El Estado debe intervenir más en la economía

¿Necesitamos más o menos Estado? ¿Necesitamos un Estado que intervenga en la economía u otro que simplemente deje funcionar las reglas del mercado? ¿Necesitamos más o menos impuestos a los que más tienen? Las respuestas a estas preguntas dependen de los intereses que se pretenda defender. Las respuestas dependen de la ideología con la que queramos ver la realidad que nos rodea. Porque lo que está claro es que no hay una respuesta “objetiva”, es decir, satisfactoria para todos.

Desde los años 80 del siglo XX se ha impuesto una visión de la realidad, una ideología, que pretendía convencernos de que la ciencia económica indicaba que hacía falta menos Estado. Que era suficiente con dejar funcionar los mecanismos del mercado y el papel del Estado era solamente garantizar la propiedad privada. El resto de las cosas no deberían preocupar al Estado. En esa visión, se debería rebajar el tamaño del Estado, rebajar los impuestos que mantienen los servicios públicos correspondientes y dejar, por consiguiente, ese dinero en los bolsillos de los ciudadanos.

Pero la experiencia de las últimas décadas, y en particular de las dos últimas crisis, indica que rebajar el tamaño del Estado, rebajar los servicios públicos, rebajar los impuestos recaudados beneficia fuertemente a los grupos con más recursos económicos y aumenta la desigualdad. Además, hay determinados servicios públicos completamente necesarios porque el mercado no es capaz de proporcionarlos. La atención a los ciudadanos en la crisis de la COVID 19 del sistema público de salud ha sido buena muestra de ello. El sistema privado se declaró ausente porque no lo consideraba rentable. Llegando, incluso, a cerrar hospitales en medio de la pandemia.

La discusión sobre más o menos Estado, más o menos impuestos a los que más tienen, está totalmente vigente.

¿Cómo pagamos los servicios públicos? La respuesta implícita es: que los pague el que pueda, el que tenga los recursos económicos para ello

El Partido Popular Español ha reducido aún más el IRPF en la comunidad de Madrid convirtiéndola en un paraíso fiscal dentro de España para hacer dumping fiscal al resto de las autonomías y atraer a las grandes fortunas. En Andalucía, el PP sigue la senda del de Madrid y elimina el impuesto al patrimonio que pagaban los 20.000 contribuyentes más ricos. Nos llevan a una espiral de bajada de impuestos para que los más ricos “no se vayan”. El actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ve bien el impuesto a las eléctricas o a la banca por los beneficios caídos del cielo. Tampoco ve bien que se intervenga el mercado eléctrico con el tope al gas.

El PP quiere rebajar impuestos de todos los tipos, sobre todo, a las grandes fortunas. Pero entonces, ¿cómo pagamos los servicios públicos? La respuesta implícita es: que los pague el que pueda, el que tenga los recursos económicos para ello. Esta política producirá claramente un aumento aún mayor de la desigualdad. En particular, quieren eliminar el Impuesto al Patrimonio con el argumento de que es una doble imposición. Que ya con el IRPF, que también quieren bajar y lo han bajado en Madrid, es suficiente. Pero el Impuesto al Patrimonio, como el de Sucesiones o Donaciones, tiene otros fines. Busca la redistribución de la riqueza. El impuesto se paga porque se tiene patrimonio, no por los ingresos anuales que se puedan tener. Desde mi punto de vista, este impuesto debería subir, en vez de bajar o desaparecer, para poder proporcionar oportunidades a los que no tienen nada en la línea propuesta por Piketty.

Pero no todos los miembros del Partido Popular europeo piensan lo mismo. La dirigente del Partido Popular Europeo, y presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, defiende “equilibrio” entre economía de mercado y la responsabilidad con los ciudadanos mandando un mensaje de la necesidad que las eléctricas y los bancos arrimen el hombro. Los populares españoles son los que defienden con más ardor los intereses de las grandes fortunas, los intereses de los bancos y de las grandes eléctricas.

En España estamos entrando en una verdadera tómbola fiscal entre comunidades: Murcia y Galicia se suman a Andalucía. El presidente andaluz insiste en equiparar fiscalmente Andalucía a la Comunidad de Madrid. Ahora, junto a la eliminación del impuesto al patrimonio, ha deflactado los primeros tramos de la tarifa autonómica y aumentado los mínimos personales y familiares exentos de tributación. Las nuevas medidas sitúan a Andalucía como la segunda comunidad con menor fiscalidad, sólo por detrás de Madrid. Como vemos ha rebajado algo el IRPF a las rentas bajas y ha quitado todo el impuesto al patrimonio alas rentas altas. Defiende que hay que bajar todos los impuestos.

Otras comunidades se están sumando a la rebaja de impuestos. Valencia, que criticó esta medida, baja el IRPF a las rentas de menos de 60.000 euros, y si embargo pide dinero al Estado. Cantabria está pensando en algo similar. El socialista Lambán abre la puerta a deflactar el IRPF en Aragón tras el anuncio de Ximo Puig. País Vasco deflacta su IRPF por segunda vez en 2022, esta vez un 4%.

Por suerte, el Gobierno de España tiene una visión más cercana a los intereses de la mayoría: ha propuesto un tope al precio del gas que está bajando las facturas de la mayoría, está proponiendo la reforma del mercado eléctrico europeo e impuestos para las eléctricas y los bancos. Estas ideas del Gobierno español están siendo apoyadas por una amplia corriente en Europa.

Hay que pedir al Estado que se convierta en emprendedor en la línea propugnada por Mariana Mazzucato, hay que pedir que cree las empresas públicas necesarias para poder satisfacer las necesidades de la mayoría

Pero el Gobierno debe hacer más en esta competencia autonómica por bajar impuestos. El Gobierno no está haciendo lo suficiente. . En particular el Partido Socialista ha entrado en la batalla por bajar impuestos en algunas de las comunidades que gobierna y esto envía un mensaje muy negativo. El Gobierno debe abordar de una vez por todas la armonización fiscal de las comunidades autónomas. Es decir, debe fijar unos mínimos a los impuestos, como el del Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y otros, cedidos a las comunidades autónomas. Y debe abordar una reforma fiscal, como prometió, a principio de la legislatura, que aumente el IRPF a las rentas altas. Si no lo hace, está colaborando, implícitamente, en esta batalla por bajar impuestos que llevará al deterioro de los servicios públicos.

Debemos ser más ambiciosos. Debemos hacer que el Estado lleve a cabo más medidas en defensa de los intereses de la mayoría. Hay tareas que nunca podrá abordar el sector privado. No las podrá abordar porque el sector privado solo piensa en la rentabilidad a corto plazo y nunca en una rentabilidad para todos y a largo plazo. Veamos algunas de esas posibilidades.

Ya se ha comentado, y no lo voy a repetir, que se necesitan más impuestos para reforzar la atención primaria de la sanidad pública, para garantizar la calidad de la educación primaria y secundaria obligatoria, para impulsar la investigación nacional, para atender a nuestros mayores, etc.

Pero no es suficiente con aportar recursos públicos y esperar que el sector privado los gestione. Hay que pedir al Estado que se convierta en emprendedor en la línea propugnada por Mariana Mazzucato, hay que pedir que cree las empresas públicas necesarias para poder satisfacer las necesidades de la mayoría. Solo el Estado puede hacerlo desde una perspectiva a largo plazo.

El Estado debe poner en marcha una línea de viviendas públicas, para adquirir o alquilar, que hagan posible el acceso a la vivienda a las generaciones jóvenes. Pero no puede contentarse con diseñar una línea de ayudas al sector privado

Actualmente, estamos viviendo los problemas derivados del incremento de los precios de la electricidad y del gas y los problemas asociados al cambio climático. Estamos viendo cómo las grandes compañías eléctricas, petroleras y de gas están obteniendo beneficios caídos del cielo y, sin embargo, dejamos en sus manos los saltos hidráulicos, las centrales nucleares y la red de distribución eléctrica de baja tensión. Necesitamos una empresa pública que vaya tomando en sus manos la gestión de las centrales hidráulicas y las nucleares a medida que venza el plazo en el que está cedida su gestión a empresas privadas. Es necesario hacer que la red de baja y media tensión vuelva a ser pública y esto facilite e incentive la evacuación de las instalaciones privadas de paneles solares. Posiblemente, no hay que crear una nueva empresa pública, solo reorientar alguna de las existentes.

El sector bancario se está concentrando. Está reduciendo oficinas y sobre todo las está reduciendo en la España vacía. El sector bancario está aumentando las comisiones y disminuyendo las oficinas y, dentro de ellas, las horas de atención al público. Es necesario una banca pública donde la mayoría pueda tener su nómina o sus pequeños ingresos, que pueda proporcionar tarjetas de crédito y medios de pago a la mayoría de la población y que tenga oficinas y personal para atender presencialmente u online a los ciudadanos que actualmente ven como van cerrando las que tenían los grandes bancos privados. La banca pública puede dar muchos más servicios en los que no entramos aquí.

Si definitivamente queremos tener un Estado para la mayoría, éste debe empezar a abordar también algunos de los grandes problemas acuciantes. Se reconoce que no hay viviendas a las que puedan acceder las nuevas generaciones y los alquileres están subiendo de forma desproporcionada. Cada vez está más claro que el sector privado no puede resolver este problema. El Estado debe poner en marcha una línea de viviendas públicas, para adquirir o alquilar, que hagan posible el acceso a la vivienda a las generaciones jóvenes. Pero no puede contentarse con diseñar una línea de ayudas al sector privado. Tiene que encargar a una empresa pública que avance con pasos concretos en esta dirección. Para ello debe dedicar una partida clara en los presupuestos.

Para todas estas cosas hacen falta recursos. Por eso hacen falta los impuestos.

Pero además de recursos, hacen falta servidores públicos, funcionarios o no, concienciados de la tarea. Actualmente, el sector funcionarial, y particularmente los altos funcionarios, es un sector privilegiado de la sociedad por la estabilidad en el empleo, porque sus salarios son superiores a la media, etc. Debemos convencer a los ciudadanos de que son necesarios esos servidores públicos. Pero para ello es necesario abordar una reforma del estatus de los funcionarios que permitan ser evaluados según su desempeño y en esta evaluación participen los ciudadanos a los que atienden. Una evaluación que tenga repercusión en su salario y, en su caso, la posibilidad de despido si su evaluación es muy negativa. Aquí incluyo no solo a los funcionarios de la administración general del Estado y administraciones autonómicas, también incluyo a los funcionarios de la sanidad, las universidades, los de la enseñanza primaria y secundaria, etc. Si queremos convencer a los ciudadanos de que sus impuestos se están usando adecuadamente, tenemos que abordar esa evaluación de los servidores públicos. Esto al principio puede ser difícil, pero hay que empezarlo.

¿Necesitamos más o menos Estado? ¿Necesitamos un Estado que intervenga en la economía u otro que simplemente deje funcionar las reglas del mercado? ¿Necesitamos más o menos impuestos a los que más tienen? Las respuestas a estas preguntas dependen de los intereses que se pretenda defender. Las respuestas dependen de la ideología con la que queramos ver la realidad que nos rodea. Porque lo que está claro es que no hay una respuesta “objetiva”, es decir, satisfactoria para todos.

Desde los años 80 del siglo XX se ha impuesto una visión de la realidad, una ideología, que pretendía convencernos de que la ciencia económica indicaba que hacía falta menos Estado. Que era suficiente con dejar funcionar los mecanismos del mercado y el papel del Estado era solamente garantizar la propiedad privada. El resto de las cosas no deberían preocupar al Estado. En esa visión, se debería rebajar el tamaño del Estado, rebajar los impuestos que mantienen los servicios públicos correspondientes y dejar, por consiguiente, ese dinero en los bolsillos de los ciudadanos.