La decisión de los jueces del Algarrobico: desbloquear el derribo ellos mismos o dar una nueva oportunidad al Ayuntamiento
Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España confían en los tribunales para anular la licencia de obras de El Algarrobico, el hotel ilegal en plena playa de Carboneras (Almería), en el parque natural de Cabo de Gata. Sin embargo, también hay un matiz: mientras el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ya ha pedido a los jueces que urjan al Ayuntamiento a anular la licencia, y si no, que la anulen ellos mismos, el Gobierno andaluz es partidario de pedir a los jueces que actúen por sí mismos ya.
Así lo han constatado ambas administraciones en la reunión de este martes, celebrada una semana después de que el Pleno del Ayuntamiento decidiera por sorpresa y con el voto de cinco ediles socialistas y dos no adscritos aplazar la votación para revisar la licencia, que concedió hace 23 años.
En la reunión de este martes, la primera de la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía desde marzo del año pasado, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central como la Consejería de Sostenibilidad de la Junta se han informado mutuamente sobre sus actuaciones y sus intenciones, aparentemente coincidentes en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. Además de técnicos y letrados, por parte de la Junta de Andalucía han participado dos veciconsejeros, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático y dos directores generales; así como técnicos y letrados. Por parte del Gobierno central, han intervenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y la directora general de la Costa y el Mar.
Ambas administraciones dicen querer acabar cuanto antes con la mole, para lo cual es necesario que antes alguien declare que la licencia que sirvió para levantarla es nula. A priori, la tarea de anularla solo puede hacerla quien la otorgó, el Ayuntamiento, pero este lleva años demorando su obligación de hacerlo (consignada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia firme desde diciembre de 2022) con todo tipo de requiebros. Para casos así, la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa prevé que los jueces tomen las riendas y ejecuten por sí mismos. Es lo que los ecologistas llevan años pidiendo, a la vista de lo que consideran una flagrante insumisión de los concejales de Carboneras.
El pasado miércoles, el Pleno volvió a dar largas, aprovechando una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (exPP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar más informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio. Es decir, nuevos informes sobre si el Ayuntamiento podría tener que indemnizar a Azata del Sol, la promotora, en caso de anular la licencia que le dio en su día, y que los tribunales le han ordenado revisar.
Actuar ya o requerir otra vez al Ayuntamiento
Este nuevo regate provocó la reacción unánimente indignada, y la coincidencia entre Gobierno y Junta de que hay que echar mano de los jueces. Sin embargo, hay un matiz que diferencia la postura de las dos administraciones, y los jueces deberán decidir.
De un lado, el Gobierno ya ha solicitado al TSJA que dé una nueva oportunidad al Ayuntamiento, pero no más. En un escrito presentado el lunes, pide a los jueces que den 72 horas de plazo al Consistorio para que convoque un nuevo Pleno para que aborde la revisión de la licencia y, entonces sí, “para el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala, acuerde proceder a la ejecución subsidiaria de la sentencia”, además de multar a los responsables e investigarlos por vía penal.
En cambio, la Junta de Andalucía no quiere dar más oportunidades al Ayuntamiento, y prefiere que los jueces ejecuten ya, sin esperar a otro Pleno. “Los servicios jurídicos de la Junta recibieron el encargo del Ejecutivo autonómico (…) de instar al TSJA a que directamente decrete la nulidad de la licencia (…) sin esperar a que el Consistorio vuelva a convocar sesión plenaria para tratar de aprobar la anulación, ante los reiterados incumplimientos y demora por parte del Ayuntamiento”, explica la Consejería en un comunicado.
Que los jueces ejecuten directamente es una vía que la Junta de Andalucía descartó hace poco más de un año, quizás porque todavía confiaba en que el Ayuntamiento cumpliría con la sentencia. Lo pidió la promotora y lo pidieron los ecologistas, con motivos opuestos (la promotora porque entiende que así podría exigir reclamaciones en otras instancias), y la Junta se opuso. Pero tras un año y medio comprobando que el Ayuntamiento alegaba motivos peregrinos (“prácticas dilatorias”, observó la Junta) para demorar una y otra vez el expediente, el Gobierno andaluz ahora se decanta por pedir la activación del botón judicial: que sean los jueces los que lo hagan.
En todo caso, la Junta ha dado instrucciones a sus letrados, pero aún no ha presentado su escrito, según confirman fuentes del procedimiento.
Expropiación, sin novedades
De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.
Este martes, Junta y Gobierno se enredaron en el matiz semántico del orillamiento de la vía expropiatoria. La Junta dijo en su comunicado que el MITECO había “confirmado la suspensión del procedimiento de expropiación”. De inmediato, el MITECO desmintió que “haya solicitado la paralización del procedimiento expropiatorio”. Fuentes del ministerio subrayan que la expropiación sigue siendo una vía “plenamente vigente”, “uno de los instrumentos disponibles” y que no ha sido descartada, sino que “sigue su curso”.
Poco se sabe de su evolución desde que Azata del Sol y el MITECO constataran la enorme diferencia entre el valor que cada una otorga a los 32.000 metros cuadrados de la promotora insertos en dominio público marítimo-terrestre. Azata los valora en 44,5 millones de euros; el Ministerio le ofrece 16.500. Esto fue en marzo. La discrepancia debe dirimirla ahora un jurado provincial de expropiación, que tiene seis meses (en teoría, hasta septiembre). Cuando dé su valoración, ambas partes podrán impugnarla ante los tribunales.
Entre tanto los esfuerzos se centran en lograr la nulidad de una licencia concedida en enero de 2003, hace 23 años. El dictamen del Consultivo favorable a la nulidad lo dejó todo preparado para que el Ayuntamiento la revocase, pero la nueva demora confirmó que El Algarrobico sigue envuelto en un ovillo de intereses que lo mantiene atado a la playa. También provocó la convocatoria de la comisión mixta, reunida por novena vez en la última década. Es un órgano bilateral previsto en el Protocolo de 2011, que contempla el reparto de tareas para cuando, al fin, se despeje la maraña jurídica de El Algarrobico; algo que, según Junta y Gobierno, sólo pueden hacer los jueces.