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Sobre este blog

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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Brecha digital: la trampa está servida

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Candela Junco, área de Marginación de la APDHA


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Lejos de lo que pudiera parecer, la brecha digital no es neutral. Cualquier sociedad que se precie y que no quiera ser tachada de “tercermundista”, se lanza a la carrera de la revolución tecnológica, al I+D+I, promoviendo el desarrollo y la modernización como panacea capaz de resolver los problemas de la población. Quedarse atrás es quedarse fuera.

¿Son las tecnologías de la información y comunicación (TIC) herramientas capaces de resolver las necesidades de la ciudadanía, o son un problema añadido? ¿Facilitan la vida a la gente o son una carrera de obstáculos? ¿Son instrumentos aliados o son una farsa camuflada de buenas intenciones?

Según el estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el instituto IMDEA Networks y Orange Innovation, publicado en el Journal of The Royal Society Interface, el nivel de estudios y de renta define el uso que se hace de internet y marca la diferencia entre ricos y pobres. El estudio –de diciembre de 2021– detecta una nueva brecha digital en la utilización que se hace de las TIC: cuando desaparece el acceso a las tecnologías, aparece la brecha del uso y el efecto de la desinformación. El Urban Audit 2022, publicado por el INE, señala que en Andalucía están 12 de los 15 municipios con menor renta neta media anual per cápita y 11 de los 15 barrios más pobres de toda España. Uniendo cabos no parece que el auge en el desarrollo tecnológico vaya encaminado a un desarrollo sostenible y equilibrado que ponga en el centro la dignidad de las personas que viven una situación más vulnerable, ni al cumplimiento de los derechos humanos.

Basta adentrarse en la vida cotidiana de la gente de a pie para tener la respuesta. Es posible manejar redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Tic-Tock, pero encontrar un empleo, acceder a una beca de estudios o una prestación por desempleo o ayuda de servicios sociales, solicitar o reclamar el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, hacer una gestión bancaria, solicitar el bono social eléctrico, pagar los impuestos, etc. se hace misión imposible cuando no disponemos de ordenador, cuando desconocemos el mecanismo de funcionamiento de internet o, si nos perdemos en el laberinto telemático. Y eliminar o reducir al máximo la atención presencial –justificado inicialmente con la pandemia- excluye de derechos que les corresponden por ley a quienes carecen de medios y capacidades digitales.

No basta 'decir' que la brecha digital tiene que desaparecer, hay que 'hacer' que la brecha digital desaparezca, para evitar que el discurso de las tecnologías y el afán por el desarrollo no se conviertan en un mensaje hueco, malintencionado y excluyente.

El término mal llamado analfabetismo digital, que afecta precisamente a las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión culpa de la situación a las propias víctimas excluidas por el sistema, sin profundizar en las causas y consecuencias de la doble marginación que viven, y sin ofrecer soluciones basadas en la responsabilidad social y ética que debería atravesar las decisiones políticas y económicas.

Analfabetismo digital es más bien “vender” que las tecnologías están dirigidas a unas personas, pero sin tener en cuenta quiénes son, más aún cuando no existen otras vías para quienes los procedimientos telemáticos son complejos, la administración electrónica lejana y el lenguaje tecnológico y administrativo ajeno y hostil.

Dice el refrán popular “quien hace la ley hace la trampa” y bien se verifica en el tema que nos ocupa. El potencial transformador que tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación radica en la planificación, inversión y uso que hacen los agentes políticos, económicos, sociales, educativos,… No basta decir que la brecha digital tiene que desaparecerhay que hacer que la brecha digital desaparezca, para evitar que el discurso de las tecnologías y el afán por el desarrollo no se conviertan en un mensaje hueco, malintencionado y excluyente.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reivindicamos:

-         El acceso gratuito a las nuevas tecnologías para las personas que viven en situación de vulnerabilidad (adquisición, utilización, conexión, mecanismos de compensación…).

-          Hacer inclusivas las herramientas tecnológicas: infraestructuras, dispositivos, lenguaje, conocimientos, capacitación para un uso de calidad.

-          Planes y partidas presupuestarias que atajen las causas de la exclusión y que terminen con el colapso de los servicios públicos, poniendo en marcha soluciones no asistencialistas.

-          Establecer la Renta Básica Universal para la cobertura de las necesidades básicas sin dependencia de ayudas de la administración.

-          Y de forma paralela y estable, garantizar atención presencial ágil y de calidad para todos y todas en centros de salud, centros educativos, centros de servicios sociales… y en todas las administraciones públicas y empresas adscritas.

Acabar con la brecha digital es desplegar oportunidades de acabar también con la brecha social.

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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