La estación de esquí de Sierra Nevada quiere más agua. Según Cetursa, la empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía que la gestiona, la petición se debe a la necesidad de aumentar los recursos hídricos para asegurar el futuro de la instalación. Para los ecologistas esta ambición supone justo lo contrario: comprometer el futuro de la montaña granadina. Denuncian que, si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) acepta incrementar el agua que Cetursa quiere utilizar del río Monachil para crear nieve artificial, el ecosistema, ya dañado por el cambio climático, correrá un riesgo serio.
El conflicto por el uso del agua en la estación de esquí de Sierra Nevada no es nuevo. Sin ir más lejos, hace dos años la propia CHG rechazó duplicar la concesión hídrica a Cetursa. Se opuso, eso sí, no por criterios medioambientales estrictamente, sino porque la Junta de Andalucía aún no había concluido la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), imprescindible para resolver la petición. La Confederación mantuvo entonces la concesión vigente durante dos años. Ahora, con la AAU ya resuelta, la Junta, a través de Cetursa, ha vuelto a solicitar el uso de hasta 671.260 metros cúbicos de agua al año del río Monachil para fabricar nieve artificial, casi el doble de los 350.000 metros cúbicos que tiene actualmente concedidos.
Desde Ecologistas en Acción se han opuesto de nuevo a esta ampliación. En las alegaciones presentadas ante la Confederación y a las que ha tenido acceso este periódico, los conservacionistas advierten de que la petición ignora el contexto climático real de Sierra Nevada. Según los datos del Observatorio de Cambio Global de la propia montaña, las precipitaciones en el macizo han descendido un 67,07 % entre 1993 y 2023. Por eso, para los ecologistas, seguir aumentando el consumo de agua en un escenario de desplome de la lluvia y de la nieve natural supone una huida hacia delante que pone en peligro el equilibrio hidrológico de la zona.
A esta reducción drástica de las precipitaciones se suma otra cuestión clave: la competencia directa por el agua. El Ayuntamiento de Monachil también tiene en trámite una concesión para incrementar el volumen destinado al abastecimiento humano del municipio, incluida la urbanización de Pradollano en la que se sitúa la estación. Ecologistas en Acción alerta de que ambas peticiones, analizadas de forma conjunta, detraerían una parte muy significativa del caudal disponible en la cabecera del río Monachil, un río mediterráneo de alta montaña que ya, desde hace años, discurre seco por Granada capital cuando finaliza el periodo de lluvias.
Las alegaciones ecologistas cuestionan además la base técnica sobre la que se sustenta la tramitación. Según los conservacionistas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se apoya en modelos hidrológicos simulados y en informes ambientales favorables emitidos en 2011 y ratificados en 2017. Para Ecologistas en Acción, mantener esos informes como válidos más de una década después, sin incorporar datos climáticos actuales, supone ignorar la magnitud del cambio que ya se está produciendo en Sierra Nevada. Advierten de que, si se tienen en cuenta las reducciones reales de precipitaciones, las concesiones en trámite podrían llegar a absorber casi toda el agua disponible en ese tramo de la cuenca.
Otro de los puntos críticos es el cálculo de los caudales ecológicos -que es como se denomina al mínimo caudal que debe llevar un río para asegurar su supervivencia-. La organización ecologista sostiene que no existen estudios específicos del río Monachil y que los valores fijados responden a estimaciones generales, incompatibles con un espacio protegido que forma parte del Parque Nacional y de la Red Natura 2000. Recuerdan, además, que el Monachil presenta uno de los peores estados ecológicos de los ríos del macizo, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Frente a estas críticas, Cetursa y la Junta de Andalucía se limitan a decir que respetarán lo que decida la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sin embargo, la propia CHG, que aún está tramitando la concesión para decidir si da luz verde, explica a elDiario.es Andalucía que la Junta ya ha fijado el volumen máximo anual en la Autorización Ambiental Unificada, estableciendo esos 671.260 metros cúbicos y abriendo la puerta a un aumento hasta los 725.749 metros cúbicos si, tras un periodo inicial de tres años, se demuestra que no hay afección a los caudales ecológicos.
Durante ese periodo, el incremento sería progresivo y estaría sometido a controles periódicos de la calidad del agua y de las biocenosis del río. Para Ecologistas en Acción, este planteamiento invierte el principio de precaución: primero se aumenta el consumo y después se evalúan los efectos, normalizando un modelo de nieve artificial que consideran incompatible con la realidad climática actual.
La Confederación, por su parte, asegura que actúa conforme a la normativa vigente y a las condiciones ambientales impuestas por la Junta, y que las alegaciones ecologistas se están valorando dentro del procedimiento administrativo. Lo que no entra a valorar es el modelo de fondo ni la viabilidad a medio y largo plazo de seguir destinando cada vez más agua a la producción de nieve artificial en un contexto de emergencia climática.
Para los ecologistas, el daño al ecosistema puede ser irreversible. Por eso reclaman que se deniegue la concesión y que se aplique el principio de precaución en una montaña donde la lluvia cae cada vez menos, la nieve natural es más escasa y el agua se ha convertido en un recurso crítico. A su juicio, insistir en sostener la estación de esquí a base de más agua no garantiza el futuro de Sierra Nevada, sino que acelera su deterioro.
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