ANÁLISIS
Tras la detención del presidente de la Diputación de Almería y hasta hace unos días su máximo dirigente provincial, Javier Aureliano García, el Partido Popular almeriense no logra escapar de la sombra de la corrupción que planea sobre el partido desde hace años. Los populares, con una fuerte influencia histórica en la estructura andaluza del partido que dirige hoy Juan Manuel Moreno y antes Javier Arenas, acumulan más de dos décadas en las que los casos de corrupción, especialmente urbanística, han hecho desfilar por los tribunales a altos cargos de la formación. Cargos que, mayoritariamente, han prosperado bajo el mandato de Gabriel Amat, figura clave del PP en esta provincia.
Los registros y detenciones practicadas el pasado martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, en el marco del 'Caso Mascarillas', que instruye el Juzgado de Instrucción 1 de la capital almeriense y que se saldaron con la detención, entre otros, del propio Javier Aureliano García, así como del vicepresidente de la diputación provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, vuelven a situar al PP de Almería bajo la sospecha de la corrupción. Los detalles que se vienen conociendo en los últimos días no dejan bien parados a los dirigentes populares.
La investigación judicial trata de aclarar si se creó un entramado para el cobro de comisiones ilegales por la venta de material sanitario durante la Covid-19 en el que se vieron beneficiados determinados políticos de Almería y personas cercanas a estos. Pero no es la primera vez que la Justicia intenta arrojar luz sobre un caso similar en el que los populares almerienses estén bajo el foco.
Sin ir más lejos, el propio 'Caso Mascarillas' parece tener más ramificaciones que la mera trama de material sanitario por la pandemia y se está indagando en la concesión de contratos de obras menores a empresas relacionadas con la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines. Un caso que apunta no sólo a la estructura del PP de Almería, sino también al del PP de Andalucía de Juan Manuel Moreno porque los presuntos corruptos llevan años medrando y ascendiendo dentro de la formación de la mano de otro expresidente provincial, Gabriel Amat, involucrado en diferentes tramas de corrupción.
Tramas que, junto al 'Caso Mascarillas', se pueden resumir en otros dos grandes asuntos: el 'Caso Hispano' y el 'Caso Poniente'. Cronológicamente, el Hispano es el más antiguo de los tres. En esta trama se ha investigado en diferentes piezas, algunas de ellas archivadas por exceso de dilación en los tiempos procesales, la presunta financiación ilegal del PP de Almería a través de la adjudicación de obras públicas con la constructora Hispano Almería que da nombre al caso. Entre los principales investigados están, entre otros, el propio Gabriel Amat y la ex consejera de Agricultura, Carmen Crespo, actual eurodiputada de los populares.
No en vano, la presencia de Crespo en esa trama, que nunca ha sido imputada formalmente por el aforamiento del que ha gozado desde hace décadas, sirve para explicar el peso de la estructura almeriense en el PP de Andalucía. Crespo fue consejera de Agricultura y su sucesor, Ramón Fernández-Pacheco, que sigue en el cargo, escaló desde la Alcaldía de Almería al Ejecutivo regional y ahora tras esta crisis es presidente de los populares de Almería y vicesecretario general del PP-A de Juan Manuel Moreno. Lo que explica por qué el 'Caso Mascarillas' es a su vez un caso que impacta directamente en la estructura orgánica del PP andaluz.
Y es que también es relevante la relación entre los populares almerienses y la cúpula de Sevilla si se hace un viaje algo más atrás en el tiempo, justo a la etapa de Javier Arenas al frente del PP-A. El que fuera a su vez vicepresidente del Gobierno y ministro en varias carteras con José María Aznar, tuvo de fiel escudero a Juan José Matarí, uno de los políticos almerienses que hoy pasa por un segundo plano, pero que durante años fue uno de los hombres fuertes de Arenas. Matarí también fue investigado en varias tramas de corrupción e incluso apareció en los papeles de Bárcenas, lo que da nota de la relevancia de la orgánica almeriense dentro del PP y de la sombra de corrupción que persigue históricamente a los populares de Almería. Hoy en día, Matarí continúa como senador en la Cámara Alta tras haber sido diputado en el Congreso durante seis legislaturas.
Pero volviendo al Caso Hispano, que es el más antiguo de todos, la investigación se centra en aclarar diez años de presunta financiación ilegal en municipios como Roquetas de Mar, considerado el núcleo central de la trama. Esta localidad almeriense es la que dirige Gabriel Amat desde hace 30 años y desde la que ha ido escalando en su peso específico dentro del Partido Popular de la provincia. Según la investigación que realizó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en este municipio se cometieron irregularidades en 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería por valor de más de 77 millones de euros de fondos públicos.
En esta trama, además de Roquetas de Mar, aparecen contrataciones en otras localidades como Níjar, La Mojonera o el propio Ayuntamiento de Almería. Sin embargo, algunas de las piezas que se relacionan con estos municipios ya han sido archivadas por la excesiva dilación de los tiempos judiciales y en ningún caso se ha producido aún ninguna condena firme. La instrucción sigue abierta, pero fuentes políticas asumen que el tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas en el año 2013, provocará que las condenas, si llegan, acaben siendo bajas. Algo parecido a lo ocurrido con el 'Caso Marchelo' que se resolvió en parte este año con sentencias muy rebajadas y afectaba al PP de Granada.
La otra trama relevante de las dos últimas décadas es la del 'Caso Poniente'. Una macrocausa que evidenció cómo el Ayuntamiento de El Ejido, gobernado por el Partido Popular, había creado una trama a través de empresas y subcontratas vinculadas a cargos de la formación. Según la investigación, hubo apropiación indebida de más de 58 millones de euros y para lograrlo se interpuso a familiares a modo de testaferros con el fin de evadir la fiscalización de las cuentas. En esta ocasión, la causa se prolongó durante más de siete años y llegó a tener a 65 imputados.
Esta operación judicial investigó las cuentas del Consistorio de El Ejido entre los años 2002 y 2009. De los 65 imputados, 28 acabaron siendo condenados en 2023. Entre ellos, el exalcalde Juan Enciso que, junto con el resto, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tratando de defender su inocencia asegurando que se realizó contra él una investigación prospectiva. No obstante, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión y a 13 de inhabilitación por la investigación judicial que inició la UDEF.
Cronológicamente, lo sucedido en el Ayuntamiento de El Ejido tiene también relación con Gabriel Amat y la Diputación, pero también con el 'Caso Hispano'. Con Amat porque él asciende a la presidencia del PP de Almería del partido en 2004 y es pieza clave en la trama de la constructora Hispano Almería, y con el ente provincial porque hubo cargos públicos relacionados con la red que se tejió para cometer los delitos. Todo esto es relevante porque Amat es la figura más destacada de los populares almerienses por su fuerte influencia. De hecho, en aquellos primeros años del siglo, existía una lucha interna por controlar el poder popular en Almería precisamente con el regidor de El Ejido.
Sin embargo, la disputa la ganó Amat y con el tiempo fue, a la par que se le investigaban casos de presunta corrupción -sobre todo urbanística-, aglutinando poder y colocando a figuras próximas en los diferentes núcleos de poder de Almería. Hasta su dimisión como máximo mandatario en 2021, promocionó a Óscar Liria, que fue expulsado del partido cuando era vicepresidente de la Diputación al estallar el 'Caso Mascarillas' al detectarse que pudo haber defraudado cientos de miles de euros en comisiones por la compra de material sanitario. Junto a él, también crecieron en importancia Javier Aureliano García, que asumió la presidencia de la Diputación tras la dimisión de Amat en 2019, aunque está suspendido temporalmente de militancia tras su detención, y Ramón Fernández Pacheco, que ahora es uno de los altos cargos del Gobierno de Andalucía de Juan Manuel Moreno.
Javier Aureliano, que hasta esta semana ha sido presidente de la Diputación de Almería y máximo dirigente del PP de Almería, es considerado por la política local como uno de los hombres de confianza de un Gabriel Amat que ha estado siempre relacionado con investigaciones en su contra pero que hasta la fecha siempre ha salido indemne. Mientras este último sigue como alcalde de Roquetas de Mar, cargo que alcanzó en 1995, quienes le han rodeado en algún momento están teniendo que responder ante investigaciones judiciales que alargan la sombra de la corrupción sobre el Partido Popular almeriense.
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