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Sanidad anuncia que llevará los abortos farmacológicos a los centros de salud

Foco
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de la campaña de interrupción voluntaria del embarazo, en el Ministerio de Sanidad.

Marta Borraz

28 de septiembre de 2026 10:40 h

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que va a impulsar los “cambios necesarios” para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. Así lo ha anunciado en la inauguración del acto Abortar sin barreras, organizado por su Ministerio y el de Igualdad en el Día Internacional del Aborto. “Queremos que las mujeres elijan el método y puedan acceder a él en sus centros de salud, con información precisa y acompañamiento”, ha afirmado García.

El aborto farmacológico es el que se lleva a cabo únicamente mediante medicamentos y hasta la semana novena de gestación. Es uno de los dos métodos con los que las mujeres pueden interrumpir su embarazo: el otro es el instrumental o quirúrgico, que siempre se lleva a cabo en hospitales. La idea de Sanidad es modificar el Real Decreto que regula las bases generales sobre autorización de centros sanitarios y también la ficha técnica de la mifepristona, el fármaco utilizado en el procedimiento, para “permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario”. Además, Sanidad quiere actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente el aborto en Atención Primaria.

El objetivo es que las mujeres que elijan este método —la ley obliga a ofrecer los dos— y siempre que “sea adecuado para su situación”, puedan acceder a él “desde sus centros de salud, con información, profesionales preparados y acompañamiento antes, durante y después”, ha justificado García, que ha resumido su intención en que “cueste menos decidir con libertad”.

La medida busca fortalecer la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, algo que establece la Ley del Aborto pero que no se cumple en la mayoría de ocasiones: según los últimos datos, casi el 80% de las intervenciones se llevaron a cabo en clínicas privadas concertadas. En algunas comunidades como Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, los abortos en la pública no alcanzan ni el 1%. La situación de desigualdad territorial lleva a que miles de mujeres deban desplazarse cada año de sus provincias para poder abortar.

“Queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, reciban información y siempre tengan un equipo al que acceder. Que se ahorren desplazamiento y sientan que hay un equipo que les acompaña y conoce”, ha afirmado García. Esta semana, el Ministerio ha puesto en marcha la campaña sobre el aborto con la que pretende combatir “el estigma y la culpa” en las mujeres y que ha sido rechazada por Metro de Madrid para ser instalada en la Puerta del Sol bajo el argumento de la cercanía de esta estación con la sede de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso.

En el acto también ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha avanzado que su departamento está “estudiando” el impulso de un “reglamento o decreto” con el objetivo de “incidir” en la información que reciben las mujeres que van a interrumpir voluntariamente su embarazo. “Es imprescindible que las mujeres tengan la información necesaria y suficiente para que tomen la decisión sin tutelas y sin paternalismo”, ha afirmado Redondo, que ha recordado que el Gobierno ha impulsado el blindaje del derecho “en su dimensión prestacional” en la Constitución.

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