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Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.

Irán: la resistencia sin fin

Manifestación por la situación de los trabajadores del acero en Ahvaz © Iranian Labour News Agency

Miguel Pérez-Lozao

equipo de Irán de Amnistía Internacional —
  • Las poderosas imágenes de mujeres valientes, subidas sobre estructuras elevadas y alzando sus pañuelos en protesta por el uso obligatorio del hiyab (velo) en Irán se suman a las manifestaciones fuertemente reprimidas en un país cuya resistencia ha dejado en 2018 al menos 112 defensoras de los derechos humanos detenidas o recluidas, más de 7.000 estudiantes, periodistas, activistas detenidos, muchos de ellos arbitrariamente, cientos de personas condenadas a penas de prisión o flagelación, y al menos 26 manifestantes muertos. Un pueblo que no deja de luchar y que hoy celebra el 40 aniversario del inicio de la Revolución Islámica, con la llegada del Ayatolá Jomeiní y la posterior formación de gobierno.

Parece un gesto sencillo: quitarse el pañuelos y amarrarlo sobre un palo o simplemente dejarlo al viento y colocarse sobre un banco, una acera más elevada, una farola. Sin embargo, las fotografías de las mujeres iraníes protestando por el uso del velo han dado la vuelta al mundo. Que se lo digan a Shaparak Shajarizadeh, una de las precursoras, condenada a 20 años de prisión, 18 de ellos condicionales, por su protesta pacífica contra el uso obligatorio del hiyab. Huyó de Irán tras ser puesta en libertad bajo fianza, y desde entonces ha descrito en entrevistas a los medios de comunicación cómo fue sometida a tortura y otros malos tratos en régimen de aislamiento y cómo le negaron el acceso a su abogado.

Hoy se cumplen 40 años desde el inicio de la revolución en Irán, un país convulso que no ha dejado de luchar, a pesar de que desde 1979 hasta la actualidad, tal y como recogen los informes anuales de Amnistía Internacional, el régimen ha acusado y conseguido la “confesión” de miles y miles de personas para acusarles de delitos que han servido de coartada para la represión y la vulneración de los derechos humanos. Ocho lustros en los que la represión hasta se ha adaptado a los nuevos tiempos, pasando de cerrar revistas al cierre de redes sociales como Facebook, Instagram o Telegram, y persiguiendo a blogueros como Sattar Beheshti, que en 2012 murió bajo custodia.

Delitos castigados bajo un sistema penal sin garantías que tampoco respeta convenciones internacionales fundamentales, aplicando penas y actuaciones que incluyen, además de la prisión, la tortura, la detención ilegal, la desaparición forzada, la flagelación, la amputación o la ceguera. Sin embargo, castigo de referencia es sin duda la pena de muerte: Irán es uno de los principales países del mundo que encabezan su aplicación, con al menos 507 ejecuciones en 2017, incluyendo la ejecución de personas que eran menores en el momento del delito, las ejecuciones públicas o la lapidación.

La condena por lapidación a Sakineh Mohammadi Ashtiani, que provocó la indignación en 2010, dentro y fuera de Irán, suspendida temporalmente por el Poder Judicial, al parecer para revisar de nuevo su caso, aunque todavía en riesgo, es una muestra sobre cómo el activismo es necesario en un país como Irán.

A pesar de las promesas del ayatolá Jomeiní de que todos los iraníes serían libres, un repaso de estos cuarenta años da cuenta de que todavía queda mucho que hacer para conseguir que los derechos humanos sean el foco de este país. Con un 1988 especialmente cruel, con miles de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias en una brutal campaña de represión tras la guerra contra Iraq y tras el que aún quedan cientos de fosas comunes y sepulturas ocultadas que las familias se niegan a olvidar, lo cierto es que las consecuencias de levantar la voz en Irán todavía son extremadamente peligrosas.

Y es que cualquiera puede ser objeto de castigo: por motivos políticos, pero también religiosos o étnicos, así como a personas de la comunidad LGTB, y también a personas defensoras medioambientales como Kavous Emami, y de los derechos humanos, como Nasrin Sotoudeh, premio Sajarov y abogada defensora de la nobel de la paz Shirin Ebadi.

Las mujeres también han estado en el punto de mira a lo largo de estos años en los que hemos pasado de ver como muchas de ellas se prendían fuego ante la imposibilidad de afrontar la violencia machista a cómo salían a las calles para protestar en 2014 por los ataques con ácido que sufrían, y, en 2018, contra el uso obligatorio del velo. La ejecución, también el año pasado, de Zeinab Sekaanvand, que sólo tenía 17 años cuando fue arrestada y torturada para “confesar” el asesinato de su marido, con quien la casaron cuando tenía 15, de quien sufrió maltrato de forma constante y que, pese a las denuncias, nunca fue investigado, fue un duro varapalo para los derechos de las mujeres.

Si queremos que Irán sea un país respetuoso con los derechos humanos antes de que transcurran otros 40 años, debemos empujar desde todos los frentes, tal y como lo han hecho los y las valientes activistas que a pesar de todo siguen saliendo a las calles.

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