'Impedo, ergo impero'

El Ayuntamiento de Sevilla ha sentado a Adepa en la Comisión Local de Patrimonio, y parece que se prepara su entrada en la Comisión Provincial del ramo. Cosas veredes, Mio Cid, unas administraciones públicas se subordinan voluntariamente a los designios y criterios de una entidad privada. Y no cualquiera, sino una que las menosprecia, y que nació con el objetivo implícito de corregirlas y suplantarlas.

En efecto, la fundación de Adepa implica, directamente, una desconfianza ofensiva –demostrada, además, en sus actuaciones– hacia las administraciones culturales. Conlleva el postulado de incompetencia o insuficiencia de la propia administración pública del patrimonio histórico. De modo que estas iniciativas tienen todas las características de una dejación de funciones, y de sometimiento indebido a los criterios de una institución privada y a su ideología, frente a otros planteamientos igualmente legítimos que cuentan con una dilatada, ejemplar y prestigiosa ejecutoria en obras de rehabilitación y reutilización de edificios del patrimonio histórico y artístico, no sólo en España, sino en todo el mundo. Y con ello conculcan derechos de los administrados, y los somete a la opinión de una entidad privada, y bajo privilegio otorgado a sus designios, que no tienen por qué prevalecer, a priori, sobre otros igualmente válidos y defendibles.

La doctrina que exhibe Adepa en sus actuaciones responde a una concepción arqueologista de la conservación de los edificios, no siempre compatible con su reutilización, y en la que prevalece la idea del edificio como museo de sí mismo. Esta idea es, por supuesto, lícita, aunque más que discutible, y de aplicación limitada. No lo es la pretensión de Adepa de imponer su concepción como un dogma y convertirla en normativa, en perjuicio de la concepción, no menos legítima, ni menos legal –que Adepa persigue deslegitimar y erradicar– de que los edificios legados por la historia pueden y deben seguir acogiendo usos y actividades actuales, postulado indiscutible no sólo por su propia racionalidad y tradición históricas, sino por su evidente sentido de la realidad. 

La necesidad de Adepa de acaparar, y sostener, su inadmisible primacía en esta materia, la lleva irremediablemente al fundamentalismo

De hecho, la rigidez de las protecciones legales, y su arbitrariedad, alejan a los inversores privados de la rehabilitación y reutilización de edificios. Las dimensiones del patrimonio edificado que se quisiera conservar son tales, que no hay recursos públicos para abordar su rehabilitación arqueológica, ni funciones públicas para su reutilización, que en todo caso requerirían mayor flexibilidad y definición de las protecciones. Por eso las listas del patrimonio en peligro de ruina son tan prolijas. La protección, conservación y mantenimiento del patrimonio edificado requieren la aportación masiva de recursos privados, y para eso, la doctrina de Adepa es insuficiente. De ahí su limitación.

Por otra parte, la necesidad de Adepa de acaparar, y sostener, su inadmisible primacía en esta materia, la lleva irremediablemente al fundamentalismo. La cantidad de ciudadanos favorables a la protección de valores edificatorios patrimoniales es enorme: somos todos. ¿Cómo ser los prevalentes? Pues llevando al extremo las posiciones conservacionistas, y pretendiendo imponerlas contra viento y marea. Su doctrina es dogma, y quienes no la suscriban, herejes.

La doctrina patrimonial-arqueologista de Adepa es, pues, contraria a los objetivos que declara. De ahí que la señalemos como limitada, aplicable sólo excepcionalmente allí donde se cuente con la titularidad y los recursos públicos suficientes. La tozudez de Adepa en su integrismo no busca sino constituirse en poder ejecutivo y árbitro de las concesiones de licencia, y es, sencillamente, inaceptable. Como también lo son las justificaciones que pretexta el Ayuntamiento para otorgarle esta discriminación privilegiada, tales como, según lo reconoce, en inadvertidas expresiones de vasallaje, el propio gerente de Urbanismo, que propone el nombramiento de esta asociación dentro de la Comisión para que tenga “a partir de ahora un papel más ejecutivo”, y “un mayor protagonismo en la evaluación de los proyectos”, o porque “permitirá que sus conocimientos y perspectivas sean considerados en la toma de decisiones sobre proyectos y actuaciones que afecten al patrimonio de la ciudad”. Adepa impone su ley, que parece obedecer al dogma metódico: impedo, ergo impero; entorpezco, luego mando.

Adepa no tiene más autoridad en materia de patrimonio que la que ella misma se ha atribuido en el registro de asociaciones correspondiente

Pero, ¿se puede saber qué interés general se beneficia de que Adepa tenga un papel ejecutivo que en modo alguno le corresponde? ¿O qué necesidad pública satisface que Adepa tenga un mayor protagonismo en la evaluación de los proyectos? ¿Y de que sus conocimientos y perspectivas sean considerados en las decisiones sobre proyectos y actuaciones, etc., para lo que Adepa debería ser considerada incompatible?

Adepa no tiene acreditados, ni reconocidos por título alguno, tales conocimientos y perspectivas, ni menos aún autoridad reconocida en ella, que pueda justificar tal otorgamiento y dejación de competencias municipales y regionales. Adepa no tiene más autoridad en materia de patrimonio que la que ella misma se ha atribuido en el registro de asociaciones correspondiente.

El acervo de Adepa no son los conocimientos que puedan tener sus componentes sino su ideología que, en tanto dominante y aplicada extensivamente, es la causa de la ruina y abandono de la mayor parte del patrimonio edificado existente. Una ideología cuya incidencia en el patrimonio, lejos de ser protectora, es parasitaria.