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INTERNACIONAL

Cinco cosas que podría hacer Donald Trump para frenar la epidemia de los opiáceos en EEUU

El Gobierno está listo para declarar un estado de emergencia por la epidemia de opiáceos que corroe todo el país

Muchos de los afectados ni siquiera reciben el tratamiento que indican sus médicos

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Graham Macindoe, autoretrato de una adicción

Una fotografía de Graham Macindoe, de su serie 'Autorretrato de una adicción'.

Se calcula que cada día mueren 142 estadounidenses por sobredosis, por lo que la administración Trump está preparada para declarar un estado de emergencia derivado de la epidemia de opiáceos que azota al país.

Dos tercios de esas muertes se deben a la prescripción médica de analgésicos como el Percocet y el OxyCotin, y también por el consumo de las drogas que se encuentran en la calle como la heroína y el fentanil o fentanilo. El número de recetas de pastillas de opiáceos en EEUU se ha cuadruplicado desde 1999, al igual que el número de muertes por sobredosis causadas por opiáceos. Así lo señala el informe de la  comisión presidencial para combatir la adicción a las drogas y la crisis de los opiáceos publicado en el mes de julio.

"No ha habido ninguna modificación general para paliar la gran cantidad de dolor que los estadounidenses han sufrido durante este periodo", escribió la comisión. Muy pocas personas reciben tratamiento para abordar su adicción.

Estas son las cinco cosas que la  administración Trump podría hacer hoy para reducir la crisis de los opiáceos en EEUU:

Que los agentes de policía lleven naxolona

Se trata de un antídoto que revierte el efecto de una sobredosis causada por opiáceos y salva vidas. Los expertos creen que obligar a las fuerzas de seguridad a portarlo debería ser el principal impulso en un momento en el que el acceso a la medicación está dramáticamente en expansión. Los farmacéuticos también deberían estar autorizados a dispensar naxolona –a menudo etiquetado como Narcan o Evzio– a pacientes en riesgo, y familiares y amigos al tanto del problema. Asimismo, debería ser recetado junto a opiáceos de alto riesgo.

Los expertos quieren animar a los estados a tener una "ley del Buen Samaritano" que evite que se procese a aquellos que buscan naxolona. Al declarar una emergencia nacional –tal y como recomiendan los informes– el gobierno queda capacitado para bajar el precio de la naxolona en diferentes circunstancias, que a menudo cuesta mucho más de su precio real.

Ampliar los tratamientos con medicamentos

Utilizar la metadona y la buprenorfina como medicación controlada para aquellos que quieren dejar la heroína o los analgésicos narcóticos es controvertido puesto que también son opiáceos, aunque están diseñados para reducir el mono y evitar subidones peligrosos. Pero la comisión dice que  los tratamientos con medicamentos "reducen las muertes por sobredosis, retienen a las personas que están recibiendo tratamiento, reduce el consumo de heroína, reduce el número de recaídas y previene la propagación de enfermedades infecciosas".

Solo alrededor del 10% de las instalaciones en EEUU proporcionan tratamientos con medicamentos para abordar los problemas de drogadicción. El gobierno federal puede proporcionar incentivos y financiación para ampliar el uso y solicitar que los estados proporcionen estos tratamientos al abrigo del Medicare y el Medicaid, los programas de ayuda sanitaria públicos para las personas mayores y de menos recursos. El tratamiento psicológico y las terapias conductuales deben ir de la mano según los expertos.

Se triplican las muertes por opiáceos en EE.UU. durante la última década

Se triplican las muertes por opiáceos en EE.UU. durante la última década EFE

Nuevos cursos sobre opiáceos para médicos y dentistas

Las agencias federales informan de que cuatro de cada cinco nuevos consumidores de heroína comienzan a utilizarla al abusar de analgésicos con recetas. La Ley de Sustancias Controladas puede ser modificada para exigir a todos los médicos con licencia para prescribir medicamentos que asistan a un curso para prevenir la adicción y para dar el tratamiento apropiado al tipo de dolor.

Los doctores y los dentistas tienen que volver a ser 'entrenados' para que conozcan los peligros que supone recetar opiáceos como las pastillas de Percocet y de OxyCotin, aseguran los expertos. Los programas para médicos y para estudiantes deben mostrar la eficacia de los diferentes medicamentos en diferentes situaciones de dolor, como por ejemplo el dolor agudo después de una operación o el dolor crónico. De esta manera se conseguirá que los especialistas sean menos susceptibles al poder del marketing y a la presión de las farmacéuticas.

Medicaid para los pacientes hospitalizados por drogodependencia

Declarar la crisis de opiáceos una emergencia nacional permitiría esquivar las normas que actualmente obligan a los estados a pagar por la atención de las personas de bajos ingresos que son tratadas por su dependencia a las drogas en instalaciones no hospitalarias con más de 16 camas. La Ley de Seguridad Nacional prohíbe el reembolso federal para pacientes con enfermedades mentales en ese tipo de instalaciones, incluso aquellos que sufren adicciones y abstinencia de opiáceos, o que podrían ser candidatos para otro tipo de cuidados médicos en el programa Medicaid.

La comisión presidencial especial destacó que los gobernadores de cada estado, proveedores del tratamiento, grupos de apoyo y familias informaron de que muchos están siendo privados de los servicios de hospitalización por dependencia por culpa de la restricción de Medicaid. Revocar eso no necesitaría legislación y "es la única forma de que el tratamiento llegue a todo el país de forma rápida", apunta la comisión.

Basta de seguros de salud que discriminan a los adictos

Aplicar enérgicamente la ley de 2008 que se diseñó para forzar a las compañías a dar cobertura a las afecciones mentales, incluida la drogodependencia, con las mismas prestaciones que los problemas de salud físicos. No dar la misma cobertura en cuanto a los tratamientos o la medicación ya es ilegal bajo la Mental Health Parity and Addiction Equity Act.

Pero se trata de un problema persistente y puede dejar a pacientes en peligro cuando se niegan ciertos tratamientos que su médico recomienda o se enfrentan a límites en cuanto a prestaciones que no se impondrían en caso de una cirugía, por ejemplo. El presidente debe ordenar al Departamento de Trabajo que, junto con las agencias estatales, vigile a las aseguradoras y tome medidas contra los que violen la ley.

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