacer?”, nos pregunta durante una conversación telefónica: “es el camino más fácil”. 

Las demoras judiciales hacen que el vigilantismo gane posiciones. Se sabe que algunos grupos de defensa de los derechos de las mujeres, como Gulagi Gang o Love Commandos, optan por la venganza en casos de violencia doméstica o los llamados crímenes de “honor”. La corrupción también es endémica. La gente prefiere sobornar a un oficial de policía o a un juez y evitarse pasar por un proceso judicial interminable. 

Mientras tanto, algunos políticos del país son el vivo ejemplo de la impunidad que disfrutan algunos delincuentes gracias a la lentitud del sistema. Uno de cada tres miembros del parlamento del país tiene antecedentes penales, la mayoría por casos graves de violaciones, asesinatos y raptos.

Prasanna indica que en la actualidad los juzgados carecen de los recursos más básicos: “En algunos juzgados, las audiencias se celebran a oscuras porque no hay electricidad. Algunos edificios son viejos y necesitan reformas. Algunos profesionales necesitan formación. Incluso en el caso que les proporciones ordenadores deberás explicarles cómo usarlos”.

Dave considera que el sistema judicial necesita ser reformado por completo. Se deben volver a redactar las leyes. Se debe simplificar el procedimiento. Y es necesario sancionar a aquellos abogados que demoren el proceso sin motivo. “El gobierno no tiene ningún interés en reformar el sistema”, afirma: “los políticos y los burócratas no quieren un poder judicial fuerte”. Mudgal está de acuerdo; cree que él ya no verá esta reforma porque se necesitarán muchos años para impulsarla. 

Mientras tanto, Ashish Kumar sigue luchando por esclarecer la muerte de su hermano: “Creo en este país y creo que algún día se hará justicia. Mi hermano era una gran persona y por este motivo he consagrado mi vida a esta causa. Dios tiene la última palabra”. 

The Guardian contactó con los abogados de Sumedh Singh Saini. Nunca contestaron. 

* The Guardian le ha cambiado el nombre para protegerla. 

Traducción de Emma Reverter