El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, prometió hace cinco meses en su discurso de investidura una especie de renta mínima enfocada a erradicar la pobreza infantil, que afecta al 43% de los menores en esta comunidad. El proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2023, que supera los 45.000 millones de euros, no tiene consignada una partida concreta para esta medida y la Junta no prevé aprobarla antes de que finalice el año, como prometió Moreno.
La organización Save the Children Andalucía ha enviado a los grupos políticos del Parlamento autonómico una propuesta de enmiendas a los Presupuestos de 2023, que busca comprometer al presidente andaluz con aquella promesa, esto es, que actualice la llamada Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, una nueva prestación de la Junta, para que sea compatible con el ingreso mínimo vital, “con el objetivo principal de erradicar la pobreza infantil”.
Preguntado al respecto, el portavoz del Gobierno autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha dejado la puerta abierta a incluir esta reclamación en los Presupuestos andaluces si los grupos parlamentarios la hacen suya en el trámite de enmiendas parciales. El consejero portavoz ha reconocido que las cuentas presentadas “no son un texto perfecto” y que la mayoría absoluta del PP “no da la infabilidad absoluta”. Luego ha admitido que las enmiendas que sean positivas y sirvan para “corregir problemas” se aceptarán y se incluirán en el proyecto de ley. Moreno ha dado la consigna a sus consejeros de que acepten enmiendas de todos los grupos de la oposición para demostrar que, pese a su mayoría absoluta, “no gobiernan con un rodillo”.
La consejera de Inclusión Social e Igualdad, Dolores López, aseguró en su primera comisión parlamentaria, el pasado 8 de septiembre, que su departamento promoverá un proyecto de ley que adapte la Renta Mínima de Inclusión Social de Andalucía para complementarla con el Ingreso Mínimo Vital. Y Save the Children pone fecha a ese compromiso, diciendo textualmente en su enmienda de adición propuesta: “En el plazo de cuatro meses de la entrada en vigor de la presente Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, el Consejo de Gobierno remitirá al Parlamento de Andalucía un proyecto de Ley que supere el Decreto-Ley 3/2017 del 19 de diciembre (Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía) y regule la introducción de una nueva prestación social de ámbito autonómico con el objetivo principal de erradicar la pobreza infantil en nuestra Comunidad Autónoma, y dotando la misma de los fondos suficientes para que sea compatible y complementaria a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital”.
La organización por los derechos de la infancia argumenta que las cifras de pobreza severa en Andalucía, en particular la tasa de pobreza severa infantil, “ya recogen los devastadores efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida de la población andaluza”. Según la última ECV del año 2021, 439.000 niños y niñas viven por debajo del umbral de la pobreza relativa y 240.000 por debajo del umbral de la pobreza severa. Además,180.000 viven en hogares con carencias materiales severas, como, por ejemplo, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener la posibilidad de comer cada dos días carne o pescado, según se recoge en la propuesta de enmienda.
“Para avanzar hacia los objetivos de integración social y de lucha contra la pobreza incluidos en la Agenda 2030, y para actuar en conformidad con las indicaciones de la Comisión Europea sobre las rentas mínima en los países miembros, es necesario que se supere el actual modelo autonómico de prestaciones sociales y se dote a la ciudadanía de una nueva prestación social, dotada con recursos suficientes y que sea compatible y complementaria al Ingreso Mínimo Vital”, añade Save the Chidlren.
Se trata de una cuestión que viene de atrás. Para Save, la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía “nunca fue realmente una herramienta útil y eficaz para luchar contra la pobreza, en general, y la infantil, en particular, tanto por su diseño como por las cuantías establecidas”. Además, “su dotación presupuestaria desde su puesta en marcha siempre fue insuficiente e inadecuada”, critican. Por eso, desde Save the Children siempre se ha defendido “la necesidad de una reforma profunda de esta prestación y la sustitución con otra que esté realmente centrada en primar la lucha contra la pobreza infantil”. “La introducción a nivel estatal del Ingreso Mínimo Vital y la necesidad de compatibilizar y complementar las prestaciones de ámbito autonómico con la nueva figura de reciente creación e implementación, hace que esta necesidad sea aún más imperiosa”, argumentan.
“Es importante, por esto, que estos presupuestos prevean al menos el compromiso de avanzar rápidamente hacia la reforma de la prestación autonómica en línea con lo previsto en el Anteproyecto sobre el Ingreso por la Infancia y la Inclusión, así como de lo trasladado en el último año tanto por la Consejería competente como por el propio presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía en su discurso de investidura.
La necesidad de superar la Renta Mínima de Inserción Social está además claramente recogida en la memoria de la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad, que aborda la necesidad urgente de adecuar el actual sistema de protección social en Andalucía a la nueva realidad normativa de ámbito estatal. Solo a través de un compromiso claro por parte de todas las fuerzas parlamentarias, empezando por la fuerza de gobierno, será posible acatar la reforma en el año 2023“, dice la organización, desde donde se informa que se le ha presentado el documento con las enmiendas a todos los grupos políticos.
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