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Aborto, crecimiento de la natalidad y pobreza infantil

Fotograma de un anuncio de la ONG Save the Children para combatir la pobreza infantil

Fotograma de un anuncio de la ONG Save the Children para combatir la pobreza infantil

Recientemente se ha difundido que entre las razones esgrimidas a favor de su ley del aborto, el Ministerio de Gallardón ha argumentado con los beneficios que un incremento de la natalidad en España tendría para la economía. Tal despropósito argumental provoca reacciones que oscilan entre sonrojo y la indignación. Sonrojo por la falta de rigor del argumento en términos económicos o puramente demográficos, e indignación por su banalidad.

Pues, efectivamente, de acuerdo con las estadísticas disponibles del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, menos del 6% de los abortos que hoy se producen en España estarían entre los supuestos contemplados en el anteproyecto de Ley del PP. Así pues, en el caso de que entrara en vigor y si la mujer no puede o no quiere resolverlo en otro país o en la clandestinidad (que sin duda lo hará con considerables costes económicos o, mucho más grave, con riesgo cierto para su propia vida), en España se producirían unos cien mil nacimientos de hijos o no deseados o que, a pesar de que podría ser un hijo deseado, la mujer es consciente de que dadas sus condiciones laborales, socioeconómicas y/o familiares ha de renunciar con gran desgarro y dolor a tener ese hijo.

Se ha insistido ya lo suficiente en el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad sin tener que dar explicaciones cuando opta por no seguir adelante con un embarazo y en ese sentido parece que avanza la legislación francesa. Por eso, España que cuenta ya con una ley de plazos que se está desarrollando sin conflictividad social, y que contempla paralelamente la educación, formación e información para evitar embarazos no deseados, debe proseguir en esa misma dirección. Pudiera parecer extemporáneo reclamar en estos momentos una reforma en la línea que lo está haciendo la legislación francesa, cuando ahora el objetivo es parar la presentada por el Gobierno; pero en ningún caso se debe perder el horizonte de consolidación de tan doloroso derecho.

Obviamente no estamos hablando de que se pueda plantear en estos momentos, con la actual configuración parlamentaria, ya que el PP, siguiendo la senda marcada por la Iglesia más conservadora, quiere imponer su criterio no del derecho del nasciturus como les gusta decir, sino un argumento mucho más misógino de que la que peca, la paga. Solo la falta de argumentos está llevando a dirigentes del PP a acudir a comparaciones aberrantes con el nazismo, Herodes, Esparta, …

Si como decimos se insiste, y debemos seguir insistiendo, en el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, estamos olvidando los derechos de aquellas mujeres que desearían ser madres, pero han de renunciar a ello por la falta de medios económicos o por el riesgo a perder un trabajo precario. Una mayor aplicación de nuestros gobernantes a la efectiva tutela de la infancia y su educación, del respeto a los derechos de la mujer trabajadora, a un adecuado desarrollo de la conciliación familiar, a la recuperación de trabajos dignos y estables, entre otros, permitiría a la mujer decidir con mayor grado de libertad sobre su maternidad, o maternidades.

Sin embargo no parece que en el Gobierno, más preocupado por el nasciturus que por el nacido, produzca ningún sonrojo, y mucho menos indignación, el también reciente informe de la ONG Save the Children que indica que en España un 30% de los niños y niñas (2.500.329 para dar mejor medida del drama) vivan en hogares por debajo del nivel de pobreza y que más de una tercera parte (2.826.549) se encuentren en riesgo de pobreza o de exclusión social. Las recetas siguen siendo las mismas: incremento de las políticas de prestación social, tutela efectiva a la infancia y a su educación y trabajos dignos para sus padres.

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