La jueza archiva uno de los casos de supuesto enchufismo en el Puerto de Valencia sin analizar la legalidad del proceso

“Estimo la excepción procesal de caducidad alegada por la entidad demandada sin entrar a resolver sobre el resto de los pedimientos y en consecuencia desestimo la demanda presentada por la Federación Estatal de Servicios Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores contra la Autoridad Portuaria de Valencia, absolviendo a la entidad demandada de las pretensiones dirigidas en su contra”.

La jueza de la plaza número 13 de lo Social del Tribunal de Instancia de Valencia ha rechazado la demanda de UGT por el supuesto amaño de uno de los tres procesos selectivos que el sindicato impugnó cuyos juicios ya se han celebrado. En concreto se trata de la plaza de subdirección de gestión de dominio público adjudicada a B. F., quien pasados tres meses desde que accedió al cargo, regresó a su anterior puesto en la empresa APM Terminals.

Según el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, el archivo se ha producido por una cuestión formal al considerar que, tal y como argumentó el abogado de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), la organización sindical puso la demanda fuera de plazo, por lo que la magistrada no ha llegado a analizar el fondo del asunto, es decir, si realmente las bases estaban amañadas para que se otorgara la plaza a la persona finalmente adjudicataria.

Según la sentencia, “publicadas las bases el 29 de abril de 2024, el plazo de dos meses del art. 69 LRJS precluyó el 29 de junio de 2024, presentando demanda en el Decanato de los Juzgados de lo Social el 26 de septiembre de 2024 y, por tanto, precluido el plazo”. En consecuencia, “procede la estimación de la excepción de caducidad alegada por la entidad demandada, sin entrar a resolver sobre las demás pretensiones formuladas”.

Cabe destacar que en los otros dos juicios celebrados el pasado mes de mayo y este jueves 1 de octubre, de los que aún no hay fallo, el letrado de la APV también argumentó la misma cuestión, es decir, que la impugnación se produjo fuera de plazo. En ambos también se denuncia el amaño de los procesos, en el primer caso de la plaza de jefa de Gestión Económico-Financiera adjudicada a A. G. y en el segundo de la plaza de subdirector de Infraestructuras adjudicada a M. G. ambas exdirectivas del Consorcio Valencia 2007.

En cuanto a esta primera sentencia de la plaza de subdirección de gestión de dominio público, la vista se celebró el pasado 15 de septiembre y en ella la exjefa de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), E. O., aseguró que “las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. Según explicó, el procedimiento normal mientras ella ejerció como jefa de recursos humanos era que las bases se desarrollaban en el seno del tribunal, “nunca por parte la presidencia”. Así, el procedimiento venía referenciado por una directriz “de obligado cumplimiento” de Puertos del Estado. Sin embargo, según afirmó, en este caso en otros no fue aplicado. “No era normal, se lo advertí a la presidencia en varias ocasiones verbalmente para protegerla y como hacía caso omiso le advertí por correo”, unos mails que destapó elDiario.es.

Desde su punto de vista no se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad e insistió en que estas bases no fueron desarrolladas ni concebidas por el tribunal de selección, sino que vinieron dadas en un correo de la presidenta en el que se urgía a que se constituyera el tribunal y se publicaran bases. También confirmó que no se debatió con el comité de empresa, como era habitual, los motivos por los que se convocó la plaza. E. O. ha hecho estas mismas afirmaciones como testigo en los otros dos juicios.

Así como en este procedimiento la jueza no aceptó como prueba el informe de la Intervención General del Estado que cuestiona las bases de estas plazas, en los otros dos casos sí que ha sido aceptado. El documento destapado en exclusiva por elDiario.es señala que hasta cinco procesos de selección de personal de dirección, entre ellos los tres objetos de juicio, “contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

Investigación paralela de Anticorrupción

Estos juicios son independientes de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís en la que se pone de manifiesto que pudo haber un proceso de subrogación encubierto destinado a recolocar de forma fraudulenta a determinados empleados del Consorcio Valencia 2007 en la APV y en el Ayuntamiento.

Se trata de la plaza objeto del juicio del pasado mes de mayo adjudicada a A. G. y de la de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G., cuya vista se celebró este jueves. Ambas se presentaron a otro proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Un tercer exempleado del Consorcio se adjudicó otra plaza de la fundación Visit Valencia, proceso del que informó previamente el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, también denunciado en Anticorrupción, como se desprende de los audios adelantados por este diario.

El fiscal ha llamado a declarar a diversos implicados en el caso y ha solicitado el mencionado informe de la Intervención General del Estado. También ha requerido el informe del secretario del Ayuntamiento de València que concluye que la entidad “no debió formalizar el contrato” porque el aspirante no informó de que había perdido su condición de empleado público.