Moreno desinfla la Ley de Transparencia andaluza al suprimir las multas a los altos cargos que veten el acceso a datos públicos
El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha modificado la Ley de Transparencia autonómica usando un resquicio legal para rebajar las penas a los altos cargos que veten el acceso a la información pública.
La reforma, aprobada este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz, elimina todo el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y lo equipara a la normativa estatal, que contempla un sistema de infracciones menos exigente tanto en la tipificación de las faltas como en las sanciones previstas.
La Ley de Transparencia autonómica, aprobada en 2014, supuso en su momento un avance significativo con respecto a la ley estatal, que había entrado en vigor un año antes. La norma andaluza incorporaba un régimen sancionador propio y más severo para los responsables que obstaculizaran o denegaran el acceso a datos solicitados por la ciudadanía u organizaciones. Un modelo que sirvió de referencia para otras comunidades autónomas.
Entre las sanciones contempladas, figuraban multas que oscilaban entre los 200 y los 400.000 euros, así como el cese en el cargo y la inhabilitación para ocupar puestos similares por un período de hasta tres años en los casos de infracciones muy graves.
El Gobierno de Moreno ha logrado sacar adelante este cambio normativo mediante lo que se conoce como una 'enmienda intrusa', que ha colado vía enmiendas en un nuevo proyecto legislativo que nada tiene que ver con la Transparencia: la Ley Universitaria para Andalucía, aprobada en el pleno de este 11 de febrero. La enmienda en cuestión, promovida por el PP, modifica el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, al suprimir en bloque sus artículos y remitir la aplicación de las sanciones al marco estatal.
Con esta modificación, la Junta vacía de contenido su sistema sancionador propio en materia de transparencia y lo iguala al modelo estatal, de carácter más general, renunciando a instrumentos autonómicos específicos de control. El grupo popular justifica esta reforma como una “mejora técnica”, según consta en el texto de la enmienda al que ha tenido acceso este periódico.
Cambio en las competencias del Consejo de Transparencia
La reforma impulsada por el PP andaluz incluye, además, un cambio relevante en las funciones del director del Consejo de Transparencia de Andalucía, un puesto que nombra el Parlamento autonómico y precisa de mayoría absoluta. Hasta ahora, el director de este órgano tenía atribuida la potestad para incoar expedientes disciplinarios y sancionadores en materia de transparencia, una competencia que desaparece con la nueva redacción, pasando estos procedimientos al marco general de la administración.
Cabe recordar que el Consejo de Transparencia de Andalucía es el encargado de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública y ejerce funciones de control sobre el Parlamento, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, la administración de la Junta y sus entidades instrumentales, los ayuntamientos, las universidades, los partidos políticos, sindicatos, así como las entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos (como los conciertos sanitarios), los beneficiarios de subvenciones y los contratistas de la administración.
Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han querido responder a cuántos altos cargos se han multado desde que entró en vigor la ley en 2014 ni cuántas veces ha pedido el Consejo la apertura de un expediente sancionador y a qué administraciones.
Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz han criticado que el PP haya cambiado la Ley de Transparencia andaluza “por la puerta de atrás” mediante una 'enmienda intrusa', que sin ser una práctica ilegal, ha sido censurada por el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones.
Precisamente la semana pasada, el Gobierno de Moreno y los populares andaluces criticaron con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el llamado 'decreto ómnibus' que metía en el mismo saco la revalorización de las pensiones junto a otras medidas del llamado escudo social, que afectan a 15 millones de personas, como la prohibición de desahucios para los inquilinos más vulnerables. El rechazo frontal del PP a esta última iniciativa obligó a Sánchez a trocear el citado decreto.
Durante la tramitación parlamentaria de la ya nueva Ley Universitaria Para Andalucía, el portavoz de Universidades del PSOE, Antonio Ruiz, denunció la normativa impulsada por el partido de Moreno por “fomentar el negocio de la universidad privada pero también indirectamente el negocio en otros sectores como la sanidad por medio de esa enmienda intrusa que el PP ha metido con calzador y que sólo busca eximir de sanciones a los altos cargos del Gobierno andaluz que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia de Andalucía”.