La codicia de Bankia

La reciente decisión de Bankia de reembolsar el dinero a los cientos de miles de ahorradores a quienes defraudó en su salida a Bolsa se ha presentado por el banco como un “proceso positivo” para “devolver el dinero de forma ágil, rápida, sencilla, gratuita y con total seguridad a los inversores minoristas”. Más que un impulso repentino de generosidad, la decisión se ajusta más bien al conocido refrán de que “a la fuerza ahorcan”.

La realidad es que Bankia y el FROB (su principal propietario) han tomado esta medida tras dos sentencias del Tribunal Supremo del pasado febrero que condenaron al banco a devolver el dinero a dos familias que habían adquirido acciones por 9.997 y 20.868 euros, respectivamente, en 2011. Es un alivio pensar que los bancos no pueden con todo. Es bueno que la historia jurisprudencial de este país —que ha tenido que apechugar con episodios tan humillantes como la doctrina Botín, improvisada para salvar a un poderoso banquero— pueda contar ahora con la jurisprudencia del caso Bankia para resarcir a cientos de miles de pequeños accionistas perjudicados.

Es importante reseñar que los fallos del Alto Tribunal no cayeron del cielo. En los dos últimos años Bankia había recibido más de 76.000 demandas judiciales por 819 millones de euros de inversores que se consideraron engañados con las cuentas de la sociedad, que han atascado numerosos juzgados. Las 13.478 sentencias pronunciadas hasta finales del año pasado fueron favorables a los clientes en un 95%, aunque la entidad sólo ha devuelto 65 millones de euros, aprovechando la tramitación legal. Por otra parte, antes de las sentencias del Supremo ya se había generado un amplio consenso entre jueces y magistrados de toda España, que coincidían en que las cuentas presentadas por el banco presidido por Rodrigo Rato no reflejaban la realidad y que, por lo tanto, se debía devolver el dinero.

Tras las sentencias del Supremo, que han creado jurisprudencia, por lo que suponían el éxito casi seguro de los futuros pleitos, se abría la puerta a un nuevo aluvión de demandas.

Debido al cúmulo de litigios, a los que había que sumar más de 27.000 reclamaciones extrajudiciales, Bankia provisionó unos 1.840 millones de euros. De esta cantidad, unos 1.040 millones corresponden a devolución del dinero invertido en la compra de acciones y 800 millones a los costes judiciales e intereses legales, que son del 4% anual.

Ante esta situación, Bankia, tras barajar varias alternativas, decidió finalmente devolver directamente el dinero a los accionistas minoritarios más el 1% de interés anual si se renunciaba a la acción judicial. El ahorro para el banco en abogados e intereses puede superar los 500 millones, según la propia entidad. La medida “protege el patrimonio actual de Bankia, en definitiva el dinero de los contribuyentes, al reducir la factura que se debe abonar en intereses y costas”, según el consejero delegado de la entidad, José Sevilla.

El balance global del fracaso de la salida a Bolsa de Bankia (oferta pública de suscripción, OPS) es difícil de calcular todavía porque a las cantidades devueltas o que hay que devolver a los minoritarios que invirtieron 1.800 millones debe añadirse el resultado de los litigios de los inversores institucionales y profesionales, que invirtieron 1.200 millones. La factura final resultante correrá por cuenta del Estado en un 85%, de acuerdo con el convenio que atribuyó al FROB estatal el 60% de las pérdidas y a Bankia el 40% restante. El FROB es propietario del 64% de Bankia, por lo que asume indirectamente el 25% de las pérdidas totales.

La consecuencia práctica es que a la factura del saneamiento de la crisis de Bankia, de 23.465 millones, habrá que añadir el coste de la salida a Bolsa. La historia no termina aquí. Bankia tiene todavía otras asignaturas pendientes que debe aprobar si quiere recuperar la reputación perdida.

Tras la solución dada a los accionistas, es difícil sostener el trato a los tenedores de participaciones preferentes y subordinadas. En principio, como su nombre indica, los tenedores de preferentes tienen un trato preferencial a los accionistas. Si se devuelve el dinero a éstos, habrá que hacer lo mismo con los preferentistas en los casos en que también hubo engaño en la comercialización al ocultarse los riesgos.

Bankia había recibido hasta marzo de 2015 más de 21.555 demandas por participaciones preferentes y subordinadas, por un importe de 1.589 millones de euros, que en primera instancia se resolvieron en un 86% a favor de los clientes. Hasta finales del año pasado Bankia ha gastado 246 millones en cumplimiento de las sentencias judiciales por estos pleitos. El grupo BFA-Bankia tiene constituidas provisiones por más de 2.100 millones para estos casos. Sin embargo, decenas de miles de afectados tendrán que esperar años para recuperar sus ahorros, que siguen retenidos por la codicia de la entidad, que ha dilatado las devoluciones en muchos casos gracias a las apelaciones.

Todo ello ha permitido a Bankia declarar unos beneficios de 1.040 millones, que suponen un incremento del 39,2% sobre el ejercicio anterior. Y a su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, proclamar que Bankia tiene “la mejor ratio de eficiencia, solvencia y de recursos propios” de los seis grandes bancos.

Es difícil comprender cómo en tres años y medio Bankia ha pasado de ser un banco quebrado a ser el mejor. Quizá algo tendrán que ver los sacrificios de los 5.000 trabajadores despedidos y los daños materiales y morales causados a miles de accionistas y tenedores de preferentes.

[Este artículo es el editorial de número del marzo de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripciónAlternativas Económicas, una suscripción]