Un testigo revela en el juzgado “irregularidades” en las actas de un proceso selectivo en el Puerto Valencia

“Impugné las calificaciones técnicas, las de la entrevista y para preparar una demanda pedí las actas. Me las facilitaron y encontré irregularidades”. El que fuera director facultativo de las obras de la terminal norte del Puerto de Valencia hasta que fue apartado en junio del pasado año, Marcelo Burgos, se pronunció en estos términos en su declaración como testigo en el tercer juicio que se celebró este jueves en la Ciudad de la Justicia de Valencia por presunto enchufismo en diversos procesos selectivos en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). A uno de ellos, concretamente el de subdirector de Infraestructuras convocada en 2024, se presentó aunque no pudo hacerse con el puesto pese a su dilatada trayectoria.

La causa surge como consecuencia de una denuncia de UGT al considerar que tanto este proceso de selección de personal fuera de convenio como al menos otros dos, estuvieron amañados. En todos los casos la organización sindical planteó demandas judiciales. El primero de los juicios se celebró el pasado 19 de mayo y está pendiente de sentencia, al igual que el segundo que se celebró el pasado 15 de septiembre.

El de este jueves tuvo lugar en la plaza 12 de la sección social por presunto enchufismo en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y afloró nuevos indicios, esta vez en la plaza de subdirección de Infraestructuras adjudicada a M. G, exdirectiva del Consorcio Valencia 2007.

En su declaración como testigo, Burgos, actual jefe del gabinete técnico de Presidencia, aseguró que varias personas de las que componían el tribunal evaluador carecían de preparación para juzgar de forma objetiva la idoneidad de los cinco candidatos finalistas, él entre ellos, y destacó que se nombró al mismo tribunal para los tres procesos selectivos denunciados: “Presenté lo que pedían las bases, en los idiomas acreditaba francés e inglés y no lo tuvieron en cuenta, eran 10 puntos lo que podía haber sumado”, dijo.

Sobre las irregularidades en detectadas en las actas preguntó a la jueza sobre la idoneidad de detallarlas habida cuenta de que estaban sujetas a compromisos de confidencialidad, por lo que la jueza consideró innecesario que profundizara en la cuestión. A preguntad del abogado del estado que representa a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), reconoció que finalmente no puso la demanda que llegó a preparar contra el proceso.

Previamente, declaró también en calidad de testigo la exjefa de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), E. O, quien mantuvo el mismo discurso que en los dos juicios anteriores, en los que también compareció. Así, reiteró que fue la presidenta de la APV, Mar Chao, la que redactó “en primera persona” las bases de estos procesos selectivos “algo que jamás se había dado entre los años 2017 y 2024” en los que fue jefa recursos humanos, según aseguró.

E. O. afirmó también hasta ese momento ella era la que proponía los tribunales en función de los perfiles que mejor podían adaptarse a las características de la plaza convocada. Sin embargo, en este caso, “el tribunal se impuso por parte de presidencia” al tiempo que consideró que fuera de lo normal que el tribunal designado “no tuviera formación adecuada para las plazas convocadas”. Además, comentó que advirtió a Chao verbalmente y por correo electrónico de que no era lo adecuado y afirmó que desde su punto de vista “no se respetaron los principios de mérito y capacidad” y tampoco se siguió el procedimiento que era “regla obligatoria de Puertos del Estado”.

Por último declaró también en calidad de testigo J. L., uno de los extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 que dejó por escrito ante notario que tanto la plaza de subdirección de infraestructuras como la de jefatura de gestión económico-financiera, se iban a adjudicar a M. G, y a A. G., como así fue finalmente. Según dijo, lo dejaron por escrito ante notario porque estaban convencidos de que “era un traje hecho a medida, había muchos indicios, se comentaba tanto en el Consorcio como en el Puerto que iban a salir unas bases y cuando salieron, era evidente que el perfil, los requisitos y las exigencias restringían a personas concretas”.

Pese a los esfuerzos del abogado de la APV, en este caso la jueza aceptó inicialmente las diferentes pruebas documentales aportadas por el sindicato, incluido el informe de la Intervención General del Estado destapado por elDiario.es que cuestiona las tres plazas objeto de los juicios por contener “requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado”, por lo que “podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

En el primero de los juicios celebrado el pasado mes de mayo también se aceptó el documento como prueba, no así con el del pasado 15 de septiembre.

Investigación paralela de Anticorrupción

El juicio de este jueves, así como los dos anteriores, es independiente de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís en la que se pone de manifiesto que pudo haber un proceso de subrogación encubierto destinado a recolocar de forma fraudulenta a determinados empleados del Consorcio Valencia 2007 en la APV y en el Ayuntamiento.

Se trata de la plaza objeto del juicio del pasado mes de mayo adjudicada a A. G. y de la de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G, cuya vista se celebró este jueves. Ambas se presentaron a otro proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Un tercer exempleado del Consorcio se adjudicó otra plaza de la fundación Visit Valencia, proceso del que informó previamente el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, también denunciado en Anticorrupción, como se desprende de los audios adelantados por este diario.

El fiscal ha llamado a declarar a diversos implicados en el caso y ha solicitado el mencionado informe de la Intervención General del Estado en el que se apunta a irregularidades en los procesos selectivos de diversas plazas de alta dirección convocadas en el Puerto de Valencia, entre ellas, dos de las que son objeto de la investigación adjudicadas a dos extrabajadoras del Consorcio.

Anticorrupción también ha solicitado el informe del secretario del Ayuntamiento de València que concluye que la entidad “no debió formalizar el contrato” porque el aspirante no informó de que había perdido su condición de empleado público.