Incendios forestales: ciencia frente a coartadas políticas

Se reconoce en ciencia la existencia de los fenómenos complejos, uno de los cuales es el de los incendios forestales. La multiplicidad de facetas del fuego y su interdependencia obligan a adoptar un esquema ordenado para acercarnos a él, so pena de perder de vista las relaciones existentes entre ellas. Se seguirá pues un esquema cronológico, desde el contexto físico y humano hasta la extinción.

El comportamiento del fuego forestal y su evolución vienen condicionados, en la Península Ibérica, por la mayor incidencia de la emergencia climática (según el IPCC, España y Portugal serán los Estados más afectados de Europa), y por la despoblación, despoblamiento (pérdida de lugares habitados) y envejecimiento rurales.

La temporada se ha visto marcada por la peor combinación meteorológica posible: otoño lluvioso y verano temprano y muy seco y cálido. lo primero suele darse en las montañas nor y centrooccidentales (vertiente norte), abiertas a la influencia atlántica. Lo segundo, en el contexto de emergencia climática (olas de calor más frecuentes, prolongadas y profundas), va a ser cada vez más común en un cuadrante noroccidental peninsular cuyos ecosistemas y usos del suelo no están tan adaptados a ello como los meridionales y mediterráneos.

En la parte positiva, un otoño excepcionalmente húmedo se produce en el ejercicio presupuestario anterior a la temporada de incendios, lo que permite dotar suficientemente actuaciones de prevención acordes con el riesgo esperado. Convendría pues cierta flexibilidad de la legislación, para que esto pudiera hacerse aún sin presupuestos aprobados. Los grandes incendios se asocian también, en el SW peninsular, a condiciones específicas –bajas térmicas estabilizadas (constatado para Andalucía y sur de Portugal)– cuya frecuencia está también tendiendo a aumentar por el cambio climático.

En materia de prevención, la limpieza del monte y buen estado de medios de defensa pasiva como los cortafuegos son necesarios, pero no suficientes frente a incendios de sexta generación, se requieren también otras medidas

Se ha transmitido a la opinión pública la conveniencia de sustituir el debate político por una política común para todo el Estado, así como la declaración de emergencia nacional y unificación del mando operativo de la lucha. Sobre lo primero, nada más lejos del espíritu de la democracia, y de la propia organización social: la discusión ciudadana sobre cómo solucionar los problemas. En cuanto a lo segundo, los espacios forestales españoles son variadísimos, por lo que resulta más adecuada una gestión regional. Conviene recordar además que, en el caso de los incendios, la coordinación entre los sistemas de lucha ha sido siempre muy completa no solo a nivel interregional, sino también transfronterizo.

El nivel político, en cualquier caso, no es aséptico, viéndose afectado por la perspectiva ideológica. El negacionismo climático (que tiene también un componente de complejo de superioridad del político –del que detenta el poder– sobre la información empírica ofrecida por la ciencia) se traslada a las políticas forestales, especialmente en gobiernos regionales en los que participa Vox, que manifiesta especial preferencia por controlar los departamentos de política rural cuando entra a formar parte de ellos. Y mientras Vox siga ganando votos en las encuestas, la política del PP continuará negando, de facto, la emergencia climática y, con ello, reduciendo la dotación de políticas paliativas de sus efectos.

Algún portavoz de asociaciones de propietarios rurales ha afirmado la coincidencia entre ocurrencia de grandes incendios y protección de espacios naturales. Este sesgo, al menos en Andalucía y sur de Portugal, no existe, más allá de que, obviamente, al estar constituidos dichos espacios, en su mayor parte, por suelos forestales, son más afectados por incendios que comarcas agrícolas.

En materia de prevención, la limpieza del monte y buen estado de medios de defensa pasiva como los cortafuegos son necesarios, pero no suficientes frente a incendios de sexta generación. Se requieren también otras medidas. En primer lugar, el refuerzo de la inspección, en un país con tanto monte privado como España. Pero también hacer subir un nivel a la ordenación del territorio, combinada con incentivos locales, para romper la continuidad de masas con mucha carga de combustible y poco mantenimiento, fomentando formaciones forestales resilientes a la generación de grandes incendios (la dehesa), y una estructura en mosaico del paisaje, sobre las masas favorecedoras de ellos (eucaliptales).

La existencia de delitos contra el medio ambiente no es una concesión woke a medios de presión próximos a la izquierda, sino una realidad palpable en el caso de los grandes incendios

Esto choca con la sacralización de la libertad de uso del suelo por el propietario, pero es una restricción que ya opera en el caso del urbano. A nivel municipal, también el planeamiento urbanístico tiene un papel en la limitación de la expansión del residencial aislado en zonas forestales, que aumenta tanto el riesgo de producción de incendios como su impacto. Finalmente, los municipios han de realizar y ejecutar, asistidos por las Diputaciones, sus propios planes de prevención.

La propuesta de un registro nacional de pirómanos ha sido el culmen de la coartada de la intencionalidad, tan del gusto de los presidentes regionales en estos tiempos en los que la solución de los problemas quiere reducirse a buscar un culpable, siendo además una medida inútil, ya que los pirómanos son conocidos y suelen actuar en ámbitos locales. El abuso de esta figura se produce también a nivel estadístico (vid. Los incendios forestales en España: MAPA, 2019).

Las causas del incendiarismo proceden del propio medio rural, siendo muy infrecuentes fuegos por motivaciones exógenas, como la inmobiliaria (aún no se ha autorizado cambio del uso forestal por interés público de un suelo incendiado, vigente desde 2015), pues el fuego destruye uno de los principales reclamos de las operaciones inmobiliarias de segunda residencia en suelo forestal: el atractivo natural y paisajístico. Por el contrario, sí se han constatado casos de provocación de incendios para expandir agricultura intensiva bajo plástico.

No falta investigación policial sobre autoría de incendios (aunque decisiones como externalizarla a empresas privadas –Extremadura– suponen un precedente a desechar), sino reticencias por parte de un sector de la judicatura y de partidos políticos (la existencia de delitos contra el medio ambiente no es una concesión woke a medios de presión próximos a la izquierda, sino una realidad palpable en el caso de los grandes incendios: pérdida de vidas, actividades económicas, infraestructuras y presupuesto público, no solo de naturaleza y paisajes) que minusvaloran los delitos contra el medio ambiente.

Finalmente, acerca de la escasez de medios, y sin negarla, hay que alertar de la falsedad de la creencia, de raíz judeocristiana y occidental, de la plena superioridad del ser humano sobre la naturaleza, inaplicable en catástrofes naturales

La evaluación de la respuesta a los grandes incendios de este verano debe atender al sistema de detección temprana (el de cámaras puesto en marcha por la Junta de Castilla y León no parece haber sido eficaz) y a la inmediatez de la primera intervención de los efectivos de lucha, capital para evitar el progreso de foco a gran incendio. No obstante, no hay mejor detector temprano del riesgo de gran incendio que los fuegos naturales (rayos).

Finalmente, acerca de la escasez de medios, y sin negarla, hay que alertar de la falsedad de la creencia, de raíz judeocristiana y occidental, de la plena superioridad del ser humano sobre la naturaleza, inaplicable en catástrofes naturales, como ha ocurrido con estos incendios de perímetros y frentes de fuego extralargos. Establecido esto, hay que recordar el beneficio, empíricamente comprobado, de la profesionalización y estabilidad contractual de los bomberos forestales.

Resultó cuanto menos sorprendente la petición de la Xunta de Galicia de todos los medios aéreos del Sistema Europeo, con grandes fuegos en curso en Castilla y León, Extremadura y Portugal, y la apelación a la involucración de personal no formado (Ejército, y personas contratadas de manera urgente por la concesionaria privada del servicio en Castilla y León), lo que supone un riesgo cierto para sus vidas en el entorno de un gran incendio.