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Y el Parlamento ni está ni se le espera

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El espectáculo ofrecido por el Gobierno en el anuncio del rescate, con la bochornosa rueda de prensa del ministro de Economía y las posteriores declaraciones de su presidente, no puede ocultar la necesidad de que el Parlamento español se pronuncie sobre las medidas aprobadas por el Eurogrupo. Que el Gobierno haya actuado hasta el momento a espaldas del Parlamento y de la opinión pública --haciendo gala de un oscurantismo digno de los "mejores" momentos de nuestra historia-- no es óbice para que no se haga ahora.

Más vale tarde que nunca. En sede parlamentaria reside la soberanía popular proclamada en el artículo 1.2 de la Constitución, de manera que un mínimo respeto a su texto y filosofía exige un pronunciamiento de sus representantes a la hora de comprometer al Estado español en una decisión de tal calibre como la anunciada el sábado pasado. 

Sabido es que la Constitución configuró un sistema institucional que concede al Gobierno un amplio margen de actuación y poder. Puestos a elegir entre democracia y gobernabilidad, el constituyente de 1978 optó por esta última, limitando a su mínima expresión la participación ciudadana. Un sistema electoral garantizador del bipartidismo y el rechazo a los mecanismos de democracia participativa, como por ejemplo el referéndum vinculante ante decisiones políticas de especial trascendencia, terminaron por completar una democracia de baja intensidad cuyas consecuencias se sufren hoy en toda su crudeza.

Treinta años después, las costuras del sistema se resquebrajan por todos los costados. En calles y plazas la ciudadanía demanda más y mejor democracia, más y mejores formas de participación colectiva en la vida política que superen los estrechos canales diseñados en 1978.

Sin embargo, la reacción de los partidos políticos mayoritarios ha sido profundamente desalentadora. El pasado mes de agosto aprobaron por consenso y sin considerar necesario consultar al pueblo una reforma constitucional exprés para limitar el déficit y garantizar la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses antes que el desarrollo de políticas públicas y de cohesión social. Ahora, el PP negocia un rescate a la banca con la garantía y aval del Estado, sin dignarse siquiera a acudir al Parlamento para aprobar su solicitud o simplemente informar sobre lo que está negociando.

Hay argumentos para sostener la necesidad de aprobación parlamentaria de un acuerdo por el cual el Estado español recibe una cantidad ingente de dinero cuya cifra final todavía se desconoce. El artículo 93 de la Constitución sujeta a ley orgánica la autorización para la celebración de tratados internacionales por los que se ceden competencias a organizaciones o instituciones internacionales.

Es claro que no estamos ante un tratado internacional, sí, pero no lo es menos que la firma del acuerdo final ( MoU, sus siglas en inglés) supondrá para el Estado español una cesión de soberanía similar --o mayor-- que la que produce la pertenencia a organizaciones como la Unión Europea o la OTAN.

La declaración emitida por el Eurogrupo no suscita duda alguna al respecto. En ella se señala explícitamente que se vigilarán "de cerca y de forma periódica" los compromisos adquiridos por el Gobierno español, así como sus progresos en materia de déficit público y reformas estructurales. Como no podía ser de otra forma, quien presta el dinero querrá asegurarse del correcto destino del mismo. Tardaremos poco en ver aprobadas --mediante decreto-ley, por supuesto-- medidas sobre impuestos, pensiones, edad de jubilación y mercado de trabajo dictadas por los "supervisores" del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

Por otro lado, entender que este préstamo y sus intereses no van a engordar la deuda del Estado es una burla que debe ser rechazada por la ciudadanía y sus representantes políticos. Recuérdese lo señalado líneas atrás sobre el nuevo artículo 135 de la Constitución: obliga a priorizar el pago de la deuda y sus intereses.

Así las cosas, este préstamo puede suponer un golpe más --quién sabe si el definitivo-- al Estado social de Derecho garantizado solemnemente en el artículo 1.1 del texto constitucional. Las políticas públicas necesarias para hacer efectivos derechos como la educación, la sanidad, el trabajo o la dependencia quedarán supeditadas al pago del préstamo. Lo sucedido en los últimos tiempos no invita precisamente al optimismo sobre la posibilidad de que su monto se vaya devolviendo puntualmente por parte de las entidades bancarias beneficiadas.

En resumen, dos son los pilares básicos del sistema constitucional afectados por el acuerdo del Eurogrupo, el FMI y el Gobierno español: el principio de soberanía popular y el Estado social de Derecho. Ante esto, no basta con que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados. Sería necesario --como mínimo-- un pronunciamiento del poder legislativo que proporcionase un atisbo de legitimidad a todo este proceso.

Existen mecanismos jurídicos de sobra para ello. Lo que no hay es voluntad política de ponerlos en marcha. Y esa falta de voluntad política debería ser denunciada por los partidos que se reclaman de izquierda, enarbolando la bandera de la transparencia y exigiendo al Gobierno que someta a la consideración del poder legislativo los términos del acuerdo, su cifra definitiva y la condicionalidad que está detrás del mismo. Sin este mínimo ejercicio democrático resultarán huecas las llamadas al consenso y a la unidad de los partidos políticos que llevamos escuchando desde hace tiempo y que, sin duda, se repetirán con fuerza en las próximas fechas.

Que este acuerdo de rescate no sea votado en un Parlamento donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta es una buena prueba, en primer lugar, del concepto de democracia que tienen sus dirigentes y, en segundo término, de cómo sigue socavándose lo poco de legítimo que pudiera quedarle al actual sistema constitucional.

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