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Un redactor de Canal Sur Radio, multado por la 'Ley Mordaza' mientras retransmitía una procesión en Sevilla

El periodista José Manuel de la Linde fue denunciado por "alteración del orden público" mientras informaba del traslado del Gran Poder a la Catedral en noviembre de 2016

La Asociación de la Prensa de Sevilla considera "inaceptable" la sanción al redactor en aplicación de la 'Ley Mordaza'

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EFE

El periodista de Canal Sur Radio José Manuel de la Linde ha sido multado por la 'Ley Mordaza' mientras retransmitía una procesión en Sevilla. La Asociación de la Prensa de Sevilla rechaza y considera "inaceptable" dicha sanción, impuesta por la Subdelegación del Gobierno en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

"La denuncia y la sanción suponen un atropello y un ataque directo al libre trabajo del periodista y a la libertad de información", señala la APS en un comunicado. Al mismo tiempo, el expediente sancionador, tanto en su tramitación como en su resolución, "vulnera todo tipo de derechos ya que el afectado jamás tuvo comunicación de que se le hubiera interpuesto una denuncia".

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla, señala la APS, sancionó a De la Linde con 601 euros tras la denuncia interpuesta contra él por funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental. La denuncia, textualmente, dice que “El 3 de noviembre de 2016, a las 20.30 horas, en la calle Cuna, el denunciado obstaculiza de manera continuada el paso en el desfile procesional de la imagen del Cristo del Gran Poder, creando constantemente un grave peligro para los asistentes. Los actuantes son requeridos hasta en cinco ocasiones por los miembros de la Cofradía para solventar la situación con la reiterada desobediencia de este, manteniendo una actitud desafiante hacia los agentes, levantando continuamente la voz dice: “soy periodista y voy a escribir mal de la Policía”, creando malestar entre los asistentes, que le mandan a callar y creando una alteración del orden público”.

De acuerdo con esta acusación, la subdelegación del Gobierno en Sevilla, en aplicación de la ‘Ley Mordaza’, califica los hechos como graves, tipificados con una sanción de entre 601 y 30.000 euros, y le impone una multa de 601 euros. El expediente le concede un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones y, en caso de no hacerlo, la resolución será efectiva. José Manuel de la Linde nunca recibió dicha notificación y solo la ha conocido cuando la Agencia Tributaria le ha comunicado que le retenía la devolución de la declaración de la renta del ejercicio 2016 porque era deudor. En ese instante, la sanción había subido a 721,20 euros por recargos de demora, informa la APS.

José Manuel de la Linde rechaza por completo la acusación y denuncia el comportamiento de un agente concreto, miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Sevilla, que fue quien intentó en repetidas ocasiones obstaculizar su trabajo. Los hechos ocurrieron, el 3 de noviembre de 2016, en la calle Cuna, durante la procesión extraordinaria que protagonizó el Señor del Gran Poder a la Catedral de Sevilla para presidir la misa del jubileo de las hermandades.

De la Linde, que informaba en directo para Canal Sur Radio y que contaba con el consentimiento de la junta de la cofradía, relata que en tres ocasiones fue requerido por el mismo policía para que dejara de hacerlo “y en una de ellas hasta sus propios compañeros le pararon y le dijeron que me dejara trabajar. Eso es lo que más le molestaría. Cuando acabé mi trabajo se me acercó de nuevo y me pidió el DNI. Se lo di, y también mi credencial de la radio. En ningún momento me comunicó que fuera a ser denunciado”, señala.

El mismo policía ya había tenido una actuación similar, pero más violenta, contra otro periodista en la salida de la procesión. El afectado fue Javier Macías, redactor de ABC, que en ese momento informaba en directo para la web de su periódico, con vídeos, fotos y textos. El citado agente, según cuenta el periodista, le agarró por la camisa, le estrelló contra las personas allí congregadas y le retuvo durante el tiempo del paso del Señor del Gran Poder. En favor del periodista y en contra de la actuación del agente intervino uno de los oficiales de la cofradía y miembro del servicio de seguridad.

"Periodistas que, desde hace muchos años, cubren en directo la información de los desfiles procesionales coinciden en denunciar que no se trata un hecho aislado ya que la intromisión policial se repite con bastante frecuencia fuera del periodo concreto de la Semana Santa, donde el CECOP sí les permite trabajar con normalidad. Por nerviosismo o por un exceso de celo, denuncian una agresividad de algunos policías fuera de toda lógica", añade la APS.

La Asociación de la Prensa de Sevilla denuncia la actuación, que consideramos muy grave, del citado agente, cuyos datos desconocemos porque en ningún momento se identificó, y la de la subdelegación del Gobierno en Sevilla, ya que la existencia de la denuncia, la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la resolución del expediente, jamás fueron comunicados al periodista afectado.

La APS también reitera su"total rechazo a la ‘Ley Mordaza’, que atenta gravemente contra derechos fundamentales de la ciudadanía, y, de manera especial, contra la libertad de información y de expresión que afectan al ejercicio de nuestra profesión. Como hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, no podemos consentir que en una democracia, bajo el concepto de seguridad nacional, sacrifiquemos el derecho a informar y el de los ciudadanos a ser informados, ni que nuestros compañeros se sientan presionados por el miedo a estar indefensos. La APS exige a la subdelegación del Gobierno en Sevilla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respeten el derecho de los periodistas a informar y que no les impidan ejercer libremente su trabajo, sin coacciones y sin sanciones".

Fuentes de la subdelegación del Gobierno en Sevilla han manifestado a la APS que lamentan el incidente y que, por encima de todo, anteponen el derecho a la libertad de información. También han indicado que van a analizar el expediente sancionador, estudiar posibles errores y buscar una solución.

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