Entre las muchas medidas y disposiciones retrógradas que contiene la LOMCE, más conocida como Ley Wert, aprobada el 28 de noviembre pasado en el Congreso de los Diputados, está la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos del currículo de estudios para primaria y secundaria. Como ha denunciado Amnistía Internacional ante el Consejo de Europa, esta disposición es algo muy grave ya que supone la desaparición de la educación en derechos humanos en España. Significa que los españoles no estudiarán durante su educación obligatoria temas como la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, la diversidad afectivo-sexual, la homofobia, el racismo, la pobreza y sus causas…
En las nuevas asignaturas que van a sustituir en parte a la ahora eliminada (“Valores culturales” en primaria y “Valores éticos” en Secundaria, propuestas como alternativas a la clase de religión, es decir, dirigidas sólo a aquellos alumnos que no elijan religión), se han excluido la práctica totalidad de esos contenidos específicos de derechos humanos. Ello supone sin duda un retroceso inaceptable que nos hace volver a una situación como la de anteriores sistemas educativos, cuando los derechos humanos no existían en el currículo. España vuelve así a ponerse a la cola de Europa en esta materia educativa.
Efectivamente esta disposición incluida en la LOMCE nos sitúa a años luz de Europa, donde la mayoría de países sí incluyen en sus currículos educativos contenidos de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Supone además un claro incumplimiento de los acuerdos y recomendaciones internacionales y europeos suscritos por España. Tanto Naciones Unidas, a través del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (2005), como el Consejo de Europa a través de la Carta de la Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos (2010), recomiendan a los Estados la introducción de esos contenidos en los currículos educativos de todos los niveles. España había firmado todos estos acuerdos, que ahora incumple.
Difícil ha sido siempre entender la polémica que suscitó la asignatura en el momento de su aparición, hubo entonces cuatro comunidades autónomas (La Rioja, Castilla y León, Madrid y Murcia) que en sus normas autonómicas para el desarrollo de la asignatura suprimieron del currículo algunos de los contenidos previstos por la Ley Orgánica de Educación (LOE) y algunas familias, alentados por estos y otros gobiernos autonómicos de determinado signo político y por la Conferencia Episcopal, presentaron demandas reclamando el derecho a la objeción a cursar ECD.
Sin embargo, hay que decir que el currículo para la asignatura de ECD contenido en la LOE asumía en conjunto las metas mínimas marcados por Naciones Unidas y el Consejo de Europa. No hay nada en él que sea ajeno a la proclamación de los derechos humanos. Incluso el comisario europeo para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks, en su visita de valoración a España el pasado año, dijo no entender la polémica suscitada por algunos medios y se mostró “preocupado porque pudieran desaparecer o diluirse contenidos que son esenciales para los estudiantes”.
Si difícil fue entender aquella polémica, mucho más difícil se hace ahora entender cómo se quiere imponer una ley que precisamente deja de dotar a la ciudadanía de un sistema educativo que vele por su formación en la defensa de sus Derechos Fundamentales, una ley que es claro ejemplo de cómo se menosprecia el valor esencial de la Educación, una ley que entre otros muchos atropellos proclama que en las escuelas no hay que formar para el ejercicio de la ciudadanía activa, ni para el reconocimiento y la defensa de los derechos. Al desaparecer los contenidos de derechos humanos, el Gobierno está además menospreciando sus propios compromisos, por ejemplo sobre prevención y rechazo de la homofobia o las previsiones de la ley contra la violencia machista, que establece que se deben promocionar los derechos humanos de las mujeres en la escuela.
La implantación en 2008 de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Primaria y Secundaria supuso un primer paso en la dirección correcta hacia la creación de una cultura en derechos humanos dentro de las aulas. Faltaba aún dar otro paso más con la inclusión de asignaturas obligatorias en materia de derechos humanos en la educación universitaria, pues de hecho ni siquiera en los planes de estudio de las titulaciones de Pedagogía, Magisterio y Ciencias de la Educación se incluye como obligatoria la educación en derechos humanos, compromiso contraído también ante los organismos europeos e internacionales. Pues bien, el actual gobierno, mediante la nefasta Ley Wert no sólo no ha cumplido este compromiso, sino que además ha derogado la asignatura que ya existía en Primaria y Secundaria. Volvemos así a la situación de años pasados en que los derechos humanos no existían en el currículo educativo.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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