La ILP de las Mareas Blancas, la quita de la deuda andaluza y 533 millones de euros para malgastar

Hace ya más de un año, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) se propuso establecer una estimación del desfase (déficit) presupuestario que, pensábamos, se venía dando para con la sanidad pública de nuestra Comunidad. Aunque el déficit venía de antes, se decidió hacer la estimación desde la denominada crisis financiera de 2008; ya recordarán, los bancos quebraron por sus propias malas prácticas y, en España y Andalucía, su agujero económico se tapó con préstamos abonados mediante importantes recortes del estado del bienestar de la gente, la sanidad, la educación, etc. 

Pues bien, usamos ese hito para hacer nuestro cálculo, tomando el presupuesto de la sanidad pública andaluza de 2009 como el último no afectado por los recortes y añadimos la diferencia habida en el Índice de precios al consumo correspondiente a cada año hasta la actualidad, para así construir una serie temporal de datos de referencia. Era un intento de establecer cuál hubiera sido el presupuesto de la sanidad pública andaluza de cada año si no hubiera habido recortes. Estos datos ideales se compararon con los presupuestos reales aprobados por los gobiernos andaluces cada año y establecimos qué cantidades se habían recortadas y hasta cuando lo habían sido.

¿Saben lo que descubrimos con el cálculo descrito? 1) los recortes han durado hasta ahora (2024) y 2) los recortes de estos 15 años (2010-2024) sumados alcanzan algo más de 19.000 millones de euros. Así que la CAMB, desde hace un año, viene defendiendo la exigencia de la devolución de una deuda histórica de la sanidad pública andaluza de 19.000 millones de euros. Por ese motivo, al redactar nuestra reciente Iniciativa Legislativa Popular que, avalada por la firma de 57.209 personas, se ha presentado hace unos días ante las autoridades, se incluyó en su texto la cantidad de 19,000 millones de euros, repartidos en varias anualidades, como necesaria para reforzar y blindar el correcto desarrollo de nuestra Sanidad Pública.

También estos días, se ha conocido la decisión de Moreno Bonilla de no aceptar la quita de la deuda andaluza ofrecida por el Gobierno de España. Es decir, si fuera aceptada dicha quita, no se tendría que devolver esa parte de la deuda. Curiosamente, la cantidad de la quita está también en torno a los 19.000 millones de euros. Justicia poética de los números: los andaluces necesitamos una sanidad pública consolidada financieramente y el Gobierno de España propone una fórmula que lo facilitaría con claridad.

Pero no, no va a ocurrir. Moreno Bonilla, su Gobierno y las fuerzas que lo apoyan están en otra cosa. Desestiman disminuir la deuda andaluza por pura oposición política. Realmente, ellos están en la deriva política neoliberal, una doctrina que propone que el poder no está para facilitar el bienestar de los ciudadanos, sino el de la empresa privada. En el caso de la sanidad, la aplicación de esta política les está llevando a la privatización creciente de nuestra Sanidad Pública.

Nuestra propuesta es mejor para la ciudadanía porque, además de aumentar las plantillas de profesionales sanitarios públicos mediante contratos dignos, redundaría en resultados clínicos de mayor calidad. Pero, además, lo más sorprendente entonces y ahora, es que al evaluar económicamente esta actuación resulta que es más barata que el concierto planteado a las clínicas de medicina privada

Es por eso que Moreno Bonilla, desde su llegada, además de mantener la deficitaria y recortada financiación de la sanidad pública andaluza, se ha empeñado con ahínco en depredar sus recursos. La CAMB ha identificado hasta cuatro mecanismos puestos en marcha por el actual gobierno para desarrollar el proceso de privatización:

1) No solucionar e incluso empeorar con su gestión el deterioro de los servicios sanitario públicos (actualmente, 10 días o más para Atención Primaria y demoras inaceptables en gran cantidad de casos, para consultas con otros especialistas, pruebas diagnósticas y cirugía), para, de ese modo, promover que, el que pueda, contraiga seguros privados.

2) Aumentar enormemente la derivación de pacientes al sector privado, con claros sobrecostes y con la pérdida de calidad asistencial consiguiente.

3) Incrementar los gastos de compra del SAS al sector privado, disminuyendo los niveles y sistemas de control del gasto (algunos aspectos de estos dos últimos puntos se encuentran actualmente judicializados por denuncias en trámite).

4) La concesión del complemento de exclusividad con otro nombre a los facultativos que, además de para el SAS, trabajan también en clínicas privadas; una clara ayuda a la escasa nómina que se cobra en ese sector.

Aparte de otras medidas privatizadoras complementarias.

Es conveniente subrayar que la mayor parte de los beneficios de la privatización de la sanidad pública andaluza recaen sobre empresas (grandes farmacéuticas, consorcios de medicina privada, constructoras, etc.) que no son andaluzas, ni siquiera españolas. Se trata de dinero para multinacionales. Lo manda la doctrina neoliberal. En resumen, hacer todo lo posible para reducir e incluso hacer desaparecer el sistema de bienestar público y volver todo mercancía y, con ello, generar lucro para el capital privado.

En este sentido, la última decisión de Moreno Bonilla es ofrecer contratos a clínicas privadas para realización de cirugía menor por valor de 533 millones de euros en dos años, ampliables. Ante una propuesta similar, en 2023, la CAMB propuso una solución mejor para resolver la demora quirúrgica. En resumen, se trata de la puesta en marcha de un turno de tarde en 20 hospitales públicos, lo que supondría la contratación de personal sanitario adicional para las especialidades involucradas por dos años. Nuestra propuesta es mejor para la ciudadanía porque, además de aumentar las plantillas de profesionales sanitarios públicos mediante contratos dignos, redundaría en resultados clínicos de mayor calidad. Pero, además, lo más sorprendente entonces y ahora, es que al evaluar económicamente esta actuación resulta que es más barata que el concierto planteado a las clínicas de medicina privada. Lo eficiente, por tanto, sería usar esos 533 millones de euros en los centros y con personal de la sanidad pública.

Aunque la demora quirúrgica es un tema acuciante, no es el problema más importante de nuestra sanidad pública. El problema fundamental reside en el colapso y pérdida de la continuidad asistencial y del papel preventivo de la Atención Primaria.

En este punto, una aclaración se vuelve necesaria: aunque la demora quirúrgica es un tema acuciante, no es el problema más importante de nuestra sanidad pública. El problema fundamental reside en el colapso y pérdida de la continuidad asistencial y del papel preventivo de la Atención Primaria. Esto es así porque es bien sabido que la Atención Primaria es la que resuelve el 85% de los problemas de salud de la población, incluida la atención a los procesos crónicos y la disminución de la mortalidad de los ciudadanos. En este sentido, hay que tener en cuenta que Andalucía es la Comunidad con la esperanza media de vida más baja y la tasa de mortalidad ajustada más alta de España (Informe del Ministerio de Sanidad, 2023). 

En definitiva, a Moreno Bonilla no le interesa aligerar la deuda andaluza (2.284,5 € de disminución por cada andaluz) para disponer de mayores recursos para usarlos en el bienestar de los ciudadanos, por ejemplo, mejorando la Sanidad Pública, ni tampoco le importa mucho pagar sobrecostes a las clínicas privadas, cuando ese dinero en el sector público daría mejores resultados. Moreno Bonilla sigue sin pestañear los dictados del credo neoliberal, que le lleva a favorecer exclusivamente a las empresas privadas y, mientras más grandes, mejor. Y es capaz de decir sin pudor que la sanidad pública en el futuro no será sostenible y, al mismo tiempo, rechazar la quita de la deuda andaluza que, de ser aceptada, podría permitir reforzar extensamente nuestro sistema sanitario. De todos estos hechos, se deduce nítidamente que la acción política del actual gobierno andaluz está desmantelando el Sistema Sanitario Público de Andalucía, perjudicando con ello, notablemente, a la gran mayoría de sus ciudadanos. No hay más que ver que los resultados de su gestión sanitaria son desastrosos. En el fondo y al final, de lo que se trata es de sustituir un sistema que garantiza la mejor salud posible para todos, por otro en el que la salud dependa del nivel económico de cada cual.

Por último, es importante que sepan que estudios de gran calidad, publicados en algunas de las mejores revistas de ciencia médica, demuestran que tanto en Italia como en el Reino Unido la derivación de fondos de la sanidad pública al sector privado, se asocia a aumentos de la mortalidad evitable y  tratable de la población. Un concepto esencial en Salud Pública y Epidemiología Social es el de cautela. Ante una política que puede provocar daño social evidente, es obligado su desestimación. Pero para Moreno Bonilla, ese concepto no vale ante la posibilidad de favorecer al sector privado. Por ello, pedimos a los ciudadanos que se informen bien de lo que está pasando con nuestra sanidad pública y obren en consecuencia. No podemos consentir que nos quiten nuestro derecho igualitario a la salud para beneficiar el ánimo de lucro de unos pocos. ¿Será necesario ver aumentar la mortalidad en Andalucía para cambiar esas políticas?

José Antonio Brieva Romero, ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas